Un escándalo de financiación sacude al Gobierno japonés

Un escándalo de financiación sacude al Gobierno del primer ministro japonés, el conservador Fumio Kishida, en el cargo desde octubre de 2021. Cuatro de sus ministros fueron destituidos el jueves por su vínculo con una investigación judicial abierta contra políticos del Partido Liberal Demócrata (PLD), que lidera Kishida. La dimisión ha sido interpretada como un movimiento para blindar al jefe del Ejecutivo, que atraviesa sus horas más bajas de popularidad, frente a unas pesquisas que implican a un buen número de políticos del partido gobernante, el cual ha dominado prácticamente la política japonesa desde su fundación en 1955.

La investigación, recogida por medios japoneses, está relacionada con el presunto incumplimiento de la obligación de informar sobre unos 500 millones de yenes (unos 3,2 millones de euros) recaudados en eventos organizados durante los últimos cinco años por parte de la principal facción del conservador PLD, que lideraba el ex primer ministro Shinzo Abe, asesinado a disparos durante un mitin en julio de 2022. El dinero podría haber sido destinado a crear fondos secretos.

“Tomaré la iniciativa en la lucha por reconstruir las formas del Partido Liberal Democrático para restablecer la confianza en la política”, aseguró Kishida en una comparecencia el miércoles, al anunciar la remodelación que llevó a cabo el día siguiente, según ha recogido la agencia Reuters.

Entre los ministros salientes se encuentra Hirokazu Matsuno, secretario jefe del Gabinete japonés y principal portavoz gubernamental. Matsuno está acusado de recibir presuntamente más de 10 millones de yenes (unos 64.000 euros) en concepto de soborno, según la agencia Kyodo. También han sido sustituidos el ministro de Economía, Yasutoshi Nishimura, el de Agricultura, Ichiro Miyashita, y el de Interior, Junji Suzuki.

La remodelación de Kishida, mandatario que ha brillado este año como anfitrión del G-7, ha sido leída por diversos analistas como un golpe de timón dirigido a apaciguar las críticas sobre la gestión del escándalo por parte de su Gobierno, que se sumaban a unas encuestas que mostraban ya en los últimos meses una caída en picado del apoyo ciudadano al Ejecutivo. Los índices de aprobación de su Gabinete se han desplomado a sus niveles más bajos desde que asumió el cargo en octubre de 2021, aproximadamente un año después de que Abe, el primer ministro más longevo de Japón, dimitiera.

Kishida aseguró en una comparecencia el jueves, tras la remodelación, que el país se encuentra en una “coyuntura crucial” en materia de asuntos exteriores y economía. “En tales circunstancias, he cambiado el personal y seleccionado a personas preparadas para el trabajo, con grandes dotes de negociación, capacidad de ejecución y habilidad para ofrecer respuestas eficaces”, ha recogido las palabras del mandatario, la citada agencia Kyodo.

El exministro de Asuntos Exteriores Yoshimasa Hayashi ha sido el encargado de sustituir a Matsuno como secretario jefe del Gabinete. “El primer ministro me pidió que hiciera todo lo posible por restablecer la confianza de los ciudadanos”, dijo Hayashi el jueves en su primera intervención como portavoz del Gobierno. Añadió que nunca ha intentado acaparar fondos secretos. También han sido nombrados Ken Saito, al frente de Economía, Takeaki Matsumoto, en Interior, y Tetsushi Sakamoto, para la cartera de Agricultura.

La popularidad de Kishida ya había tocado mínimos en octubre, cuando se encontraba en el 33%, la más baja de su mandato, según una encuesta publicada por Nikkei. Buena parte del descontento está vinculado, entre otros, a los altos costes de la vida en la tercera economía del planeta, en un momento en que el yen se enfrenta a una fuerte depreciación y se encarecen las importaciones.

Estímulo económico

A principios de noviembre, el Gobierno nipón propuso un paquete de estímulo económico de unos 17 billones de yenes (unos 109.400 millones de euros), que incluye un polémico plan de recorte de impuestos, y una batería de medidas para hacer frente a la inflación, incluidas transferencias en efectivo a los hogares con menores ingresos y ayudas a las empresas para que aumenten los salarios y refuercen las cadenas de suministro. Los críticos del plan han señalado la incongruencia de recortar impuestos mientras, por otro lado, se pretende hacer frente a una apuesta por un creciente gasto militar (se quiere duplicar en cinco años, elevándolo del 1% del PIB al 2%) y al incremento de las partidas destinadas a la ayuda a la crianza.

Analistas citados en la prensa japonesa destacan la apuesta de Kishida por un nuevo Ejecutivo sin miembros de la poderosa facción del PLD que lideraba Abe; su ausencia podría convertir al primer ministro en lo que se denomina, en el escenario político, un pato cojo, un dirigente sin respaldo en el Parlamento nipón, donde esta facción —de la que han salido cuatro primeros ministros desde el año 2000— es mayoritaria. La oposición interna podría intensificarse, evitando que salgan adelante políticas claves.

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