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Una operación contra la corrupción en Portugal impacta sobre el principal partido de la oposición a siete semanas de las elecciones

La Fiscalía detiene a un alcalde del PSD, de centroderecha, e imputa al presidente autonómico de Madeira por supuestamente favorecer a empresas constructoras

Miguel Albuquerque, presidente de la Región Autónoma de Madeira, durante un acto en Santa Cruz (Portugal), en marzo de 2017.
Miguel Albuquerque, presidente de la Región Autónoma de Madeira, durante un acto en Santa Cruz (Portugal), en marzo de 2017.Octavio Passos (Getty Images)
Tereixa Constenla

Las espectaculares operaciones judiciales contra la corrupción en política comienzan a ser un género propio en Portugal. Si la desarrollada en noviembre noqueó al Partido Socialista y provocó la caída del Gobierno de António Costa, la que está en curso ha impactado de lleno sobre el Partido Social Demócrata (PSD, centroderecha), que aspira a acabar con los ocho años de gobernanza socialista en las elecciones del 10 de marzo. Los investigadores de la Fiscalía han imputado al presidente de la Región Autónoma de Madeira, Miguel Albuquerque, en varios casos de corrupción que han llevado a la detención del ex vicepresidente autonómico y actual alcalde de Funchal, Pedro Calado, también del PSD, y de dos empresarios de la construcción. Los tres detenidos fueron trasladados este jueves a Lisboa para prestar declaración ante el juez, que decidirá si les impone medidas provisionales.

Los investigadores de la Fiscalía, que el miércoles registraron 60 residencias y oficinas, incluida la vivienda del presidente regional, se centran en hechos ocurridos desde 2015, el año en que Albuquerque accedió al cargo, y que son “susceptibles de constituir delitos de atentado contra el Estado de derecho, prevaricación, corrupción activa y pasiva, participación económica en negocio, abuso de poder y tráfico de influencias”.

Albuquerque, que gobierna en esta legislatura gracias al apoyo del PAN, una pequeña formación ecologista y animalista, goza de una inmunidad especial por pertenecer al Consejo de Estado, que deberá dar luz verde a su interrogatorio. Toda la oposición ha exigido en las últimas horas su dimisión y ha recordado el ejemplo dado por Costa, que presentó su renuncia en cuanto supo que era investigado por el Tribunal Supremo por la tramitación de varios proyectos energéticos.

El presidente de Madeira aseguró que no piensa dimitir y ha anunciado que solicitará que le retiren la inmunidad de la que goza como consejero de Estado para poder defenderse. “Nunca estuve en ningún caso de corrupción ni voy a estarlo en mi vida A mí nadie me compra”, declaró el martes, antes de conocerse públicamente su calificación como “arguido” (sospechoso oficial). En sus primeras valoraciones públicas, el líder del partido, Luís Montenegro, consideró el caso “una perturbación” para la campaña electoral del PSD, pero no vio razones para exigir la dimisión de Albuquerque.

La Fiscalía explicó en una nota de prensa que las investigaciones inciden sobre contrataciones públicas y decenas de adjudicaciones en concursos públicos por valor de varias centenas de millones de euros. “Existen sospechas de que titulares de cargos políticos del Gobierno regional y de la Cámara Municipal de Funchal han favorecido indebidamente a algunas sociedades en detrimento de otras y, en algunos casos, han podido ejercer influencia con ese objetivo”, señala el Ministerio Público. Entre otras irregularidades, los investigadores creen que las empresas beneficiarias tenían información previa sobre los requisitos de los concursos y sobre las ofertas de sus rivales, algo que les permitía presentar propuestas más ventajosas.

Una de las sociedades supuestamente beneficiadas por el presidente regional es el Grupo Pestana CR7, una alianza empresarial entre Cristiano Ronaldo y la empresa hotelera Pestana, según el semanario Expresso. Este grupo promueve un polémico proyecto inmobiliario en Praia Formosa, una zona que cuenta con protección ambiental ubicada en Funchal, la capital de Madeira.

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Otra de las líneas de sospechosa afecta al desarrollo de proyectos inmobiliarios y turísticos en la isla, entre ellos el conocido como Dubai Madeira, que prevé la construcción de varias torres con apartamentos de lujo en Funchal y que se considera la mayor inversión privada en la región con 300 millones de euros. También está bajo sospecha la adjudicación directa a un fondo inmobiliario de la concesión de la Zona Franca, que ya había sido denunciada por el Tribunal de Cuentas y la Comisión Europea.

Pedro Calado, alcalde de Funchal y ex vicepresidente del Gobierno regional detenido el martes, trabajó para el grupo empresarial AFA, cuyo presidente, Avelino Farinha, es otro de los detenidos. Según el diario Público, ambos tendrían un pacto para beneficiarse. Calado, además, supuestamente utilizó su cargo público para favorecer a las empresas que patrocinaban los rallies deportivos en los que participaba. El segundo empresario detenido el martes fue Custódio Correia, del grupo Socicorreia, que patrocinó el último campeonato regional de rallies, que venció el alcalde de Funchal.

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Tereixa Constenla
Corresponsal de EL PAÍS en Lisboa desde julio de 2021. En los últimos años ha sido jefa de sección en Cultura, redactora en Babelia y reportera en Andalucía. Es autora del libro 'Cuaderno de urgencias'.
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