El Supremo de Israel afronta el dilema de decidir sobre la ley que limita sus funciones

El Tribunal Supremo de Israel afronta una encrucijada al tener que examinar una controvertida ley, aprobada este lunes, que precisamente le priva de poderes. Tras recibir ocho apelaciones en 48 horas, la Corte ha decidido este miércoles no detenerla y que entre en vigor, aunque escuchará los argumentos presentados en contra y celebrará una audiencia en septiembre. Ha sido en respuesta a la petición del Movimiento por un Gobierno de Calidad en Israel, una organización de la sociedad civil que la considera un “cambio sustantivo en la estructura fundamental de la democracia parlamentaria israelí y el carácter del Gobierno”. La ley, que retira a la corte la potestad de tumbar aquellas decisiones del Gobierno y de otros cargos públicos electos que considere “irrazonables”, es la primera gran victoria del Gobierno de Benjamín Netanyahu en la pugna con la calle por la reforma judicial que impulsa desde enero en medio de protestas multitudinarias.

Aeyal Gross, profesor de Derecho Constitucional e Internacional en la Universidad de Tel Aviv, cree que el anuncio “no indica nada a priori” sobre la posición del tribunal, al no considerarlo un asunto urgente, y que quizás opte por no dictaminar sobre la ley en abstracto y esperar a su primera consecuencia práctica para pronunciarse.

No obstante, ve una rendija de anulación en lo que el Supremo denomina la aprobación parlamentaria de una “enmienda constitucional [que es] inconstitucional”. Gross recuerda en conversación telefónica que, si la corte optase finalmente por derogarla y el Ejecutivo rechazase cumplir la sentencia ―“lo que dudo que sucediese”, matiza―, el país entraría en una crisis constitucional. Aunque las legislaturas rara vez se completan en Israel, no hay elecciones en principio hasta 2026.

El primer dilema para el tribunal consiste en verse obligado a decidir sobre una norma que afecta a sus propias funciones y que ninguna otra corte nacional tiene potestad para analizar. Más aún cuando toda crítica que emita será fácilmente interpretada por el Gobierno justo como una prueba de la necesidad de la norma. Es decir, una sentencia contraria ahondaría el argumento del Ejecutivo de coalición ―integrado por el partido de Netanyahu (Likud), derechistas radicales y ultraortodoxos― de que resulta imprescindible recortar competencias a la corte porque interviene en exceso, está sesgada contra la derecha y se ha arrogado competencias que no le corresponden.

La tercera encrucijada es la que más divide a los expertos, en parte por tratarse de terra incognita. Lo que el Parlamento aprobó el lunes, con 64 votos a favor y cero en contra (los 56 diputados de la oposición se ausentaron del pleno en protesta antes de la última lectura), es una enmienda a una de las 13 leyes básicas por las que se guía Israel a falta de Constitución.

El país debatió desde su nacimiento, en 1948, si dotarse o no de Carta Magna, pero finalmente optó por que la Kneset fuese promulgando leyes básicas sobre temas cruciales, en parte por las profundas divergencias en asuntos como el papel de la religión en el Estado. En los noventa, el entonces presidente del Supremo y juez más importante de la historia del país, Aharon Barak, dictaminó que el Supremo tiene derecho a anular toda norma que colisione con alguna ley básica, lo que subrayó aún más su carácter constitucional. Desde entonces ha sucedido en 22 ocasiones, pero nunca con una ley básica. Y la modificada el lunes lo es.

El Gobierno ya ha salido al paso de un eventual rechazo. Netanyahu ha subrayado este martes en un comunicado que el Supremo “no está autorizado” a hacerlo y fuentes del Likud lo han calificado al diario Maariv de “arma nuclear que nunca se debe usar”. “Si el Supremo deroga una ley básica, será la gota que colme el vaso, y generará aún más caos”, señalaron. “Es un intento de revertir la decisión democrática hecha por millones de ciudadanos y entregar a una burocracia no electa el poder de echar a un primer ministro […] El Supremo está en una situación difícil y debe ser cuidadoso”.

El ministro de Cultura y Deporte, Miki Zohar, ha asegurado además que “no existe acto más antidemocrático que anular una ley básica aprobada por voto mayoritario en una legislatura surgida de elecciones democráticas”.

Base legal

Amir Fuchs, investigador sénior del centro de análisis Instituto Israelí para la Democracia, con sede en Jerusalén, considera que la corte tiene base legal para echarla atrás, por su posible contradicción con otra norma básica, la que determina que Israel es un Estado judío y democrático. “Si una ley cambia el carácter del país y afecta a la separación de poderes, creo que hay terreno y un argumento fuerte para actuar”, señala por teléfono, antes de destacar que el Supremo no está ante un conflicto de intereses, ya que sus magistrados carecen de una implicación personal en el caso que se estudia. Es, añade, una “situación similar” a la de un Parlamento cuando toma decisiones sobre asuntos que le afectan.

Fuchs señala dos elementos para apoyar la anulación. Uno, los Gobiernos interinos. Sin el filtro jurídico de la razonabilidad, “técnicamente podrían hacer lo que quieran”, como nombramientos de última hora o cambios en el sistema electoral.

El segundo es el “impacto sobre el Estado de derecho” que tendría el cese de la consejera jurídica del Gobierno, Gali Baharav-Miara, un influyente cargo técnico al que el Ejecutivo tiene ganas desde hace tiempo. Más ahora, que acaba de revocar una ley que impedía recusar a Netanyahu o declararlo incapaz de ejercer el cargo por sus imputaciones por fraude, soborno y abuso de confianza. Baharav-Miara consideró el martes que la Kneset hizo un “uso indebido de su autoridad” en marzo, al aprobar esa ley, que tenía como objetivo “mejorar la situación personal del primer ministro y permitirle operar desafiando la decisión del tribunal”.

Nombrada por el anterior Ejecutivo, Baharav-Miara tiene como funciones asesorar al Gobierno, encabezar la Fiscalía General y representar tanto al Estado en los tribunales como el interés público en los asuntos legales. Su predecesor, Avijai Mandelblit, formuló en 2020 un acuerdo de conflicto de intereses con Netanyahu y, a juicio de Baharav-Miara, este lo vulnera desde hace meses al estar involucrado en la reforma judicial, que puede repercutir en sus procesos penales.

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