El Departamento de Justicia de EE UU denuncia el historial de abusos y el racismo de la policía de Minneapolis

La reforma policial que en 2020 pareció derivarse como resultado de las protestas por la muerte del afroamericano George Floyd en Minneapolis a manos de un agente blanco sigue pendiente, pese a la promesa de la Administración de Joe Biden de acometer una profunda revisión sobre el uso excesivo de la fuerza y otras manifestaciones de brutalidad policial. Nada o muy poco ha cambiado desde entonces: negros e hispanos siguen siendo los sospechosos habituales, interrogados y arrestados a diario en las calles de EE UU en una proporción desproporcionada en comparación con los blancos. De ahí que las conclusiones de una investigación iniciada en 2021 a raíz de la muerte de Floyd no hayan sorprendido a nadie. Los agentes de policía de Minneapolis hacen un uso rutinario de la fuerza excesivo y discriminan a los negros y a los nativos americanos, ha constatado este viernes el Departamento de Justicia de EE UU al presentar la investigación que promovió. Es decir, la prueba, documentada, del racismo sistémico en la institución.

Además del abuso de la fuerza, la policía de la ciudad también recurre con frecuencia al uso de tasers (pistolas paralizantes) y a abrir fuego innecesariamente, según el informe; también a discriminar a personas con discapacidad y reprimir indebidamente, violando la Constitución, a manifestantes y periodistas. La investigación se inició en abril de 2021 después de que un expolicía blanco blanco, Derek Chauvin, fuera condenado por asesinar a Floyd, un hombre negro, al que asfixió con la presión de su rodilla sobre el cuello mientras le mantenía esposado y tirado en el suelo durante más de nueve minutos, una maniobra de inmovilización que según el informe es práctica habitual del cuerpo.

La prometida reforma policial tendrá que abordarse ahora, gracias a los resultados de la investigación. Será parte de un acuerdo, o decreto de consentimiento, que se negociará con el Departamento de Justicia y será supervisado por un juez federal, ha anunciado en Minneapolis el fiscal general Merrick Garland (ministro de Justicia de EE UU). “Descubrimos que el Departamento de Policía de Minneapolis utiliza habitualmente fuerza excesiva, a menudo cuando no es necesaria, incluida la fuerza letal injusta y el uso irrazonable de pistolas paralizantes”, ha declarado Garland en una conferencia de prensa en el tribunal federal de la ciudad.

Garland, flanqueado por el alcalde y el jefe de la policía de la ciudad en la conferencia de prensa, dijo que los agentes de policía disparan a la gente sin evaluar si existe alguna amenaza y violan sistemáticamente los derechos civiles de los residentes. “Muchos agentes hacen su difícil trabajo con profesionalidad, coraje y respeto, pero los patrones y prácticas que observamos hicieron posible lo que le ocurrió a George Floyd”, dijo el fiscal general.

El asesinato de Floyd a finales de mayo de 2020, captado en el vídeo del teléfono móvil de una transeúnte, desencadenó la mayor oleada de protestas contra la brutalidad policial y el racismo en EE UU, con réplicas en el resto del mundo. Puso también el foco en habituales incidentes en que afroamericanos eran víctimas de errores o abusos policiales, como el asesinato de la joven Breonna Taylor en 2020, poco antes que el de Floyd, por el “estilo agresivo, especialmente contra los negros” de la policía, según constató en marzo pasado otro informe del Departamento de Justicia. Una investigación de ONG de derechos civiles constataba recientemente que la policía de Nueva York interpela y arresta en la calle a negros e hispanos en una proporción incomparable con la sufrida por los blancos.

Muchos en Minneapolis denunciaron en mayo de 2020, mientras aún resonaban las últimas palabras de Floyd durante su agonía (“No puedo respirar… no puedo respirar”), que el uso excesivo de la fuerza por el policía Chauvin no fue un caso excepcional, sino uno más de la rutina de abusos policiales contra los habitantes negros. El informe presentado este viernes en Minneapolis lo corrobora, dejando constancia de varios incidentes en los que los agentes de policía de la ciudad “no rindieron cuentas por su conducta racista” hasta que se produjo una protesta pública por su intervención.

Chauvin acabó siendo condenado a 22 años de prisión por homicidio en junio de 2021 y a otros 20 más tras declararse culpable por uso excesivo de la fuerza y por discriminación. Otros tres agentes implicados en el caso han sido también juzgados y condenados por cargos federales y estatales.

Desde el caso Floyd, con la eclosión del movimiento Black Lives Matter (Las vidas negras importan), el escrutinio sobre la actuación policial contra minorías se ha incrementado, aunque la prometida reforma policial de Biden no se haya sustanciado salvo circunstancialmente, y sólo ahora, como consecuencia del informe, se acometa la del departamento de Minneapolis, en lugar de una sistemática o general de todos los departamentos metropolitanos del país. Hasta ahora, Justicia ha negociado similares acuerdos de supervisión federal en Ferguson (Misuri), Baltimore y Cleveland. Se espera que la negociación con la policía de Minneapolis dure varios meses. El año pasado, al cumplirse los dos años de la muerte de Floyd, Biden recurrió a una orden ejecutiva para limitar el uso de las armas y de la fuerza, pero sólo con aplicación federal, no local.

El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, acogió sin sorpresa los resultados del informe. “Los datos y los hechos que el Departamento de Justicia ha presentado en estas conclusiones están en consonancia con lo que las comunidades de color llevan diciéndonos desde hace muchos años, de hecho generaciones”.

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