El endeble caso judicial que derribó al Gobierno de António Costa en Portugal

Portugal era un país estable hasta hace cinco meses. En 2022 los ciudadanos dieron una mayoría absoluta al Partido Socialista, pese a que llevaba ya gobernando siete años. Una rareza en el panorama internacional. La legislatura destinada a ser la más cómoda para el primer ministro António Costa derrapó desde los primeros días con una sucesión de errores y escándalos. Pero nadie estaba preparado, tampoco Costa, para la mañana del 7 de noviembre, cuando una espectacular operación dirigida por la Fiscalía llevó a la detención de cinco personas, entre ellas uno de sus mejores amigos y su jefe de gabinete. Se hicieron 42 registros, incluido el de la residencia oficial de São Bento, y se imputó, entre otros, al ministro de Infraestructuras, João Galamba, que ya arrastraba otras polémicas que habían deteriorado su imagen pública en un caso que ha sido desinflado por dos instancias judiciales.

En esa mañana enloquecida pasaron cosas insólitas. El presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa, recibió el consuelo de Costa cuando acudió de urgencia a hablar de la operación judicial. El presidente estaba preocupado por un caso de supuesto enchufismo que implicaba a su hijo Nuno. Al primer ministro le angustiaban aquellas búsquedas en su residencia y en algunos ministerios. Los dos mandatarios en apuros acordaron que Rebelo de Sousa preguntaría a la fiscal general del Estado, Lucília Gago, sobre qué estaba pasando.

Gago acudió al Palacio de Belém y, poco después, la Fiscalía emitió un comunicado para informar sobre aquel caso que bautizó como Operación Influencer, donde apreciaba delitos de corrupción, tráfico de influencias, prevaricación y cohecho. En el párrafo final se informaba de que el Tribunal Supremo había abierto una investigación sobre Costa para esclarecer su papel en la aprobación de los proyectos empresariales bajo sospecha. Nada más hacerse público, el primer ministro corrió por segunda vez aquella mañana al Palacio de Belém para informar al presidente de que iba a dimitir de inmediato. Horas después intentó convencer a Rebelo de Sousa de que nombrase otro primer ministro ―postuló al actual gobernador del Banco de Portugal, Mário Centeno― que siguiese adelante con la legislatura. El Consejo de Estado se partió en dos, entre favorables y detractores de las elecciones anticipadas.

El presidente portugués se alineó con los primeros. Disolvió la Asamblea y convocó comicios para el 10 de marzo. El resultado fue la derrota socialista tras casi nueve años en el poder, el pírrico triunfo de la coalición conservadora Alianza Democrática y el ingreso de Portugal en el club de países inestables. La estrella de la noche fue el populista André Ventura, líder de Chega, que recibió más de un millón de votos y 50 escaños. La actual fragilidad parlamentaria del Gobierno es tal que el hemiciclo puede permitir tumbar sus proyectos y aprobar los de la oposición, como ha ocurrido esta semana con la propuesta socialista para bajar el IRPF entre los portugueses de ingresos más bajos, que salió adelante.

Pasados cinco meses, las dos personas que están en entredicho por haber tomado unas decisiones que alentaron la asombrosa crisis política se esquivan. El presidente de la República se saltó a la fiscal general del Estado y le hurtó el saludo mientras pasaba ante las principales autoridades que participaron en la sesión conmemorativa de la Asamblea por los 50 años de la Revolución de los Claveles. Lucília Gago finaliza este año su mandato, pero algunas voces están reclamando su dimisión y otras pretenden que comparezca ante la Cámara para dar explicaciones por la investigación de un caso que ha sido desacreditado por dos instancias judiciales. La más reciente fue la del Tribunal de la Relación de Lisboa (una segunda instancia de apelación), que se pronunció hace pocos días en una resolución de 366 páginas, y destacó la insuficiencia de indicios delictivos para justificar la operación. No había caso que justificase la intervención ni, por tanto, el seísmo político que le siguió.

Gago, que no tiene que rendir cuentas ante el Parlamento según la Constitución, es responsable última del trabajo de los fiscales del controvertido caso. Suya fue, además, la decisión de introducir el párrafo final en el comunicado de la Fiscalía que desencadenó la renuncia de Costa. En esas líneas se informaba de que el Tribunal Supremo estaba investigando el papel del primer ministro, cuyo nombre se citaba en varias conversaciones telefónicas pinchadas. Los fiscales consideraban que la estrecha amistad entre Costa y Diogo Lacerda Machado, uno de los detenidos, apuntaba hacia un caso de tráfico de influencias para favorecer el proyecto de construcción de un gigantesco centro de datos en Sines, promovido por la empresa Start Campus, para la que trabajaba el segundo.

Después de cinco meses, nada se sabe aún de la investigación de Costa, que tampoco ha sido citado a declarar. En este tiempo, sin embargo, se han producido dos varapalos judiciales devastadores para la Fiscalía. Después de que el juez de instrucción ya desinflara la investigación al suprimir los delitos de corrupción, tráfico de influencias y cohecho, además de dejar en libertad a los cinco detenidos, la resolución de tres jueces del Tribunal de la Relación es incluso más demoledora. Entre otras críticas, el tribunal recrimina a los fiscales por usar artículos periodísticos como si fuesen pruebas de hechos para acreditar el tráfico de influencias. “No se entiende, porque no se vislumbra qué utilidad tiene, que se presenten dos volúmenes con más de 1.000 páginas, cuyo contenido son extractos de periódicos y revistas”, sostienen en la resolución del pasado 17 de abril.

Los jueces, que levantaron todas las medidas cautelares que pesaban sobre Lacerda Machado y Vítor Escária, ex jefe de gabinete del primer ministro, se interrogan sobre si la relación de amistad entre el primero y Costa, asumida de forma pública por ambos, puede llevar a la conclusión “inexorable” de que hubo tráfico de influencias, corrupción o prevaricación. “Era esencial que el Ministerio Público hubiese descrito algún comportamiento objetivo del primer ministro susceptible de mostrar alguna receptividad o predisposición para escuchar o acatar lo que su mejor amigo le decía, fuese en materia de decisiones sobre políticas públicas o medidas legislativas en medio ambiente, energías renovables, en los objetivos de transición energética y de transición digital, en el proyecto de Start Campus o cualquier otro asunto de gobernación y eso no ha ocurrido”, exponen en su resolución. El único hecho concreto que vinculó a Costa con la empresa fue su presencia en la presentación del futuro centro de datos, según los magistrados. Y, acaso con ironía, añaden: “Tampoco consta de la narración del Ministerio Público ninguna circunstancia concreta relacionada con la forma de actuar del primer ministro y de interactuar con el imputado Diogo Lacerda Machado de la que se pueda concluir que alguna vez le pidiese opinión a su mejor amigo para escoger o destituir ministros o secretarios de Estado”.

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