Bruselas pone fin al mayor conflicto abierto con Polonia por sus agresiones al Estado de derecho

Las instituciones europeas no apretarán el botón nuclear contra Polonia por sus ataques a la independencia judicial y otras agresiones al Estado de derecho. La Comisión Europea ha anunciado este mediodía que cierra el expediente sancionador abierto en 2017, el mayor de todos a los que se enfrentaba Varsovia y que podría haber acabado en el castigo de retirar el voto al Gobierno polaco en el Consejo de la UE, una medida nunca adoptada hasta ahora en la historia del club comunitario. “Polonia ha lanzado medidas legislativas y no legislativas para abordar la preocupación [de la Comisión] sobre la independencia judicial, ha reconocido la supremacía del derecho de la UE [sobre el nacional] y se ha comprometido a aplicar las sentencias del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”, ha argumentado el Ejecutivo comunitario su decisión, que llega a pocas semanas de las elecciones europeas.

El paso dado este lunes no es todavía definitivo, puesto que la Comisión tiene que consultar a los demás Estados miembros en el Consejo de la UE antes de tomar la decisión definitiva. Precisamente es esa institución la que no ha mostrado un excesivo entusiasmo por sancionar a Polonia desde que se lanzó la propuesta hace ya siete años por las violaciones del anterior Gobierno polaco, liderado por los ultraconservadores de Ley y Justicia (PiS, por sus siglas polacas), contra la independencia judicial. En consecuencia, todo apunta a que la iniciativa de la Comisión será ratificada sin grandes dificultades.

Con este movimiento, Hungría se convierte en el único Estado de la UE con un expediente sancionador abierto, a través del artículo 7 del Tratado de Lisboa, y deja a su primer ministro, el ultraconservador Viktor Orbán, un poco más aislado en el Consejo. En el caso de Budapest, la propuesta extraordinaria de sanción provino del Parlamento Europeo, que puso en marcha el procedimiento en 2018. El resto de Estados miembros, como en el caso polaco, también tienen el expediente abierto desde hace años sin decidirse a imponer castigo alguno. No obstante, ahora se observa con mucha atención a Eslovaquia. El país gobernado por Robert Fico es el nuevo quebradero de cabeza, apuntan fuentes comunitarias.

Hace apenas seis meses hubo un cambio de Gobierno en Varsovia. Los ultraconservadores de PiS no renovaron su mayoría en las elecciones de octubre y quien ya había sido primer ministro, Donald Tusk, de la familia del Partido Popular Europeo, recuperó el cargo con el respaldo de una amplia coalición. Tusk, que también fue presidente del Consejo Europeo, regresó al poder en Polonia con el compromiso de deshacer el camino andado durante los ocho años de Gobierno del PiS. En este tiempo, ya se ha visto que la Comisión Europea, liderada por la también popular Ursula von der Leyen, ha mostrado satisfacción con la tarea iniciada en Varsovia.

La Comisión ha negado que se trate de un gesto político ahora que el Gobierno polaco está en manos del conservador Tusk, al frente de una coalición liberal. “El nuestro es un análisis de riesgo de una seria violación del Estado de derecho y, por primera vez en muchos años, hemos visto un compromiso claro de Polonia y unos primeros pasos concretos”, ha argumentado el portavoz comunitario de Justicia. Ese nuevo escenario ha llevado a Bruselas a considerar que “el análisis de los riesgos al Estado de derecho en Polonia ha cambiado”, ha añadido.

Ya antes de esta decisión, Bruselas había probado que se fiaba del nuevo Gobierno. A mitad de abril, aprobó la entrega de 6.300 millones de euros a Varsovia correspondientes al primer pago del plan de recuperación polaco. Hasta entonces todo el dinero de este fondo y el de cohesión estaba congelado por la falta de avances en la restauración del Estado de derecho. La Comisión afirmó entonces que Polonia ya había dado pasos contundentes en esta dirección y liberó el primer tramo de fondos. Ya antes, en febrero, durante una visita a Polonia, la presidenta Von der Leyen había anunciado que el dinero iba a comenzar a fluir. En total, los recursos congelados ascendían entonces a 137.000 millones: 76.500 correspondientes a los fondos de cohesión y cerca de 60.000 del plan de recuperación.

“Felicito al primer ministro Donald Tusk y a su Gobierno por este importante avance. Es el resultado de su duro trabajo y de sus decididos esfuerzos de reforma”, ha aplaudido Von der Leyen, que además es la candidata de la familia popular europea, a la que pertenece Tusk, para repetir en su puesto de presidenta de la Comisión tras las elecciones europeas que se celebran entre el 6 y el 9 de junio. Horas después, y tras reunirse en París con los presidentes de China, Xi Jinping, y de Francia, Emmanuel Macron, la alemana ha viajado a Polonia, donde este lunes por la tarde tenía actos relacionados con la campaña electoral europea, entre ellos, la visita a la casa familiar del papa polaco, Juan Pablo II, en su ciudad natal, Wadowice, y rendirle homenaje.

Desde Varsovia, la reacción he llegado por parte de su ministro de Justicia, Adam Bodnar: “Grandes noticias desde Bruselas hoy. Gracias a la presidenta Ursula von der Leyen por su cooperación y apoyo”, ha escrito en X, antes Twitter.

Fuentes de Bruselas explican que el Ejecutivo comunitario ha llegado a la conclusión de que “ya no hay un claro riesgo de ruptura seria del Estado de derecho en Polonia, y por eso se pretende retirar la propuesta [de sanción] de forma razonada”.

Los dos elementos sobre los que ha habido más preocupación en Bruselas por la deriva del anterior Gobierno polaco era sus ataques a la independencia judicial, a través de la creación de una cámara sancionadora de jueces en el Tribunal Supremo del país. Contra ella, hubo una primera sentencia del TJUE y una multa económica sobre Polonia. Tras aquel fallo, Varsovia modificó el diseño de esa cámara, pero también fue tumbado por la Justicia europea. Finalmente, su eliminación fue incluida como una de las reformas que se incluían en el plan de recuperación. La medida no está en vigor todavía porque el presidente del país, Andrzej Duda, en connivencia con el Tribunal Constitucional polaco (prácticamente hecho a medida por el anterior ejecutivo ultraconservador), pone trabas.

Otra gran preocupación en la capital comunitaria son las sentencias del Constitucional que dictaban que la ley polaca prevalecía sobre la legislación comunitaria. En este caso, lo que ha hecho el Ejecutivo de Donald Tusk y el parlamento polaco actual es poner en marcha una reforma del Constitucional, ya reformado por el PiS para que le fuera afín. Entre tanto, Varsovia se ha comprometido, apuntan desde la Comisión, a ejecutar las sentencias del TJUE.

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