Ecuador retoma el control de las cárceles del país

Ecuador ha retomado en las últimas horas el control de todas las cárceles del país. El ejército ha ingresado fuertemente armado a los penales y ha liberado a las más de 150 personas que permanecían secuestradas en su interior, entre guardas y personal administrativo. Al menos un funcionario resultó muerto durante estos operativos, que se han llevado a cabo sin baños de sangre. Los presos han sido colocados en los patios, en filas y sentados, con los brazos en la nuca, en unas imágenes que recuerdan a las que ha compartido el presidente Nayib Bukele en El Salvador para demostrar la derrota de las pandillas.

Las bandas ecuatorianas, dedicadas al tráfico de droga en alianza con los cárteles mexicanos, ejercían hasta ahora el dominio de las prisiones; es más, desde su interior, donde hasta hace poco permanecían recluidos sus principales cabecillas, manejan la organización, como si de un puesto de mando se tratase. Sin embargo, algunos sucesos dan a entender que este control de los penales puede no ser tan efectivo como se supone. De la cárcel de Esmeraldas, situada en una región del mismo nombre cooptada absolutamente por el crimen organizado, se fugaron 48 reos. Dos murieron durante una persecución. La madrugada del domingo otros seis se evadieron de la penitenciaria de del Litoral, en Guayaquil, cuando se supone que las autoridades ya había retomado el control.

La ola de violencia que comenzó hace ocho días arrancó con la fuga de dos de los cabecillas más importantes del país: José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, el líder de Los Choneros, considerado el criminal más peligroso de Ecuador, y Fabricio Colón Pico, miembro de Los Lobos. Se sucedió una cadena de ataques y atentados con la que el crimen organizado intentaba doblegar a las autoridades. El asunto fue a más: unos encapuchados asaltaron en directo la cadena pública TC Televisión, amenazando a los periodistas con pistolas y dinamita. El propósito de esa acción resulta un misterio. La docena de asaltantes, jóvenes, casi unos niños, se rindió sin ofrecer resistencia en cuanto la policía llegó al lugar.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, declaró que había un conflicto armado interno, lo que supone la asunción de que hay una guerra al interior del país. Así, se ha establecido un toque de queda, de 23.00 a 5.00, y el ejército patrulla las calles. En este tiempo, según datos oficiales, hay más de 1.500 detenidos, entre ellos 158 acusados de “terrorismo”. Noboa ha decretado que las pandillas sean vistas como tal, lo que agrava las penas y ofrece más margen a las autoridades para enfrentarlas. Además, se han producido 41 operaciones contra estos grupos, durante las cuales han muerto cinco presuntos delincuentes, y se ha liberado a 27 personas que permanecían secuestradas.

La Presidencia de la República, en un comunicado, asegura que las operaciones seguirán en todo el territorio nacional “con un objetivo claro”: “Ser implacables con quienes han atemorizado y se han aprovechado de la ciudadanía”. Noboa tiene un reto enorme, el de frenar la deriva violenta que se ha apoderado del país en los últimos tres años. Hasta ahora, otros dos presidentes, Lenín Moreno (2017-2021) y Guillermo Lasso (2021-2023), asistieron impotentes ―o negligentes, según como se vea― a un deterioro de la seguridad en tiempo récord. El año pasado, la tasa de homicidios fue de 40 por cada 100.000 habitantes, una de las más altas del mundo. En tiempos del izquierdista Rafael Correa, de 2007 a 2017, llegó a bajar hasta los 5,78, de las más bajas de Latinoamérica. La excepción ecuatoriana se ha esfumado en un abrir y cerrar de ojos.

En muy poco tiempo, con la lluvia de dinero recibida tras haber convertido el golfo de Guayaquil en el principal puerto de exportación de cocaína en el mundo, con su salida al océano Pacífico, las pandillas han logrado una preocupante infiltración en los principales poderes del Estado. Tienen en nómina a jueces, fiscales, policías, políticos y militares de alto rango. Controlan puertos, barrios, mercados. Noboa debe de hacer frente a todo esto con un presupuesto muy limitado. Por eso, ha propuesto subir el IVA del 12 al 15%, para atajar la escasez de policías y militares, sin embargo, que no tenga mayoría en el Congreso le obliga a negociar con el resto de fuerzas políticas, que no ven con buenos ojos una subida de impuestos. El presidente también ha sugerido la organización de un referéndum, la última semana de febrero o la primera de marzo, para aprobar la ampliación de penas para delitos graves como homicidio y tráfico de armas, así como para el refuerzo de las funciones de seguridad del Ejército.

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