La detención de un universitario bajo acusaciones de terrorismo pone en alerta a las ONG en Venezuela

Las autoridades venezolanas privaron de su libertad y presentaron ante los tribunales al joven universitario John Kelvin Álvarez, por presuntamente estar relacionado con el grupo de seis sindicalistas acusados de terrorismo y asociación para delinquir, condenados a 16 años de prisión luego de en un breve proceso penal el mes pasado. Álvarez, de 24 años, estudiante de Antropología de la Universidad Central de Venezuela, fue reportado como desaparecido el 30 de agosto y sus familiares se enteraron al día siguiente de que estaba detenido por la policía. Fue arrestado en la avenida Bolívar, cerca del Palacio de Justicia, en el centro de la ciudad, aparentemente pegando afiches de protesta con banderas de Venezuela y Ucrania. Como sucedió con los dirigentes sindicales sentenciados, las autoridades informaron a la defensa que Álvarez ya tenía orden de aprehensión por presuntas actividades terroristas desde 2022. Las pruebas en su contra estarían apoyadas en un procedimiento de la Dirección de Contrainteligencia Militar, Dgcim.

Joel García y Eduardo Torres, abogados defensores de Álvarez, manifestaron que el estudiante fue torturado y maltratado por los efectivos policiales que lo interrogaron, que le sustrajeron sus pertenencias –un procedimiento muy común en la policía del chavismo en sus procedimientos represivos-, y que lo obligaron a grabar un video en el cual él mismo manifestara su vínculo con los sindicalistas llevados a prisión y describiera sus actividades terroristas.

La madre del joven, acompañada de los abogados, declaró ante la Defensoría del Pueblo, en el centro de Caracas, que a su hijo “le dieron varios golpes inteligentes, concebidos para no dejar rastro, y le aplicaron electricidad”, en testículos, costillas y rodillas. “Quiero hacer un llamado al Defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, para que haga todo lo que esté en sus manos. Si él está acá, es para impedir que eso pase”. El propio Álvarez denunció que le dieron golpes con un bate de béisbol cubierto con fundas y en la cabeza, con una puerta, mientras se le interrogaba.

Voceros de la Coalición Sindical Nacional, un grupo de activistas civiles, también denunciaron las torturas a Álvarez, y manifestaron que el video que tiene la policía venezolana que lo vincula con el dirigente sindical Carlos Salazar – miembro de la Coalición, a quien presumiblemente pretenden también judicializar- “fue realizado por la fuerza”. La directiva de la Coalición responsabiliza al fiscal general, Tarek William Saab, y al ministro del Interior y de Justicia, Remigio Ceballos, de la libertad e integridad física de Álvarez. Ni los poderes públicos ni los políticos o partidos opositores se han pronunciado todavía por este caso.

Las autoridades rectorales de la Universidad Central de Venezuela emitieron un comunicado en el cual expresan su “preocupación” ante la detención de Álvarez, quien además es miembro del Comité de Usuarios del Comedor Universitario. El texto, firmado por el nuevo rector, Victor Rago, asienta: “las circunstancias que rodean el hecho distan de estar claras. No existe información oficial del Ministerio Público y la presentación del bachiller Álvarez en el tribunal de control, si es que se le imputa algún delito, lo que ha debido hacerse antes del vencimiento del lapso de 48 horas siguientes a su detención.” “Exigimos a las autoridades garantizar la integridad física, psiquiátrica y moral del bachiller John Kelvin Álvarez, como lo dispone el artículo 46 de la Constitución Nacional y atenerse estrictamente a las prescripciones del estado de derecho”, concluye el texto.

La ONG Provea –Programa venezolano de educación y acción en derechos humanos-, una de las más importantes del país, también fustigó la criminalización de Álvarez, y denunció en un comunicado que la medida “forma parte de un patrón de hostigamiento contra estudiantes, líderes sindicales, políticos, organizaciones no gubernamentales y toda la sociedad civil venezolana”. “Intentan cerrar el espacio cívico ante la exigencia de derechos, los salarios de hambre y falta de democracia”, añaden. En su cuenta de Twitter, Provea considera “muy importante” que la Corte Penal Internacional tome nota y continúe sus investigaciones sobre los desafueros y excesos que se cometen en Venezuela.

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