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Borrell plantea un embargo de armas a Israel ante la amenaza de una ofensiva en Rafah

La justicia holandesa ordena paralizar la entrega al Estado judío de piezas de aviones F-35 porque “no tiene en cuenta suficientemente las consecuencias de sus ataques para la población civil”

Philippe Lazzarini
Desde la izquierda, el jefe de UNRWA, Philippe Lazzarini, la ministra belga de Cooperación para el Desarrollo, Caroline Gennez, y Josep Borrell, este lunes en Bruselas.OLIVIER HOSLET (EFE)

Las advertencias internacionales ante los planes de Israel de atacar Rafah, localidad del sur de la franja de Gaza donde se hacinan 1,4 millones de personas, no dejan de aumentar. Tras Estados Unidos y Reino Unido, también la UE ha manifestado este lunes su “profunda preocupación” por los planes del Gobierno de Benjamín Netanyahu. El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, ha planteado dar un paso más allá con un embargo de armas a Israel. Al mismo tiempo, destaca la decisión de un tribunal de Países Bajos, que ha ordenado al Gobierno que deje de enviar piezas de aviones F-35 al Estado judío en vista de que este “no tiene en cuenta suficientemente las consecuencias de sus ataques para la población civil”.

“Seamos lógicos. ¿Cuántas veces hemos escuchado a los líderes más prominentes y los ministros de Exteriores del mundo diciendo que se está matando a demasiada gente [en Gaza]?”, ha planteado Borrell en una rueda de prensa tras un consejo informal de ministros de Desarrollo en Bruselas. Ya a la llegada a la cita, en la que ha participado el comisionado general de UNRWA (agencia de la ONU para los refugiados palestinos), Philippe Lazzarini, el jefe de la diplomacia europea había dicho que es necesario “hacer algo más que manifestar preocupación”. Y apuntó sobre todo a Washington, principal proveedor de armamento a Israel, pero también a otros países que no han detenido sus envíos de material bélico ante la ofensiva militar lanzada tras el ataque terrorista de Hamás del 7 de octubre, que ha causado ya al menos 28.300 muertos, según las autoridades sanitarias de Gaza.

“El presidente [Joe] Biden ha dicho que no es proporcional. Pues bueno, si crees que se está matando a demasiadas personas, quizás tienes que proporcionar menos armas para evitar que tanta gente muera. ¿No es lógico?”, ha abundado Borrell, que también ha condenado el llamamiento del primer ministro Netanyahu a “evacuar” al más de un millón de palestinos concentrados en Rafah. “Que van a evacuarlos… ¿A dónde? ¿A la Luna?”, ha criticado el jefe de la diplomacia europea.

Además, Borrell y Lazzarini han instado al Gobierno israelí a entregar las pruebas de la presunta implicación de trabajadores de UNRWA en el ataque terrorista de Hamás del 7 de octubre, una acusación que ha provocado el despido inmediato de una docena de empleados de la agencia y la apertura de una investigación interna.

El jefe de la diplomacia europea ha destacado la decisión de los jueces de apelación de La Haya, que este lunes han ordenado al Gobierno de Países Bajos que cese el envío de piezas de aviones F-35 a Israel —fabricadas por Estados Unidos, pero distribuidas desde la base militar holandesa de Woensdrecht— y le han dado siete días para aplicar el fallo, que el Ejecutivo en funciones de Mark Rutte ya ha anunciado que recurrirá.

Riesgo de “violaciones graves”

La orden de los jueces no implica una decisión jurídica definitiva sobre si Israel está violando el derecho humanitario; se limita a señalar “un riesgo inequívoco de que los componentes del F-35 exportados a Israel se utilicen para cometer violaciones graves” del mismo. La rama holandesa de la organización humanitaria Oxfam Novib había acudido a la justicia, junto con Pax Nederland y The Rights Forum, por considerar que este tipo de envíos viola el derecho de la guerra. Alegaron que Países Bajos “sabe que los cazas están siendo utilizados para atacar Gaza”. Este lunes, Michiel Servaes, director de Oxfam Novib, ha abogado por que el fallo suponga “un punto de inflexión, al menos en la forma de actuar de Países Bajos en esta terrible guerra”.

En enero, el Tribunal Internacional de Justicia de Naciones Unidas (TIJ), también con sede en La Haya, reclamó a Israel que tomase medidas para impedir un posible genocidio contra los gazatíes. Los jueces de la ONU no exigieron un alto el fuego, pero exprimieron al máximo las exigencias humanitarias contempladas por la Convención para la Prevención y Sanción del Genocidio (1948). Una presión indirecta sobre los aliados israelíes a la hora de prestar cierto tipo de ayuda que pueda vulnerar leyes internacionales.

La preocupación por las terribles consecuencias de un ataque en una zona con tal densidad de desplazados —que no tienen a dónde huir, como ha recordado Borrell— ha llevado incluso a los países más afines a Israel a elevar el tono en las últimas horas.

El presidente estadounidense, Joe Biden, advirtió el domingo a Netanyahu que la inminente operación militar en Rafah no debe emprenderse “sin un plan creíble y ejecutable que garantice la seguridad y el apoyo” a los 1,4 millones de personas refugiadas en esta localidad en la frontera con Egipto. También el fin de semana, el ministro de Exteriores británico, David Cameron, se manifestó “profundamente preocupado” por la posibilidad de que Israel bombardee una zona “donde se refugia la mitad de la población de Gaza”. Según escribió en X (antes Twitter), “la prioridad debe ser una pausa inmediata de los combates para permitir que la ayuda entre y los rehenes [israelíes] salgan”, para, a continuación, “avanzar hacia un alto el fuego permanente y sostenible”.

La inquietud aumenta también entre los Veintisiete y no solo entre los países que, como España o Bélgica, reclaman con más firmeza desde casi el comienzo del conflicto un alto el fuego. También los países más alineados con Israel manifiestan preocupación ante una potencial nueva catástrofe humanitaria: la jefa de la diplomacia alemana, Annalena Baerbock, ha advertido de que una ofensiva israelí en Rafah sería una “catástrofe humanitaria anunciada”. Los gazatíes “no se pueden diluir en el aire”, dijo en X, en referencia a la ausencia de alternativas donde refugiarse ante una frontera que Egipto mantiene cerrada.

Este es un análisis compartido por Países Bajos, pese a que su Gobierno no esté de acuerdo con la sentencia sobre los cazas. “Es difícil ver cómo una operación militar a gran escala en un área tan densamente poblada no va a provocar muchas muertes civiles y una catástrofe humanitaria aún mayor”, dijo la ministra de Exteriores neerlandesa, Hanke Bruins Slot. “Esto es injustificable”, subrayó en las redes sociales, donde también reclamó la reanudación inmediata de las conversaciones para negociar un nuevo alto el fuego humanitario “y, eventualmente, un cese de las hostilidades prolongado”.

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