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China amenaza con pena de muerte a los “partidarios duros” de la independencia de Taiwán

Taipéi insiste en que Pekín no tiene jurisdicción sobre su territorio: “Es una burda provocación”

Lai Ching-te
El presidente taiwanés, Lai Ching-te, visitaba la Academia Militar de Taiwán, en Kaohsiung, el pasado 16 de junio.Ann Wang (REUTERS)
Guillermo Abril

China ha amenazado este viernes con imponer incluso la pena de muerte a los “partidarios duros” de la independencia de Taiwán. Esta sería la máxima condena en los casos más extremos de entre quienes persigan el secesionismo de la isla, según unas directrices publicadas de forma conjunta por las máximas autoridades judiciales y el Gobierno chino, de la que se han hecho eco los medios estatales. Las pautas, que han entrado en vigor desde su publicación, suponen un punto de presión adicional frente a la isla democrática, pero el Gobierno de Taipéi ha replicado de inmediato que no tendrán alcance, ya que Pekín no tiene jurisdicción sobre su territorio. Es “una burda provocación”, ha asegurado.

La nueva guía llega un mes después de que Lai Ching-te, a quien China califica como un secesionista “peligroso”, haya tomado posesión del cargo como presidente de Taiwán. Su discurso de investidura, en el que aseguró que la República de China (nombre oficial de Taiwán) y la República Popular China “no están subordinadas la una a la otra”, despertó la ira de Pekín, que respondió con maniobras bélicas alrededor de la isla.

El gigante asiático considera a Taiwán una parte inalienable de su territorio, y la trata como una provincia rebelde a la que pretende unificar de forma pacífica, aunque sin renunciar al uso de la fuerza en caso necesario. Las maniobras tras el discurso de Lai estaban dirigidas a “salvaguardar la soberanía y la integridad territorial de China y castigar eficazmente las actividades secesionistas”, según dijo entonces Wang Wenbin, portavoz de Exteriores de China. Taiwán lamentó entonces la “provocación” que amenazaba “el statu quo de la paz y la estabilidad regionales”

La nueva directriz o guía reclama a tribunales, fiscalías, órganos de seguridad pública, de seguridad del Estado y administrativos que castiguen “severamente a los partidarios duros de la independencia de Taiwán por dividir el país e incitar a cometer delitos de división del país”. El texto asegura que “un número muy reducido” de incondicionales del separatismo han llevado a cabo actividades secesionistas “que ponen en grave peligro la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán y perjudican seriamente los intereses comunes de los compatriotas a ambos lados del estrecho y los intereses fundamentales de la nación china”.

Las directrices definen actos delictivos de división del país como “iniciar o establecer organizaciones separatistas de independencia de Taiwán, llevar a cabo acciones separatistas, intentar cambiar la situación legal de Taiwán como parte de China mediante enmiendas a la normativa de Taiwán o referendos”. También contemplan delitos como abogar por la entrada de Taiwán en organizaciones internacionales limitadas a Estados soberanos o participar en intercambios oficiales y contactos militares en el extranjero con el objetivo de crear “dos Chinas” o “una China, un Taiwán” en la comunidad internacional. Se considerarán también conductas delictivas distorsionar o falsificar hechos sobre la pertenencia de Taiwán a China en ámbitos como la educación, la cultura, la historia y los medios de comunicación, o suprimir partidos políticos, grupos o individuos que apoyen las relaciones pacíficas a través del estrecho y la unidad nacional, según el documento.

Cadena perpetua

El texto añade que a los cabecillas o quienes cometan delitos relevantes se les puede imponer cadena perpetua o una pena de prisión de más de 10 años. “Quienes causen daños especialmente graves al Estado y al pueblo”, añade, “podrán ser condenados a pena de muerte”. Mientras, aquellos que solo sean considerados “participantes activos” pueden enfrentarse a penas de prisión de entre 3 y 10 años. Las directrices han sido elaboradas de acuerdo con la ley antisecesión de China (de 2005) y el código penal chino, subraya.

“Las autoridades de Pekín no tienen absolutamente ninguna jurisdicción sobre Taiwán, y las llamadas leyes y normas del Partido Comunista Chino no tienen fuerza vinculante para nuestro pueblo”, ha replicado de inmediato Taipéi, mediante un comunicado del Consejo de Asuntos del Continente, encargado de las cuestiones del estrecho. “El Gobierno pide al pueblo que se sienta tranquilo y no se deje amenazar ni intimidar”.

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Sobre la firma

Guillermo Abril
Es corresponsal en Pekín. Previamente ha estado destinado en Bruselas, donde ha seguido la actualidad europea, y ha escrito durante más de una década reportajes de gran formato en ‘El País Semanal’, lo que le ha llevado a viajar por numerosos países y zonas de conflicto, como Siria y Libia. Es autor, entre otros, del ensayo ‘Los irrelevantes’.
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