Eagle Pass, la zona cero del enfrentamiento en Estados Unidos por el control de la frontera con México

En 1865, el general confederado John Shelby arrojó su bandera a las aguas del río Bravo, en la pequeña localidad fronteriza de Eagle Pass, y cruzó a México para refugiarse, antes que admitir la derrota de sus tropas. Hoy Eagle Pass se ha convertido en el epicentro de una dura batalla, con implicaciones constitucionales, que enfrenta al Gobierno federal con el de Texas por el control de la inmigración; a los soldados de la Guardia Nacional con la Patrulla Fronteriza; a los republicanos con los demócratas. Y todos esos choques confluyen en un punto: en el parque de 19 hectáreas a orillas del río Bravo que homenajea al militar secesionista llevando su nombre.

El parque Shelby solía ser un lugar donde los residentes de Eagle Pass, una localidad de 28.000 habitantes que vota demócrata, que vive del comercio con México ―dos puentes la conectan con Piedras Negras― y donde el español se maneja tanto o más que el inglés, acudían a pescar, a reunirse para pícnics y festejos o pasear. Este fin de semana, un cartel anuncia para el 28 de febrero un concierto, mitad musical, mitad prédica religiosa, de la asociación que dirigiera el fallecido pastor Billy Graham, asesor espiritual de varios presidentes. Tal y como están las cosas, es difícil que llegue a celebrarse.

Alambradas de espino y un muro de contenedores cierran el acceso al río. Las entradas desde la calle se encuentran valladas y bloqueadas por vehículos militares. Los soldados de la Guardia Nacional, armados con metralletas, controlan el acceso, y la única rampa para lanchas y kayaks hacia el río. Los residentes no pueden acceder; y por orden del gobernador tejano, el republicano Gregg Abbott, tampoco pueden hacerlo ya los agentes de la Patrulla Fronteriza, que hasta el mes pasado emplearon esos terrenos como punto para tramitar las llegadas de los inmigrantes que cruzaban el río. Esa decisión ha cancelado la colaboración entre ambos cuerpos que había sido habitual.

“Y a nosotros todo esto nos pilla en medio”, suspira Juan Hernández, que regenta un establecimiento de ropa y calzado a pocos centenares de metros. El bloqueo del parque ha convertido esa zona —hasta hace poco muy transitada por su cercanía a Shelby y al puesto fronterizo— en un área casi fantasma, donde este fin de semana abundaban más los agentes de policía local y sus vehículos que el tráfico civil. “Eso está perjudicando a nuestra economía”, se lamenta el comerciante, que anuncia rebajas drásticas para colocar la mercancía. “Pero lo que nos asusta más es que pueda haber un incidente en el que alguien pierda el control”.

El enfrentamiento actual se desató el mes pasado, cuando Abbott dio la orden a la Guardia Nacional de hacerse con el control del parque Shelby, después de que en diciembre se disparara el número de entradas de inmigrantes irregulares en esos terrenos. La Administración del presidente Joe Biden apeló a los tribunales contra esa decisión, al argumentar que impedía a la Patrulla Fronteriza, bajo control federal, desempeñar su trabajo. Las alambradas y otros obstáculos impidieron a mediados de enero que esos agentes pudieran rescatar a una familia de tres migrantes que acabó ahogándose, alega el Gobierno.

El Supremo le dio la razón y ordenó que se retiraran las alambradas de espino. Pero el gobernador ha interpretado el dictamen de la manera más limitada posible: que los agentes fronterizos podrán cortarla para auxiliar a algún migrante en peligro. Pero, mientras tanto, promete reforzar las vallas y las alambradas. Su argumento: que la política del Gobierno federal favorece a los migrantes hasta el punto de poner en peligro a Texas, y el Estado tiene el derecho de defenderse ante lo que define como una “invasión”.

El caso ha generado un enfrentamiento político que sobrepasa el mero choque entre un Gobierno central y otro estatal. Otros Estados, como Florida, han enviado a soldados de su propia Guardia Nacional para reforzar a la de Texas. Este fin de semana llegaba a las cercanías de Eagle Pass una caravana de vehículos de seguidores del candidato republicano Donald Trump tras recorrer medio país para expresar su apoyo a las políticas antinmigración. El propio Abbott compareció este domingo en Eagle Pass para defender sus políticas en una rueda de prensa junto a 14 de los 25 gobernadores republicanos que le han expresado su apoyo. Algo que causó malestar entre parte de la población.

“Como residente veterano, nunca he estado tan molesto hacia un líder como con nuestro gobernador, y lo que está haciendo, y cómo está utilizando nuestra comunidad en particular para hacer teatro político”, declaraba el empresario y educador jubilado Jesse Fuentes el viernes en una rueda de prensa de líderes comunitarios. “Se han apropiado de un parque público, nuestro parque, nuestra historia, nuestra cultura. Aquí es donde nos reunimos, es nuestro espacio verde, donde estamos conectados con el río, y ahora no tenemos acceso a él. Y si das un paseo y miras, puedes ver que se está convirtiendo en una base militar”.

Otros en Texas opinan lo contrario. “Estamos aquí para dar nuestro apoyo a esta causa y al gobernador Abbott. Creemos que está haciendo lo correcto. Tenemos que recuperar el control de nuestras fronteras. No tenemos que dejar que millones de migrantes vengan. Cuando vayamos a votar en noviembre, la inmigración será nuestra gran prioridad. La segunda, el derecho a portar armas”, sostienen David y Sandy, un matrimonio que ha conducido tres horas para llegar este sábado a participar en el mitin de recibimiento a la caravana antinmigrante de los trumpistas.

Ese día, el albergue para inmigrantes Mission: Border Hope cerraba sus puertas temporalmente. Había trasladado a sus ocupantes a otros lugares ante el temor a posibles incidentes. La transferencia no fue difícil: apenas acogía a un puñado de personas. Las llegadas de migrantes en busca de ayuda, una vez que la Patrulla Fronteriza los ha puesto en libertad con una citación para comparecer en un juzgado que decida sobre sus solicitudes de asilo, llegaron a ser de 1.200 al día, y en la actualidad solo rondan la veintena. Un descenso en línea con la caída de entradas irregulares registrada en enero, que Abbott atribuye a su dureza y el Gobierno federal y las ONG, a oscilaciones típicas de la temporada.

La resistencia de Abbott se produce mientras en Washington un grupo de senadores republicanos y demócratas ha consensuado un proyecto de ley que reformaría el sistema actual de inmigración para introducir medidas más duras de control. Entre otras cosas, darían a Biden la autoridad de “cerrar la frontera”, como él mismo ha declarado, si las detecciones de migrantes irregulares superan las 8.500 en un solo día, o alcanzan una media de 5.000 diarias en una semana. La medida también haría más difícil el solicitar asilo en Estados Unidos, la razón para entrar en este país de la mayoría de los migrantes que llegan de manera irregular.

Pero el éxito de ese proyecto de ley está por ver. En el Senado necesita el “sí” de nueve republicanos. En un año electoral, los legisladores republicanos se resisten a aprobar nada que pueda interpretarse como un éxito para Biden. Donald Trump, el expresidente republicano que aspira a regresar a la Casa Blanca en noviembre, se opone a la medida, mientras pretende convertir la migración en el asunto protagonista de la campaña electoral. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, ya ha asegurado que la propuesta de los senadores “nace muerta” en este foro. Los republicanos en la Cámara Baja han emprendido el proceso para tratar de abrir un juicio político contra el secretario de Seguridad Nacional y responsable de política migratoria, Alejandro Mayorkas.

Las conversaciones continúan. Y las negociaciones diplomáticas se intensifican. Este sábado, Biden conversaba por teléfono con el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, para tratar sobre migración y “los desafíos compartidos en la frontera común”, según apuntaba la Casa Blanca en un comunicado. El diálogo, en el que el estadounidense agradeció a su homólogo el “apoyo operativo y la toma de pasos concretos para impedir la migración irregular, al tiempo que se expanden las vías legales”, tenía lugar después de que representantes de ambos gobiernos se hayan reunido en México y Washington en los últimos dos meses para profundizar en este asunto.

Mientras tanto, los residentes de Eagle Pass esperan que el enfrentamiento entre el Gobierno federal y el estatal se resuelva lo antes posible. “Querríamos continuar con nuestra vida”, sonríe a medias Juan Hernández, mientras insta a su clientela a aprovechar las rebajas de su tienda.

Sigue toda la información internacional en Facebook y X, o en nuestra newsletter semanal.