Moldavia prepara el terreno para intentar reintegrar plenamente a la región separatista de Transnistria

La invasión a gran escala de Rusia en Ucrania ha propiciado indirectamente unas condiciones únicas que Moldavia pretende aprovechar para relanzar la reintegración económica y política de Transnistria, un territorio rebelde de mayoría prorrusa que se proclamó independiente de facto en 1990. El comienzo de la contienda bélica en el país vecino hizo tambalearse el status quo de este conflicto congelado durante más de tres décadas, pero a medida que pasa el tiempo, la estrecha franja a lo largo del río Dniéster y la frontera con Ucrania que conforma Transnistria ha podido constatar la incapacidad de las fuerzas del Kremlin de llegar al territorio para supuestamente liberarlo. Esta franja, que aún custodia un arsenal de más de 20.000 toneladas de armamento soviético, no ha sido reconocida por nadie como país, ni siquiera por su único garante: Rusia. En paralelo, se ha afianzado una firme determinación de la actual presidenta de Moldavia, Maia Sandu, de conducir al país hacia la adhesión a la UE, incluida Transnistria, con una población que ronda el medio millón de habitantes.

Con esta perspectiva, se ha generado una nueva oportunidad para avanzar en la búsqueda de una resolución del conflicto de Transnistria, heredado de la Guerra Fría. Las autoridades moldavas se han propuesto retomar el control íntegro de seguridad y orden público del territorio en 2038, revela un documento al que ha tenido acceso EL PAÍS y que ha sido elaborado por una consultora a petición del Gobierno proeuropeo, que persigue una recuperación del territorio gradual y siguiendo el modelo de la unificación alemana. Para avanzar en esa hoja de ruta, las autoridades moldavas se reúnen periódicamente con las de la rebelde Transnistria, aunque de momento las conversaciones están en un estado muy inicial y se realizan con discreción.

No en vano, ambas partes acumulan décadas de desconfianza y tensión, el territorio separatista llegó a pedir el pasado febrero la protección de Rusia, y el Gobierno moldavo ha afrontado desde que empezó la guerra en Ucrania intentos de desestabilización achacados a grupos prorrusos.

Tras varios años de reformas paulatinas para una reintegración, el plan prevé un referéndum y la salida de las tropas extranjeras, que debería realizarse a petición de las autoridades de Transnistria. Rusia mantiene en la actualidad en la región a 500 soldados desplegados en los puestos de control como supuestos pacificadores y otros 1.500 pertenecientes al Grupo Operativo de Tropas Rusas (GOTR), heredero del 14º Ejército soviético. Serían sustituidos por una misión internacional que velara por la estabilidad regional, una propuesta que deberá contar con apoyo externo, para lo cual las miradas de Moldavia se dirigen a la UE, como candidata a la adhesión, y la OTAN, de la que no es miembro, pero mantiene una colaboración estable.

Según el texto, la reintegración daría sus primeros pasos este mismo año, intentando acordar con Transnistria una nueva formación para jueces, fiscales y abogados de la región. Al año siguiente, se implementaría una compensación transitoria por el aumento del precio del gas, ya que sus habitantes pagarían el coste de mercado, en lugar de la cantidad irrisoria que desembolsan en la actualidad gracias al suministro gratuito de este hidrocarburo por parte de Moscú, y se buscaría un acuerdo sobre el estatus político entre ambas partes, además de profundizar en otras cuestiones “técnicas”.

En 2026, si el plan avanza, buscaría la fusión de registros de las administraciones y se llevaría a cabo un censo general de la población en la región, que se calcula ahora en medio millón de habitantes. Un año después, el proyecto entraría en una fase delicada, con la posible organización de un referendo de reintegración, el desmantelamiento de las fuerzas de seguridad actuales de Transnistria, incluida la salida rusa, y el despliegue de una misión internacional. De acuerdo con el informe, el gasto de esta primera fase superaría los 550 millones de euros, una suma considerable teniendo en cuenta que el PIB nacional ronda los 15.300 millones de euros anuales y el de Transnistria, los 930 millones.

Entre 2028 y 2031, siempre según la hoja de ruta, se abordaría la abolición del rublo transnistrio y su inclusión a la divisa nacional —el leu moldavo—, así como la unificación fiscal. También se implementaría un programa de ayudas a las pequeñas y medianas empresas, se apoyaría a las instituciones regionales mediante financiación estatal y se reformaría el sistema de jubilación, estableciendo una pensión mínima a ambos lados del Dniéster. Con el ingreso en la UE en el horizonte ―Moldavia celebra el próximo 20 de octubre un referéndum para lograr la aprobación de la población a la adhesión futura―, en esta fase se extinguirían las fuerzas armadas transnistrias y se liquidarían las municiones almacenadas. Además, se intentaría abrir la región a inversiones extranjeras. En esos cuatro años, el desembolso procedente de las arcas públicas se elevaría hasta superar los 1.600 millones de euros. Y, en un tercer tramo, en los siguientes siete años, las autoridades moldavas dejarían que se asentaran todas las medidas hasta recuperar el control total de la región. El coste del plan aumentaría en otros 2.000 millones de euros.

Reducir la dependencia rusa

La consultora recomienda a Chisináu que se prepare para proporcionar ayuda a la región cuando el subsidio al gas por parte de Rusia ya no esté vigente, ya que afrontaría presuntamente un número potencialmente alto de desplazados internos por la crisis económica regional que previsiblemente se originaría. Recomienda también unificar el precio del gas y la electricidad, e informar de manera clara de que la armonización fiscal será beneficiosa para su economía. También insta a supervisar a los bancos para prevenir eventuales crisis financieras y, sobre todo, no reconocer ningún pasivo relacionado con el consumo de gas —se estima que Transnistria debe a Gazprom más de 650 millones de euros por el gas que ha recibido a muy bajo coste desde su independencia unilateral—. Y, por último, sugiere crear un fondo de reserva para financiar infraestructuras como puentes o redes eléctricas. Moldavia, además, deberá acometer la eliminación de instituciones paralelas porque, en caso contrario, aumentarán los costes presupuestarios a largo plazo.

“En este momento, la táctica de Chisináu se centra en una reintegración gradual y sectorial. Una serie de leyes, especialmente de carácter económico y social, están en proceso de examen para adaptarlas a la nueva situación, en las condiciones de la guerra en Ucrania. Hay que admitir que muchas de ellas, una vez modificadas, implican la necesidad de otras modificaciones, que en determinados sectores pueden crear un efecto de avalancha. Sin embargo, eso no nos detiene. Ya se han tomado una serie de medidas, mientras que otras seguirán”, explica a EL PAÍS la Oficina de Políticas de Reintegración del Gobierno de Moldavia, al tiempo que admite que Tiraspol, la capital de Transnistria, “no está satisfecha”. “Pero nuestra tarea pasa por restablecer el orden constitucional y reintegrar el país de forma pacífica, por supuesto”, añaden. A finales de febrero, las autoridades separatistas reclamaron protección a Rusia por la introducción de unas nuevas regulaciones aduaneras de Moldavia por las que el comercio internacional desde Transnistria, cuya industria exporta también a la UE, ha perdido unos privilegios fiscales que obtuvo de Chisináu como parte de una política de seducción para reintegrar a la región separatista.

En cuanto al coste económico, la Oficina señala que “por el momento es difícil estimar una cifra real y exacta” y que, para ello, están trabajando los expertos. “Seguro que habrá costes, ya que esto es en sí mismo una realidad objetiva”, asevera. Mientras tanto, entre ambas partes ya hay un acercamiento. El secretario de Estado del Ministerio de Energía, Constantin Borosan, anunció recientemente que la empresa Tiraspoltransgaz, que distribuye gas natural a los consumidores de la región de Transnistria, se registró en la Agencia de Servicios Públicos de Moldavia y abrió cuentas en bancos de Chisináu para realizar transacciones.

A mediados de abril, el viceprimer ministro para la Reintegración, Oleg Serebrian, desveló que el modelo a seguir es la reunificación de Alemania. “Se introdujo la marca alemana en el territorio de la República Democrática Alemana, se creó un espacio aduanero común y se pusieron en marcha los mecanismos de integración económica. Esto en realidad precedió al mecanismo de reintegración política y en nuestro caso tenemos la misma idea”, afirmó. En estos momentos, el camino a la reintegración está en los prolegómenos, pero hay una premisa cierta: Moldavia depende del apoyo financiero de sus socios occidentales para hacer frente a este colosal esfuerzo.

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