Jueces y fiscales de Guatemala anuncian desde el exilio, tras el triunfo del progresista Arévalo: “Nos verán volver”

La noche del 20 de agosto, mientras Guatemala aguardaba con nerviosismo los resultados de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, a miles de kilómetros, en Estados Unidos, un grupo de jueces, fiscales y exfuncionarios judiciales reconocidos internacionalmente por su lucha anticorrupción celebraba en el exilio lo que pronto se confirmaría: el triunfo del progresista Bernardo Arévalo. Bailaron, bebieron, se abrazaron, lanzaron fuegos artificiales y lloraron. La elección de Arévalo representa para este grupo de 38 personas la posibilidad de un cambio en un país con altos índices de corrupción y donde muchas instituciones están secuestradas por intereses empresariales, políticos y militares. Arévalo representa una amenaza para este entramado de impunidad. La noche de su triunfo, los jueces y fiscales exiliados decretaron: “Nos verán volver”.

El regreso a Guatemala no será fácil ni pronto. Arévalo informó la noche de su elección que se oponía a la persecución de funcionarios honestos que han llevado casos de corrupción que han apuntado en ocasiones al todavía presidente Alejandro Giammattei. El candidato progresista arrasó en la segunda vuelta con el 58% de los votos con un fuerte discurso anticorrupción, un compromiso personal de acabar con lo que en Guatemala se denomina pacto de corruptos, una alianza mafiosa entre poderes políticos, económicos y militares que ha saqueado al país.

Thelma Aldana, la exfiscal general del país centroamericano, explica por teléfono desde Washington: “Yo veo a Bernardo Arévalo como un gobernante fuerte. Es cierto que no tendrá de su lado al Congreso, tiene un sistema de justicia que ha dado muestras de estar del lado oscuro, pero puede imponer su agenda, ser un presidente honrado y con eso Guatemala ya ganó bastante. Él hará un Gobierno transparente. Esa es su fuerza”.

Aldana lleva cuatro años en el exilio en Washington, una ciudad donde se encuentra la mayoría de los exfuncionarios que abandonaron el país. La exfiscal logró gran notoriedad con la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG), que fue después desmantelada por el Gobierno de Jimmy Morales (2016-2020). La funcionaria lideró las investigaciones del llamado Caso la Línea, que involucraba a un grupo de importadores que, con complicidad de Aduanas, burlaban al fisco para pagar menos por la importación de mercancías. Las pesquisas forzaron la renuncia y el arresto del presidente Otto Pérez Molina (2012-2015) y su vicepresidenta Roxana Baldetti. Aldana se convirtió desde entonces en un personaje incómodo. Fue víctima de una dura persecución y de amenazas. Dejó Guatemala en 2018. El Ministerio Público emitió dos órdenes de captura en su contra por casos de corrupción que, ha dicho, fueron fabricados.

Otro de los exiliados en Washington es Juan Francisco Sandoval, el antiguo fiscal anticorrupción de Guatemala, quien se vio obligado a huir de su país de noche, escoltado en un coche diplomático europeo por su seguridad, con rumbo hacia El Salvador. De allí voló después a Estados Unidos. Sandoval celebró el triunfo de Arévalo y ya había advertido a EL PAÍS que la población manifestó con su voto “lo que no puede hacer en las calles, porque existe un alto riesgo de criminalización”. El amplio margen del triunfo del candidato fue la herramienta “para manifestar su hartazgo a la clase política”. Una posición similar mantiene Erika Aifán, la jueza que renunció a su cargo como titular del llamado Juzgado D de Mayor Riesgo de Guatemala, debido a las amenazas que sufrió por parte de “redes políticas y criminales”, según denunció a este diario. Aifán afirma que el apoyo popular es una garantía de cambio. “Hoy el mejor argumento y la acción más contundente de los guatemaltecos contra la corrupción es el voto. Guatemala puede hoy empezar a escribir una historia de democracia, justicia y paz”, ha dicho.

Entusiasmo frente a la realidad

El entusiasmo de estos funcionarios exiliados se topa con la realidad. Desde Guatemala llegan noticias de un sistema que intenta revertir el resultado electoral y donde el ganador ha sido amenazado de muerte. En la nación, la violencia ha silenciado a quienes desean hacer cambios profundos en el sistema. Aldana ha sido víctima de esa forma de hacer política. “Hace cuatro años iba a ser la candidata por el Movimiento Semilla [el partido que llevó al poder a Arévalo] y la DEA me advirtió de que se fraguaba un atentado en mi contra y me recomendaba no estar en Guatemala”, cuenta la exfiscal. La exfuncionaria denuncia que las autoridades guatemaltecas no investigaron las amenazas y responsabiliza a Consuelo Porras, actual fiscal general, no solo por ese silencio, sino por la persecución y criminalización contra los operadores de justicia. Porras cuenta con el respaldo y la protección del presidente Giammattei.

La situación no será fácil para el nuevo presidente. Los 38 jueces y fiscales esperan en el exilio que logre cumplir sus promesas y que una nueva Guatemala surja para que puedan volver y continuar su trabajo contra la impunidad. Thelma Aldana explica: “No se puede describir con una sola palabra el exilio. El exilio es dolor, es tocar fondo como ser humano; se conoce la angustia, la ansiedad, la soledad, la incertidumbre, el miedo. Tuve que asistir a una iglesia, empecé a leer la Biblia y fui tomando mucha fuerza espiritual hasta canalizar estos sentimientos y dar paso a la resiliencia”. La exfiscal concluye: “Uno quiere vivir con su familia, extraña el clima de su país, las costumbres. Sabemos que no es el momento de volver, porque no hay condiciones. Esperamos que el Gobierno de Arévalo nos genere esas condiciones. Nos verán volver, ese es el sueño que tenemos y queremos cumplir”.

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