Un juez federal frena la entrada en vigor de la ley antimigrante de Texas

La entrada en vigor de la ley antimigrante más dura de Estados Unidos ha sido bloqueada por el momento. Un juez federal ha elevado este jueves la disputa en tribunales entre la Administración de Joe Biden y el Gobierno de Texas paralizando la llamada SB4, una ley que permite a los cuerpos de seguridad estatales solicitar papeles y detener personas con el fin de deportarlas a México. El magistrado David Ezra ha calificado la norma de inconstitucional, pues da a autoridades locales atribuciones que corresponden a agencias federales.

La decisión del Tribunal de Distrito no es el punto final a un conflicto que se extenderá por meses. “Texas apelará inmediatamente a esta decisión. No vamos a ceder en nuestra lucha para proteger nuestro Estado y nuestra nación de la crisis en la frontera del presidente Biden”, ha señalado el gobernador Abbott en un comunicado. El mandatario local firmó la ley en diciembre en un evento celebrado en Brownsville, una comunidad fronteriza que será visitada este jueves por Biden. La ley SB4 iba a entrar en vigor el martes 5 de marzo.

En su decisión, argumentada en 114 páginas, el juez Ezra rechaza uno de los argumentos más utilizados por los republicanos en Texas para aprobar la norma, que la entidad está siendo “invadida” por inmigrantes. La narrativa será alimentada esta jornada con una visita de Donald Trump a la zona de Eagle Pass y Del Río, dos comunidades que registraron en 2023 un fuerte incremento del flujo migratorio.

“Los repuntes en la inmigración no constituyen una invasión de acuerdo con la descripción dada por la Constitución, ni Texas está iniciando acciones militares con la promulgación de la SB4. Finalmente, permitir a Texas reemplazar la legislación federal con base en una invasión significaría anular la ley y autoridad federal, una noción que es antítesis de la Constitución y ha sido rechazada de forma inequívoca por los tribunales federales desde la Guerra Civil”, ha considerado Ezra.

El magistrado cita en varias ocasiones al caso de Arizona, un Estado en el que autoridades republicanas llevaron a cabo un experimento similar. La SB1070, promulgada en 2010, permitía a los agentes estatales detener a cualquiera bajo sospecha de no tener papeles. El caso llegó al Supremo. Los jueces constitucionales dieron la razón al Gobierno federal al considerar que el esquema legar puesto en marcha por el Legislativo de Arizona rivalizaba con las leyes aprobadas por el Congreso para regular la inmigración. “La SB 4 y la SB 1070 contienen notables similitudes”, escribe Ezra.

El gobernador Abbott cree que su ley tiene el mismo destino que la de Arizona. “Incluso desde su tribunal, este juez de Distrito admite que este caso será decidido últimamente por el Supremo”, señala el mandatario. El político, uno de los más radicales en su combate a la inmigración irregular, confía en que la supermayoría conservadora cimentada en el Tribunal durante la era de Donald Trump pueda dejar en vigor la ley.

Ezra recuerda algunas de las posiciones que tuvieron los togados de derechas en la opinión en el caso de la SB 1070. Antonin Scalia, uno de los jueces conservadores más importantes, consideró que aquella norma era constitucional porque se enfocaba en la detención de personas sin papeles. Clarence Thomas, quien sigue en funciones, sugirió que los Estados sí tienen el poder de hacer estas aprehensiones, pero no de comenzar el proceso de expulsión de los inmigrantes. “El poder Ejecutivo mantiene completa discreción para determinar si esas personas son deportadas finalmente”, indica el magistrado de Distrito.

La expulsión de las personas sin papeles es uno de los puntos que distingue la ley de Texas de la de Arizona. La normativa avalada por los republicanos texanos permite a los policías llevar a los detenidos frente a un juez local. Este puede poner en marcha un proceso de expulsión de vuelta a México, sin importar si los inmigrantes tengan o no esa nacionalidad. Este punto ha sido rechazado con insistencia por las autoridades mexicanas. Si esta orden no se acata, los sujetos podrían recibir un potencial castigo de hasta 20 años de prisión.

“La expulsión toca una de las más sensibles consideraciones de asuntos exteriores de la política federal”, señala el juez Ezra. El magistrado argumenta que haber dejado entrar en vigor la norma permitiría a los Estados y a los jueces locales moldear un “asunto vital de la política exterior” y de “entrometerse” en un campo de control que le corresponde al Legislativo.

Las organizaciones de defensa de los derechos humanos han celebrado la decisión del juez de Distrito. “Este es un triunfo para los valores de Texas, los derechos humanos y de la Constitución”, consideró el capítulo estatal de ACLU, la Asociación de Libertades Civiles. El grupo, quien acudió en diciembre a los tribunales con una demanda para frenar la ley, promete continuar su lucha sin importar el número de apelaciones que presente el Gobierno de Abbott. “Debemos mantenernos vigilantes de la política de miedo y odio de Texas”, ha considerado Jennifer Babaie, directora de servicios legales de Las Americas Immigrant Advocacy Center.

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