Hong Kong declara culpables de subversión a 14 activistas en el mayor juicio contra el movimiento prodemocracia
Los acusados se enfrentan a penas que pueden ir de los tres años de cárcel a cadena perpetua, bajo la Ley de Seguridad Nacional impuesta por China en 2020
Catorce figuras destacadas del movimiento prodemocracia de Hong Kong han sido declaradas culpables de subversión este jueves, en el proceso más grande y significativo de este tipo desde que China impuso en 2020 sobre el territorio semiautónomo la draconiana Ley de Seguridad Nacional (LSN) con la intención de desactivar la disidencia. Los 14 acusados, además de otros 31 que se habían declarado previamente culpables, se exponen a penas de entre tres años de cárcel y cadena perpetua. Las sentencias se harán públicas más adelante. Otros dos imputados han sido absueltos, convirtiéndose en las dos primeras personas juzgadas en virtud de la LSN que quedan libres de cargos. Los veredictos llegan más de tres años después de que la policía arrestara a estos 47 opositores como sospechosos de “conspirar para subvertir el poder estatal” mediante su participación en unas elecciones primarias informales en julio de 2020.
En la madrugada del 6 de enero de 2021, 55 políticos y activistas de oposición fueron detenidos por su relación con aquella convocatoria de elecciones no oficial, en la que se emitieron unos 600.000 votos (en un territorio de 7,3 millones de habitantes), y cuyo objetivo era buscar candidaturas unificadas de cara a los comicios legislativos que Hong Kong debía haber celebrado en septiembre de 2020, y que fueron pospuestos por la pandemia de coronavirus. De aquellos 55 detenidos, 47 fueron imputados poco después, acusados de formar parte de un “plan perverso” para “paralizar” el Gobierno de Hong Kong y, por tanto, socavar la seguridad nacional de China.
En un escueto resumen del veredicto publicado por el tribunal este jueves, los jueces Andrew Chan, Alex Lee y Johnny Chan argumentan que, si los acusados hubiesen tenido éxito, se habría creado “una crisis constitucional para Hong Kong” y habrían “interferido gravemente, perturbado o socavado el desempeño de los deberes y funciones de conformidad con la ley por parte del Gobierno [de Hong Kong]”.
La intención de los activistas era entrar con una formación unitaria de oposición en el Legislativo, cuyos escaños están ahora dominados por candidatos considerados “patrióticos” y partidarios de Pekín, después de que en 2021 se reescribieran las reglas electorales para implementar un sistema de selección más estricto. La acusación en el tribunal argumentó que, si la oposición hubiera controlado el Consejo Legislativo, habría podido vetar el presupuesto del Gobierno y forzar al jefe del Ejecutivo a aceptar las demandas claves presentadas por los manifestantes en 2019.
La mayoría de los acusados han estado detenidos desde el 28 de febrero de 2021, cuando fueron presentados por primera vez ante la justicia. Son un grupo heterogéneo de políticos, académicos, periodistas, sanitarios y activistas (39 varones y ocho mujeres), de edades comprendidas entre los 27 y 68 años, y de un amplio espectro político (desde demócratas moderados hasta aquellos que abogan por la autodeterminación de Hong Kong).
El macrojuicio, que arrancó en febrero de 2023, se ha efectuado sin jurado y ha corrido a cargo de un panel de tres jueces escogidos entre un grupo de juristas designados a dedo por el Gobierno de Hong Kong, lo que ha sido muy criticado por Occidente y defensores de la democracia. “Esta condena masiva sin precedentes es el ejemplo más despiadado hasta la fecha de cómo la Ley de Seguridad Nacional de Hong Kong se utiliza como arma para silenciar la disidencia”, ha manifestado a través de un comunicado Sarah Brooks, directora de Amnistía Internacional para China. “Representa una purga casi total de la oposición política”, carga Brooks.
Redactada después de las protestas de 2019, la Ley de Seguridad Nacional ha reescrito el panorama político de la antigua colonia británica y, según sus críticos, ha herido de muerte al régimen de libertades que China se había comprometido a garantizar al territorio autónomo hasta 2047. Ha diezmado la oposición, ha borrado prácticamente por completo la disidencia y ha obligado a cerrar todos los medios independientes. Funcionarios de Hong Kong y China argumentan, sin embargo, que la ley, que penaliza la secesión, la subversión, el terrorismo y la connivencia con fuerzas extranjeras, ha terminado con el caos y “restaurado la estabilidad” en la ciudad.
Entre los acusados que se declararon no culpables y recibieron condena este jueves se encuentran la periodista devenida en activista Gwyneth Ho, de 33 años, famosa por retransmitir en directo un ataque a manifestantes prodemocracia en una estación de metro, y el exlegislador Leu Kwok-hung, de 68 años, activista progresista que comenzó su larga carrera política haciendo campaña contra el dominio colonial británico. Lau Wai-chung y Lee Yue-shun, ambos exconsejeros de distritos, se han convertido en las dos primeras personas absueltas en este tipo de casos. Antes del veredicto de este jueves, 114 personas habían sido declaradas culpables de crímenes vinculados por la ley.
Reducción de condena
“Yo no debería ser hoy el centro de atención. Espero que el foco y la preocupación por nuestros amigos en el caso se mantenga”, deseó ante los medios Lau. Por su parte, Lee, indicó: “Debido a que el Departamento de Justicia puede apelar, no puedo hacer comentarios sobre el fallo en esta etapa. Solo puedo decirles que me siento muy tranquilo y agradecerles su preocupación”.
La organización Human Rights Watch también ha criticado a través de un comunicado las condenas, argumentando que los líderes prodemocracia fueron procesados “por activismo pacífico” y que el veredicto muestra “un desprecio total por los procesos políticos democráticos y el Estado de derecho”.
La gran mayoría de los acusados (31) se han confesado culpables de los hechos, un recurso que en Hong Kong normalmente conduce a una reducción de la condena. La estrategia, sin embargo, está en duda después de que otra ley local promulgada a principios de este año restringiera el acceso a sentencias reducidas por declaraciones de culpabilidad. Entre estos acusados se encuentra Joshua Wong, de 27 años, conocido internacionalmente como el rostro de las protestas estudiantiles de la urbe y tachado de “extremista” por los medios estatales chinos, y Benny Tai, de 59 años, exprofesor de derecho y uno de los ideólogos de las movilizaciones que dieron pie al conocido como Movimiento de los Paraguas de 2014, además de promotor de las elecciones primarias.
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