Un Tribunal de Apelaciones bloquea nuevamente la ley antimigrante de Texas

La ley antimigrantes más dura de Estados Unidos estuvo en efecto unas ocho horas y cuarenta minutos. El Quinto Circuito de Apelaciones ha bloqueado la noche del martes nuevamente la polémica norma de Texas. La decisión del panel llegó solo horas después de que la mayoría conservadora en el Supremo de Estados Unidos permitiera la entrada en vigor de la ley, conocida como SB4. La norma, firmada en diciembre del año pasado por el gobernador Greg Abbott establece nuevos castigos, de hasta 20 años de prisión, para quienes ingresan de manera irregular. También permite a las agencias de seguridad locales solicitar papeles a cualquier persona sospechosa de haber ingresado al país ilegalmente. El aspecto más polémico de la norma, que ha provocado “el rechazo tajante” del Gobierno mexicano, avala un sistema estatal de deportación de personas, una facultad exclusiva del Gobierno federal.

“Esto supone claramente un desarrollo positivo”, ha asegurado el gobernador Abbott, quien lleva a cabo una cruzada en contra de la inmigración irregular. El mandatario celebró la decisión del Supremo, pero advirtió que aún debe resolverse el juicio pendiente que existe en el Quinto Circuito federal de Apelaciones, radicado en Nueva Orleans. Este debe escuchar los argumentos de ambas partes para después emitir un fallo. Estos comenzarán a darse la mañana del miércoles vía Zoom. La Administración Biden demandó al Gobierno de Texas al considerar que la SB4 “altera el estatus quo que ha existido entre Estados Unidos y los Estados en el contexto de la inmigración por casi 150 años”. Cualquiera de los bandos puede recurrir a la Suprema Corte tras el fallo de la corte de apelaciones.

Cuando esté vigente, la norma permitirá a las fuerzas de seguridad solicitar papeles a cualquiera en prácticamente todo sitio con la excepción de escuelas, iglesias, hospitales y centros de salud. La revisión de documentos migratorios no será exclusiva de los condados fronterizos, sino que puede llevarse a cabo en ciudades lejanas al límite con México.

El Gobierno mexicano ha protestado tras la breve entrada en vigor de la ley. “México rechaza tajantemente cualquier medida que permita a las autoridades estatales o locales ejercer labores de control migratorio, detener y retornas a personas nacionales o extranjeras a territorio mexicano”, ha señalado la Cancillería en un comunicado. Exteriores asegura que la nueva legislación crea un “ambiente hostil” en Texas, que tiene 10 millones de personas de origen mexicano. El Ejecutivo Mexicano afirma que jugará el papel de Amigo de la Corte ante el panel de jueces de Luisiana para informar del impacto que tendrá la ley en la comunidad mexicoamericana.

La mayoría conservadora del Supremo, creada durante el Gobierno de Donald Trump, permitió la entrada en vigor de la medida en un voto 6-3. Los jueces de la minoría progresista han escrito un voto particular donde rechazan la decisión de la mayoría. La jueza Sonia Sotomayor, la única latina en el Alto Tribunal, ha considerado que la legislación tejana “pone fin al equilibrio de poder que existe desde hace más de un siglo entre la federación y los Estados”. Sotomayor también cree que la decisión de sus compañeros provocará más desorden en la frontera, una zona que documentó números récord de aprehensiones de inmigrantes durante 2023.

Los jueces conservadores Amy Coney Barrett y Brett Kavanaugh, aseguran en otra opinión que su voto con la mayoría no significa que estén de acuerdo con la sustancia de fondo de la SB4. Los togados afirman que este es tema de procedimientos técnicos y que es “prematuro” entrar en la materia antes de que el Quinto Circuito emita su fallo sobre la norma.

El Gobierno de Texas argumentó que la norma es producto de la inacción del Gobierno de Joe Biden en la frontera. La legislación pasó sin dificultades por el Congreso local, en manos del partido republicano. Las autoridades aseguran que esta será un instrumento que les ayudará a controlar una “invasión” en la frontera. Abbott y su Administración han logrado reunir varios apoyos de mandatarios republicanos, quienes han sido muy críticos con la gestión inmigratoria del mandatario demócrata. La decisión del Supremo ha sido celebrada por el fiscal de Texas, Ken Paxto, quien la declaró “un enorme triunfo” en la defensa de la soberanía del Estado.

El largo camino judicial de esta norma inició a finales de febrero, cuando un juez federal de distrito la bloqueó al calificarla de inconstitucional. “Permitir a Texas reemplazar la legislación federal con base en una invasión significaría anular la ley y autoridad federal, una noción que es antítesis de la Constitución y ha sido rechazada de forma inequívoca por los tribunales federales desde la Guerra Civil”, escribió David Ezra en su argumentación, de 114 páginas.

El magistrado, al igual que otros críticos de la SB4, consideran que la ley tiene varias similitudes con la SB1070, una norma aprobada en 2010 por el Gobierno de Arizona. Esta permitía a las fuerzas de seguridad locales pedir papeles a casi cualquiera bajo sospecha de haber entrado ilegalmente al país. La SB1070 estuvo en los tribunales por dos años. En junio de 2012, el Supremo le invalidó varios aspectos y dejó otras en pie. Entre lo dictaminado estaba que solo el Gobierno federal tiene el poder para dictar leyes contra la inmigración ilegal.

Las organizaciones de derechos humanos han criticado duramente la SB4, que debió haber entrado en vigencia el pasado 5 de marzo. “Implementar esta ley llevará a perfilar racialmente, a separar familias y a dañar a las comunidades negras y latinas en todo el Estado”, asegura el centro Las Americas Immigrant Advocacy. Jennifer Babaie, la directora del grupo, ha prometido seguir la batalla judicial para que todos, sin importar de su estatus migratorio, “tenga la libertad de moverse por el país para salir adelante”.

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