Críticas al Gobierno belga tras la suspensión de la acogida en refugios de migrantes solteros

El anuncio del Gobierno belga de que suspende temporalmente la acogida en refugios de demandantes de asilo varones y solteros para hacer sitio a familias con niños ha suscitado duras críticas y denuncias de ilegalidad de la comunidad política y asociativa del país, que ve con estupor y temor la posibilidad de que miles de hombres se vean obligados a dormir a la intemperie cuando se aproxima el frío. Las críticas no han cesado pese a que el Ejecutivo de Alexander de Croo, sorprendido por la fuerte reacción, incluso dentro de su gabinete de coalición, ha asegurado que prevé que la medida dure lo menos posible y que se están buscando albergues adicionales. Eso sí, por ahora, los hombres solos se quedarán sin un techo.

En momentos en que la UE busca cerrar el largamente negociado Pacto de Asilo y Migración, una parte clave del cual es la reubicación solidaria de refugiados entre los Veintisiete, la Comisión Europea también vigila de cerca los pasos que da Bélgica, reiteradamente amonestada por la justicia nacional e internacional por un sistema de acogida colapsado. Por su parte, el Gobierno regional de Bruselas ha pedido al Ejecutivo que revierta la medida, preocupado por el potencial incremento de personas sin hogar en la capital belga y europea en momentos en que se registra, además, una mayor inseguridad.

Las alarmas saltaron en cuanto la secretaria de Estado de Asilo y Migración, Nicole De Moor, anunció el pasado martes que se suspende temporalmente el asilo a los hombres solteros. El motivo es el previsible “flujo creciente de familias y niños” solicitantes de asilo en un país que hace años dice estar desbordado por la llegada de refugiados, si bien las organizaciones apuntan a una falta de voluntad política y no a una escasez de alojamientos posibles. El propósito de la medida, subrayó De Moor, es “evitar a toda costa que los menores de edad se vean en la calle en invierno”. Unas palabras que reiteró tras una semana llena de críticas, al finalizar el primer consejo de ministros tras el descanso estival. Eso sí, ante la oleada de rechazo, matizó que “la decisión es temporal y estará en vigor solo hasta que vuelva a haber sitio para acogerlos”.

“El objetivo sigue siendo acoger a todo el mundo, pero la realidad es que no tenemos plazas suficientes y debo tomar decisiones muy difíciles”, insistió en una rueda de prensa con De Croo, que la respaldó con gesto serio. “Somos conscientes de las obligaciones que tenemos como país para garantizar la protección de quienes lo necesitan, pero, a veces, tenemos que tomar soluciones preventivas para evitar acabar entre la espada y la pared”, dijo el jefe de Gobierno. “La prioridad clara son las familias con niños. No quiero ver a niños en la calle este invierno”, remachó De Moor, que alega que Bélgica tiene una carga mayor de demandantes de asilo —19.000 en lo que va de año— que países de población similar como Portugal, donde han recibido 1.500 solicitudes, dijo.

Son unos argumentos que no convencen a casi nadie. La “inhumana” decisión es, “sencillamente, ilegal, a nivel nacional, internacional y de la UE”, denunció Marie Doutrepont, abogada de la Red de Abogados Progresistas, en una tribuna en el periódico La Libre. No es la única que habla de “ilegalidad” o de “violación del Estado de derecho”, como lo ha definido el vicepresidente de la Federación internacional de derechos humanos (Fidh), Alexis Deswaef. Doutrepont también acusa a De Moor de haber obstaculizado alternativas propuestas por asociaciones que habían logrado varios centenares de plazas en hoteles, algo que la secretaria de Estado habría frenado “personalmente (…) porque prefiere ver a seres humanos durmiendo en la calle que en hoteles”, criticó la abogada. Para el director de Amnistía Internacional Bélgica, Philippe Hensmans, “el Gobierno belga está enterrando” los derechos humanos.

La medida amenaza incluso con agrietar la coalición de gobierno, formada por siete partidos, a menos de un año de las elecciones generales. El vice primer ministro responsable de Economía, el socialista Pierre-Yves Dermagne, aseguró al diario Le Soir que el Ejecutivo no había sido consultado antes de un anuncio “contrario al derecho y a los tratados internacionales”. El ecologista y también vice primer ministro Georges Gilkinet considera la iniciativa “inaceptable”. Su compañera de partido y de Gobierno, Petra de Sutter, reclama un debate interno. “Si otros en el Gobierno también quieren que en nuestro país se respeten los derechos humanos, espero que se pronuncien”, retó al gabinete del liberal De Croo.

Las instituciones de acogida belgas llevan colapsadas más de dos años, lo que ha provocado las condenas de la justicia nacional e incluso internacional. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha emitido más de 1.600 medidas cautelares instando al Estado belga a que proporcione de inmediato alojamiento a demandantes de asilo, sin que ello haya provocado un cambio de política.

Fedasil (Agencia Federal para la Recepción de Solicitantes de Asilo), que tramita la acogida de demandantes de asilo en Bélgica, lleva tiempo advirtiendo de su saturación. Aunque el rechazo de albergue a hombres solteros es ahora oficial, Fedasil recuerda que, desde finales de 2021, no pueden ofrecerles a todos una plaza de inmediato. Actualmente, casi 2.100 hombres solos están a la espera de que se libere sitio. En septiembre de 2022, la agencia, junto con otras organizaciones, presentó al Gobierno una detallada hoja de ruta proponiendo diversas alternativas para aumentar la acogida. Un año más tarde, la crisis vuelve a saltar sin haber obtenido respuestas concretas.

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