Bruselas ultima la norma para destinar a Ucrania el rendimiento de los activos congelados rusos en la UE

Bruselas acelera con una de las escasas medidas de castigo a Moscú por la invasión de Ucrania que la Unión Europea aún no ha adoptado. Las instituciones comunitarias han diseñado un marco normativo para poder usar en la reconstrucción de Ucrania los beneficios que producen los activos estatales rusos congelados por las sanciones de la UE. La propuesta de reglamento diseñada por el Servicio de Acción Exterior y la Comisión Europea, que debatirá previsiblemente este martes el colegio de comisarios y se presentará a los Estados miembros, busca cerrar otro círculo sobre la economía del Kremlin, pero sin tocar de manera directa su dinero. La idea es emplear esos beneficios imprevistos y extraordinarios que están generando los activos que el Estado ruso tiene inmovilizados en la UE debido al castigo por la invasión a Ucrania y derivarlos (o al menos parte de ellos) a Kiev, según fuentes comunitarias al corriente de la propuesta. Bélgica, donde está una de las mayores instituciones financieras que mantiene en custodia activos rusos sujetos a sanciones y que explora un plan similar, calcula que podría recaudar unos 1.700 millones de euros en 2024. Otras estimaciones mucho más amplias elevan esta cifra al entorno de los 15.000 millones.

La medida, que genera importantes dudas y que de momento busca el consenso entre los Estados miembros más reticentes —como Alemania, Italia y Francia— y los más partidarios —como los Bálticos—, requerirá la decisión de los Veintisiete no solo para aprobarse, sino para desarrollarse. Además, se necesitará pedir opinión al Banco Central Europeo (BCE), que ha advertido anteriormente de que las iniciativas que implican usar los activos rusos congelados suponen un riesgo potencial para el euro y su posición como moneda de reserva y que ponen en peligro la fiabilidad de los mercados europeos.

La propuesta europea se ha elaborado como una más de las sanciones que la UE ha impuesto contra Rusia por la guerra a gran escala sobre Ucrania. De ahí que se presente como una propuesta del alto representante para Política Exterior, Josep Borrell, al Consejo de la UE y que se desarrolle en una proposición de reglamento conjunta con la Comisión Europea que lidera Ursula von der Leyen. El plan busca establecer el marco legislativo para acotar y derivar a Kiev el rendimiento que se está obteniendo de los fondos estatales rusos inmovilizados, según el plan, que todavía puede sufrir cambios.

La iniciativa pretende como mínimo explorar esa opción. Y, sobre todo, sentar el principio de que esos fondos procedentes de los rendimientos extraordinarios van a ser para Ucrania. El plan constará de dos fases. La primera será identificar los fondos, localizar dónde están y llevar a una cuenta separada los beneficios de su gestión, así como determinar de qué manera pueden apoyar a Ucrania. La segunda será la transferencia del rendimiento de esos fondos; una transferencia que solo se hará cuando haya una propuesta concreta, haya una decisión unánime de los Veintisiete y tras consultar al BCE, cuya opinión no será vinculante, según una fuente al corriente de la propuesta.

Los Estados miembros llevan meses hablando de la idea de aprovechar de alguna manera los activos rusos congelados para reconstruir Ucrania y hace meses reclamaron a la Comisión Europea y al alto representante una propuesta de cómo hacerlo. La iniciativa de Borrell y Von der Leyen llega en un momento especialmente delicado para Ucrania, cuando el apoyo de Occidente corre el riesgo de desinflarse y el país invadido, que ha iniciado su segundo invierno de guerra a gran escala, necesita urgentemente financiación para gastos corrientes y para la reconstrucción.

El plan de Bruselas no da estimaciones de cuánto se podrá obtener con los beneficios extraordinarios de los activos rusos. España, que ostenta este semestre la presidencia del Consejo de la UE y que ha planteado una propuesta para la revisión del presupuesto, ha incluido en su iniciativa la obtención de entre 15.000 millones y 17.000 millones de euros a través del los activos estatales rusos, pero no determina cómo obtiene ese cálculo. Euroclear, una cámara de compensación y liquidación que tiene en custodia en Bélgica miles de millones de activos rusos, ha ganado más de 3.000 millones de euros este año con los activos que están inmovilizados en sus depósitos de valores, una ganancia que se ha disparado, además, por el aumento de los tipos de interés.

Bélgica, que junto a Luxemburgo mantiene la mayoría de esos activos, ya planteó una medida similar a la que proponen ahora Borrell y Von der Leyen, pero con un impuesto especial a los beneficios extraordinarios. Otro Estado miembro, Estonia, explora otra opción para usar esos los activos rusos y está avanzado en una ley para garantizar la responsabilidad patrimonial de personas y empresas que han participado y contribuido en las acciones ilegales de Rusia en Ucrania y usar sus activos como pago anticipado por los daños que el invasor debe al invadido.

Sin embargo, las iniciativas para utilizar el dinero ruso inmovilizado por las sanciones generan grandes dudas y varios Estados miembros, que reclaman una base legal muy sólida para cualquier propuesta, quieren que los países del G-7 (Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido y Estados Unidos, además de la UE, que forma parte del grupo), tomen una medida similar antes. De momento, el grupo de los siete Estados más desarrollados ha mostrado su apoyo político a la idea.

Pero las dudas afloran. El BCE no ha sido la única institución en plantear dudas. La semana pasada, el Fondo Monetario Internacional (FMI) recalcó que las acciones que afectan a los activos rusos congelados deben considerarse “cuidadosamente”. “Cualquier confiscación, o pérdida o uso de esos activos —o la apropiación indebida de sus beneficios— puede suponer un riesgo”, dice el FMI en una nota, que menciona el peligro para la estabilidad de Euroclear Bank.

Mientras, los Veintisiete siguen debatiendo cómo sacar adelante el nuevo paquete de 50.000 millones de euros (33.000 millones en préstamos y 17.000 millones en subvenciones) dentro de la revisión de su marco financiero plurianual para mantener a flote a Ucrania. Es decir, para sueldos y gastos corrientes. Todo sin contar con los más de 411.000 millones de euros que costará la reconstrucción de Ucrania, según estimaciones del Banco Mundial de mitad de año, que ahora, cuando la guerra va camino de cumplir 700 días, han aumentado.

La invasión a gran escala ordenada por el presidente ruso, Vladímir Putin, ha dinamitado los últimos 15 años de progreso económico de Ucrania y empujado a 1,7 millones de ucranios a la pobreza. Son muchas las voces que reclaman que, además de las sanciones occidentales impuestas a personas y empresas rusas para estrangular la economía que sustenta la guerra, es Rusia quien debería pagar por la reconstrucción de Ucrania. Y la idea es comenzar por esos beneficios inesperados y extraordinarios que están produciendo sus activos inmovilizados en la UE.

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