Hungría amenaza con demandar a la UE por las fricciones en torno a la inmigración

En un nuevo capítulo de la larga serie de pulsos entre Hungría y la Unión Europea, Budapest ha vuelto a intentar dar un golpe de efecto con su última amenaza a Bruselas, en esta ocasión, a cuenta de la política migratoria del Gobierno nacionalpopulista de Viktor Orbán. Hungría rechaza una multa de 200 millones de euros impuesta por el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) por vulnerar el derecho de asilo durante la crisis de los refugiados de 2015 y 2016.

En una maniobra típica de Orbán, el Ejecutivo ultraconservador se ha saltado el plazo para pagarla y ha respondido con una exigencia: reclama a Bruselas una compensación por los 2.000 millones de euros que asegura que ha gastado en “proteger la frontera exterior del espacio Schengen”. El Gobierno está “preparado para emprender acciones legales si es necesario”, ha anunciado el ministro Gergely Gulyás tras una reunión del Consejo de Ministros de este jueves. Hace unos días amenazó también con enviar autobuses con migrantes en situación irregular a Bruselas.

La justicia europea condenó a Hungría el pasado junio por una “violación inédita y excepcionalmente grave del derecho de la Unión”. El tribunal le impuso la multa de 200 millones por incumplimiento del derecho de asilo y por negarse a acatar una sentencia de 2020 iniciada por la Comisión en 2017 por la negativa de Hungría —junto con Polonia y República Checa—, de acoger a los refugiados y demandantes de asilo que le correspondían de acuerdo con el mecanismo de reubicación por la llegada masiva de personas que escapaban de la guerra en Siria. Hungría impidió además a las personas que llegaban a su territorio acceder al procedimiento para demandar protección internacional y las confinó en centros en condiciones de detención.

Orbán consideró la sentencia “indignante e inaceptable”. “Parece que los inmigrantes ilegales [sic] son más importantes para los burócratas de Bruselas que sus propios ciudadanos europeos”, afirmó el primer ministro en junio. En su comparecencia ante la prensa de este jueves, Gulyás ha informado de que el ministro de Asuntos de la UE, János Bóka, ha recibido el mandato de negociar la multa con la UE. Gulyás, que es el responsable de la oficina del primer ministro, ha insistido en que “la postura de Hungría en materia de migración se ajusta a los resultados del referéndum de 2016, que se opuso categóricamente al reasentamiento forzoso de migrantes”, según un comunicado de la portavocía internacional del Gobierno.

Hungría, ha continuado el ministro Gulyás, “planea pedir una compensación a la Unión Europea por los aproximadamente 2.000 millones de euros gastados en proteger la frontera exterior de la zona Schengen”. Si no logra la contrapartida que reclama con el argumento de que su país protege a la UE al controlar su frontera exterior, el Gobierno está dispuesto a emprender acciones legales, ha asegurado.

Budapest se saltó la fecha límite del 2 de septiembre para abonar la multa. Ahora tiene de plazo hasta el 17. Si no paga, la Comisión Europea puede iniciar un procedimiento para deducir el montante de su presupuesto comunitario. Una parte del dinero europeo asignado a Hungría (21.000 millones de euros) permanece bloqueado por sus ataques al Estado de derecho, pero también, por su política de migración y asilo. El país, que ha rechazado el pacto migratorio europeo, obliga a los demandantes de asilo a procesar sus solicitudes desde las embajadas de Kiev —ahora en guerra— y Belgrado.

Autobuses con migrantes

La amenaza de denunciar a la UE planea desde hace un tiempo. Gulyás ya la mencionó en una comparecencia el 22 de agosto, cuando también esbozó otra advertencia: “Si Bruselas quiere migrantes, se los daremos. Los enviaremos con un billete solo de ida”.

Orbán repitió el aviso el viernes pasado y en una escenificación más espectacular, Bence Rétvári, secretario de Estado de Interior, convocó a la prensa con una decena de autobuses de fondo con el itinerario en rótulo luminosos: de Röszke, una aldea en la frontera con Serbia, a Bruselas. La idea recuerda a los viajes organizados por el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, que fletó autobuses en 2022 para transportar a migrantes a Nueva York y a casa de la vicepresidenta, Kamala Harris.

La Comisión Europea ha advertido de que hará todo lo que esté en su mano para impedir que Orbán cumpla su amenaza, informa desde Bruselas Silvia Ayuso. Esta semana, una portavoz del Ejecutivo comunitario advirtió de que no solo supondría una vulneración del derecho comunitario, sino también, del “principio de cooperación sincera y leal, además de la confianza mutua”.

Las autoridades belgas han expresado también su más firme rechazo a la amenaza de Orbán, y han recordado que, de producirse, los húngaros estarían cometiendo una ilegalidad al transportar e introducir en otros Estados miembros a migrantes en situación irregular. “Bélgica no permitirá el acceso a estos flujos migratorios instrumentalizados políticamente”, ha manifestado la secretaria de Estado de Asilo e Inmigración, Nicole de Moor, que ha añadido: ”No lo aceptamos de Rusia y no lo vamos a hacer con Hungría”.