Marine Le Pen, ante el tribunal que decidirá su inhabilitación: “No hemos violado ninguna regla”

Marine Le Pen, líder del Reagrupamiento Nacional (RN), llegó puntual al Tribunal de París que la juzgará a ella y a otras 26 personas hasta el 27 de noviembre. Se les acusa de haber desviado fondos del Parlamento Europeo destinados a sufragar el salario de asistentes para, en realidad, hacer frente a gastos del partido en Francia. Sucedió cuando la formación se llamaba todavía Frente Nacional y apenas tenía representación en Francia, y, por tanto, subvenciones. Un periodo en el que el partido ultraderechista no había comenzado su proceso de desdemonización —como ellos mismos lo llaman— y en el que el viejo Jean-Marie Le Pen, polémico fundador de la formación, todavía tenía voz en la formación. “Afronto este proceso con serenidad. No hemos violado ninguna regla”, proclamó Marine Le Pen a la entrada de los tribunales.

El lunes, el desfile de los acusados ante el juez mostró también de forma nítida un pedazo de historia del partido que aspira a gobernar Francia en 2027. El problema principal de este juicio, precisamente, es que una condena en firme, incluso después de los previsibles recursos, podría implicar la inhabilitación política de Le Pen e impedir que se presente a los comicios presidenciales previstos dentro de tres años. De ahí, creen muchos, que la líder del RN haya acelerado en moldear a su delfín y actual presidente del partido, Jordan Bardella. La decisión debería conocerse a principios de 2025.

Una sala abarrotada de periodistas esperaba la declaración de Marine Le Pen. La líder ultraderechista, como el resto de acusados, presentó sus credenciales ante la juez y aseguró que piensa responder a todas las preguntas.

El denominado escándalo de empleos ficticios fue, supuestamente, una acción dirigida por la cúpula del partido de extrema derecha francés de Le Pen para utilizar los fondos que recibía de Bruselas entre 2009 y 2017, un periodo en el que el partido tenía mucha más presencia en Europa ―y, por tanto, subvenciones― que en Francia, para funciones fuera de su perímetro legal. Bruselas elevó entonces a 6,8 millones de euros el montante del que se benefició el RN a través de un “sistema fraudulento de desvío de fondos” que, fundamentalmente, destinaba el dinero para pagar asistentes en el Parlamento Europeo a asuntos domésticos de la formación en Francia.

Los acusados son sospechosos, según los magistrados franceses que llevaron a cabo la instrucción desde finales de 2016, de haber puesto en marcha “de manera concertada y deliberada” durante ese periodo un “sistema de desvío” de los 21.000 euros mensuales asignados por la UE a cada eurodiputado para remunerar a sus asistentes parlamentarios. Estos últimos habrían trabajado, en realidad, todo o parte de su tiempo para el RN, permitiendo así al partido un ahorro considerable en salarios.

Si la inhabilitación se dicta con suspensión de la pena, como ocurrió con los acusados del Movimiento Demócrata ―el otro partido político francés que pasó por un proceso parecido―, no se aplicaría a menos que Le Pen cometa otra infracción dentro del periodo fijado por el tribunal. La diferencia fundamental, sin embargo, es que en el caso del RN existe abundante documentación que probaría que el desvío fue un sistema organizado y consciente, del que estaban al corriente los máximos dirigentes del partido. Incluido el viejo presidente de la formación, Jean-Marie Le Pen, que este lunes no compareció ante el tribunal.

Los expertos que examinaron en su domicilio el pasado 19 de junio al expresidente y cofundador del Frente Nacional ―que en 2018 se convirtió en el RN―, pudieron constatar “un profundo deterioro de sus capacidades físicas y psicológicas”.