Destierros, detenciones y 740 agresiones: la persecución de Ortega y Murillo contra la Iglesia católica se agrava en Nicaragua

La policía del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo interceptó al obispo Isidro del Carmen Mora Ortega el miércoles 20 de diciembre, cuando se dirigía a confirmar a 230 feligreses en la parroquia Santa Cruz, ubicada en La Cruz de Río Grande, un recóndito municipio del Caribe Sur de Nicaragua. El religioso quedó inmediatamente arrestado y todavía se desconoce su paradero. Se trata del último episodio de una persecución que se ha recrudecido este año. Desde 2018, el año de las masivas protestas contra el Gobierno, la Iglesia católica de Nicaragua ha sufrido 740 ataques por parte del aparato sandinista, según el recuento de la abogada Martha Patricia Molina.

“Solamente en el año 2023 se realizaron 275 agresiones. Podemos calificar este año último cómo el de más ataques en contra de la Iglesia durante el quinquenio reciente”, explica a EL PAÍS Molina, autora del informe Nicaragua, una iglesia perseguida. Además, “176 religiosos y religiosas no están ejerciendo su ministerio en Nicaragua debido a que fueron expulsados, se les prohibió el ingreso o fueron enviados al destierro”.

El destierro más reciente de sacerdotes ocurrió en octubre pasado, cuando el régimen del país centroamericano sacó de sus prisiones a una docena de curas que mantenía como presos políticos y los envió en un avión a Roma. Sin embargo, la expulsión de religiosos comienza 2018, cuando los Ortega-Murillo forzaron el exilio del obispo auxiliar de Managua, monseñor Silvio Báez, una de las voces pastorales más críticas contra la deriva autoritaria y las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua. También se exilió el padre Edwin Román, un párroco que fue clave protegiendo a los ciudadanos de la represión en la ciudad de Masaya durante las protestas de 2018.

El Gobierno también echó en marzo de 2022 al nuncio vaticano, Waldemar Stanislaw Sommertag. La Santa Sede calificó la expulsión de su representante en Nicaragua como sorpresiva y dolorosa. A partir de ese momento la relación entre Managua y El Vaticano fue en declive, hasta el punto que en marzo pasado los Ortega-Murillo decidieron “suspender las relaciones diplomáticas”. La persecución religiosa incluso obligó al papa Francisco a romper su postura neutral con los países y comparó el sandinismo actual con “una dictadura hitleriana”. “Con mucho respeto, no me queda otra que pensar en un desequilibrio de la persona que dirige”, aseveró el Pontífice, lo cual desató más la ira de la pareja presidencial.

Todo tipo de ataques y profanaciones

En una línea de tiempo realizada por EL PAÍS sobre la persecución contra el catolicismo, se encuentran agresiones contra sacerdotes y obispos, profanaciones de iglesias, cierres de medios de comunicación y ONG administradas por las diócesis, congelamiento de cuentas bancarias y una narrativa sostenida contra el catolicismo y sus jerarcas. Por ejemplo, el 24 de enero de 2022, la “copresidenta” Rosario Murillo arremetió contra los sacerdotes llamándolos “retrasados y atrasados” que se “disfrazan con máscaras y con vestuarios pretendidamente elegantes”.

“Las cifras antes del año 2022 oscilan entre 55 y 84 agresiones. Posteriormente, el año 2022 fue catalogado como el más funesto en contra de la Iglesia católica, pues se cometieron 171 ataques, sin imaginar que este año 2023 iba a ser más catastrófico que 2022, pues en este periodo ya se han cometido 275 arremetidas en contra de la institución religiosa”, repasa la abogada Molina.

En la Semana Santa de 2023, la policía del régimen desató una cacería de creyentes y sacerdotes. Sin embargo, lo más llamativo fue la prohibición expresa de celebrar procesiones en el país. La medida se ha replicado después, como ocurrió con las procesiones de la Concepción de María a principios de diciembre, cuando Nicaragua celebra a la madre de Jesús como patrona nacional.

“Hasta la fecha, un total de 3.639 expresiones piadosas populares, es decir, procesiones, han sido prohibidas en todo el país”, afirma Molina. “El objetivo de esta persecución siempre es el mismo: desaparecer por completo a la Iglesia Católica de Nicaragua, porque los sacerdotes y obispos no se han arrodillado a la dictadura y tampoco se han convertido en cómplices y compinches, pues eso es lo que buscan. Ellos no quieren esas voces proféticas que les estén recordando a cada momento, a través de la promulgación de la palabra y del evangelio, todos los actos criminales que la dictadura ha venido cometiendo. Entonces, como no han logrado arrodillar a los obispos y sacerdotes al proyecto dictatorial que ellos tienen, el objetivo es aniquilar el catolicismo para crear ellos mismos su propia religión, en la que los dioses sean Daniel Ortega y su esposa”.

Los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua trataron de mediar en la crisis sociopolítica de 2018 y luego, tras el aumento de la brutalidad del Gobierno a manos de policías y grupos paramilitares, decidieron solidarizarse y ponerse de lado de las víctimas. El oficialismo no perdonó esa decisión y el 19 de julio de 2018, en plena “operación limpieza” —como se conocen las matanzas perpetradas por los paramilitares— , Ortega acusó en plaza pública a los obispos de “golpistas”. Desde entonces la escalada contra la Iglesia católica no ha tenido sosiego.

A pesar de la cruzada del régimen contra el catolicismo, la principal confesión del país, los creyentes siguen asistiendo con regularidad a las iglesias. Sin embargo, la autocensura impera. La abogada Molina reconoce que la feligresía tiene miedo, pero han decidido realizar sus ritos a intramuros de los templos.

“También las vocaciones religiosas continúan vigentes y siempre se están formando a nuevos sacerdotes. Ese impacto que ha querido la dictadura, que es que la feligresía le dé la espalda a la Iglesia Católica, pues no lo han logrado y tampoco lo van a lograr”, dice la abogada Molina con libertad únicamente porque se encuentra exiliada.

Mientras tanto, entre muchos fieles, sobre todo en las parroquias rurales, impera el terror. “No sabemos nada de monseñor y tememos que lo hayan trasladado a la cárcel de El Chipote, y usted sabe: en ese lugar torturan”, dice a EL PAÍS una mujer de la diócesis de Siuna, administrada por el obispo Isidro Mora, el último detenido. “El pecado de monseñor”, prosigue, fue mencionar en una homilía a Rolando Álvarez, el primer obispo arrestado y condenado a 26 años de prisión por el régimen sandinista. “Él dijo que los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua estaban en oración por el obispo Álvarez y al día siguiente de eso, pues, se lo llevaron secuestrado. El Gobierno no quiere a nadie que denuncie lo que nos sucede a los católicos”, lamenta tras aceptar una llamada bajo la condición de anonimato.

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