Bruselas sopesa restringir las inversiones europeas en terceros países para tecnologías avanzadas

La Comisión Europea no quiere que la tecnología más avanzada que se desarrolle en la Unión Europea pueda caer en otras manos sin pasar por su control. De ahí que se esté planteando algún tipo de restricción o límite para las inversiones que las empresas europeas puedan hacer en terceros países en sectores como “tecnología cuántica, semiconductores avanzados, la inteligencia artificial, el 6G, la biotecnología y la robótica”, según un documento que el Colegio de Comisarios analizará este martes y presentará después de la reunión. Es la nueva “estrategia europea de seguridad económica” y tiene en la diana a China.

“La pandemia mundial, la guerra ilegal y no provocada de Rusia en Ucrania, las acciones económicas hostiles, los ciberataques y los ataques a las infraestructuras, las injerencias extranjeras y el aumento global de las tensiones geopolíticas han puesto de manifiesto riesgos y vulnerabilidades en nuestras sociedades, economías y empresas que no existían hace tan sólo unos años”, advierte el borrador de la comunicación conjunta de la Comisión Europea y del alto representante para Política Exterior y de Seguridad, Josep Borrell, al que ha accedido EL PAÍS y que aún puede sufrir alguna modificación. Para afrontar este riesgo, la UE se ha dotado en los últimos meses de algunas herramientas legales para vigilar la inversión extranjera directa (una norma con un destinatario claro: China) y otra para contrarrestar la coerción económica, un mecanismo de respuesta ante agresiones comerciales como los aranceles que impuso la Administración estadounidense de Donald Trump al acero y el aluminio europeos y que también cobran sentido frente al gigante asiático.

Ahora es el momento, según se lee en el documento conjunto, de ampliar esos recursos para cuando “sea necesario hacer frente a los nuevos riesgos, por ejemplo, en relación con las exportaciones o las inversiones en el exterior en un conjunto reducido de tecnologías clave con aplicación militar (por ejemplo, en el ámbito cuántico, los semiconductores avanzados, la inteligencia artificial, el 6G, la biotecnología o la robótica)”.

El texto al que ha tenido acceso este diario ha sido objeto de gran discusión, como muestran los rastros de las modificaciones que contiene, y se ha rebajado. Carece de propuestas legales y reclama más análisis. Tampoco incluye menciones a China ni se señala al país como amenaza. No se sugiere la rivalidad del gigante asiático en ninguna línea de las 16 páginas del documento. Pero es evidente que su sombra está detrás de la comunicación. El texto no señala a Pekín, aunque el foco es evidente y la jefa del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, anunció la “estrategia de seguridad económica” en su duro discurso sobre China del pasado en marzo, en el que habló de “reducción de riesgos” y acusó al gigante asiático de usar herramientas de “coerción económica comercial” para imponer su dominio. Bruselas ha endurecido, además, su enfoque hacia China y resalta ahora más su enfoque de “rival”.

No obstante, la estrategia busca asegurar a la UE —tomando el sector tecnológico, clave para la seguridad nacional— frente a los riesgos que pueden suponer políticas de cualquier país, como en su día las de la Administración de Donald Trump, apuntan fuentes comunitarias. Todo ello, con unas elecciones a la vista, el próximo año, en Estados Unidos y el nombre del expresidente republicano como candidato.

La posibilidad de activar ese control de las inversiones, que ya se mencionó también en la reunión de los países del G7 (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y el Reino Unido, con representación también de la UE) en Japón, en mayo, —e incluso la idea de reforzar el examen a las exportaciones— ha generado debate interno.

La propuesta se enviará al Consejo Europeo, los líderes la revisarán en una cumbre a final de mes, y al Parlamento Europeo. En este ámbito, la discusión también será acalorada. No será fácil que algunos socios como Alemania acepten que Bruselas otee y tenga algo que decir sobre el destino de las inversiones de las compañías germanas más punteras. Un precedente de esto, aunque en sentido contrario, ya ha podido verse hace unos meses con la autorización a la inversión china en el puerto de Hamburgo: el Gobierno de Berlín estaba dispuesto a permitir que el gigante asiático se hiciera con un porcentaje muy significativo (35%) del principal puerto del país; Bruselas no lo veía con buenos ojos; finalmente se autorizó el 25%.

La estrategia europea apunta dos prioridades. “Promover nuestra competitividad, impulsando la resiliencia de nuestras economías y cadenas de suministro, e impulsando la innovación y la capacidad industrial”, señala como primer objetivo la comunicación. El segundo sería “asociarse con países que compartan [con la UE] sus preocupaciones sobre seguridad económica, también tengan intereses comunes y deseen cooperar”.

Las dependencias económica de la UE

Bruselas señala en la estrategia los riesgos para las economías europeas, que podrían, incluso amenazar la seguridad nacional: ”En algunos casos la fuga de tecnología puede fortalecer las capacidades militares y de inteligencia de aquellos que pueden usarla para minar la paz y la seguridad”, dice por ejemplo el documento, que también señala el riesgo de convertir en arma las dependencias económicas de la UE.

La Comisión y el Alto Representante repasan alguna de las herramientas que ya se han desplegado, como el reglamento de control de inversiones extranjeras en la UE. Ese reglamento “ha creado un mecanismo de cooperación para que los Estados miembros y la Comisión intercambien información, planteen preocupaciones relacionadas con la seguridad e identifiquen soluciones específicas con vistas a garantizar la protección de la seguridad”. Bruselas incluso da algún dato de cómo ha funcionado este mecanismo en los últimos años: “Desde octubre de 2020, la Comisión y los Estados miembros han revisado más de 1.000 transacciones”. Y, finalmente, avanza sus intenciones al señalar que está evaluando el marco actual y podría proponer su revisión antes de finales de 2023. Por último, exige a “los Estados miembros que aún no hayan puesto en marcha mecanismos nacionales de control hacerlo sin más demora”.

La iniciativa hace referencia también al instrumento anticoerción económica, cuya forma definitiva fue acordada entre el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE el pasado 6 de junio. “Su principal objetivo es disuadir a [terceros] países de restringir o amenazar con restricciones al comercio o la inversión para forzar cambios en las políticas legítimas de la UE, pero también prevé la posibilidad de que la UE adopte contramedidas como último recurso”, explica, apuntando que es una respuesta a “presiones deliberadas sobre la UE y sus Estados miembros en los últimos años”. Una de esas presiones sería las sanciones que aplicó China contra Lituania, después de que Taiwán abriera una representación en el país báltico. La reacción del gigante asiático ha sido llevada por la UE ante la Organización Mundial del Comercio, pero estos contenciosos tardan años en resolverse.

A la hora de justificar las propuestas que lanza, el borrador de la estrategia explica que otros países y áreas geográficas ya van por delante: “La UE no está sola en este proceso: países de todo el mundo ya han afrontado los retos de su seguridad económica. Algunas economías avanzadas ya han adoptado estrategias en este sentido”.

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