Carlos Dada, director de ‘El Faro’: “Mudarnos a Costa Rica implica salvar al periódico, alejarlo de las garras de Bukele”

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, intenta apagar la luz de El Faro, uno de los diarios digitales más prominentes de Iberoamérica. Los periodistas y el director de la publicación, Carlos Dada, lo saben muy bien y por eso en abril decidieron mudar su operación administrativa a Costa Rica. El traslado no significa que El Faro y sus reporteros dejen o vayan a dejar de estar y escribir sobre El Salvador, a pesar de haber sido víctimas de espionaje con el software Pegasus, de una propaganda difamatoria, del acoso de Hacienda y señalamientos de todo tipo de delitos. En los últimos meses, en cambio, han destapado casos de corrupción y la respuesta del oficialismo ha sido la única que dan quienes no pueden refutar los hechos probados por el buen periodismo: el silencio y la descalificación por cuenta de sus voceros oficiosos.

En esta entrevista con EL PAÍS, Dada, uno de los periodistas más respetados y experimentados de la región, ahonda en los ataques que ha sufrido el periodismo por parte de la Administración de Bukele. Advierte, además, sobre la dilapidación de la poca democracia que queda en su país ante la eventual reelección del popular presidente, un afán que viola la Constitución salvadoreña y que se afianza sobre el llamado régimen de excepción, una estrategia de “mano dura” que ha logrado “desarticular” la violencia de las maras.

Pregunta. Según el Gobierno, el régimen de excepción ha tenido efectividad e incluso El Faro, en su momento, habló de desarticulación de pandillas, algo que ha sido bienvenido por los salvadoreños. ¿Cree que sea el antídoto final para la violencia de las maras?

Respuesta. No.

P. ¿Por qué?

R. Las pandillas no bajaron de una nave espacial. Son la expresión más violenta de una sociedad podrida. Voy a citar a monseñor Romero: “Mientras no se solucionen las causas estructurales de la violencia, la violencia no será solucionada”. Esta declaración de Romero, que es del contexto de la guerra civil, es de aplicación universal. Lo que nosotros publicamos en El Faro es una fotografía del momento. Ahora mismo, el régimen de excepción ha desarticulado las pandillas. Pero, de nuevo, es una foto del momento. No sabemos si esto es una nueva realidad, porque el Estado aún no ha llenado el vacío que dejan las pandillas. Tampoco ha atendido las graves causas económicas y sociales que les dieron origen. Por otro lado, el Gobierno de Bukele ha utilizado dos estrategias distintas para lidiar con las pandillas. Una, durante los tres primeros años, que fue negociar con ellas para bajar la tasa de homicidios y darle réditos electorales a su partido, a cambio de beneficios para los líderes en las cárceles. Por ejemplo, negar su extradición a Estados Unidos e incluso liberar a algunos, como sucedió. La siguiente, cuando esa negociación se rompió, ha sido la estrategia represiva. Ambas ya las vimos con Gobiernos anteriores: la negociación y la represiva. En todos los casos nos dijeron que este era el fin de las pandillas. Sin embargo, lo que vimos fue exactamente lo contrario.

P. La otra cara del régimen de excepción son las violaciones a los derechos humanos que se han denunciado, pero por ahora, al menos para la mayoría de la población, eso pareciera no importar. ¿Ve algún riesgo en ello?

R. ¡Por supuesto! Bukele es un populista muy popular por lo siguiente: hay una buena parte de la población salvadoreña que lleva años viviendo con una pistola en la cabeza que se la han puesto las pandillas. La mayor preocupación de toda esa gente ha sido quitarse esa pistola de la cabeza. Es decir, que le dejen de cobrar extorsión, que no maten a sus hijos, que no violen a sus hijas... Todo lo demás es secundario. El respeto a los derechos humanos, la democracia, todo eso es absolutamente secundario para la gente que vive en ese nivel de desesperación. Y es normal. Es lo natural. Bukele es un maestro como no hay, creo yo, ningún otro político en América Latina: conecta directamente con las emociones y los temores de los salvadoreños y se presenta como la solución. Hay tremendas violaciones a los derechos humanos y también una estrategia de represión que ha cancelado todos los derechos de los salvadoreños. Ha permitido la concentración del poder en una sola persona que, además, está al frente de un Gobierno muy corrupto. No es la receta más saludable.

P. El pasado 3 de mayo, la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) denunció una “creciente y sistemática represión” contra la libertad de prensa y el periodismo en El Salvador. ¿Cómo describiría el quehacer diario del oficio en estos momentos?

R. Nosotros tenemos muchos años cubriendo el crimen organizado, violencia y la corrupción. Nunca antes había sido tan complicado hacer periodismo ante el acoso y la persecución de un régimen que necesita silenciarnos. Lo necesita porque una parte fundamental de su estrategia política es imponer una sola narrativa. Necesita silenciar todas las narrativas que escapan de su control. Las campañas de linchamiento público aumentan los riesgos de reportear en la calle. Las intervenciones con Pegasus ahuyentaron a todas nuestras fuentes. El acoso fiscal nos ha obligado a sacar el periódico legalmente de El Salvador, y sobre todo nos ha obligado a dedicar un montón de horas en defendernos o denunciar los ataques contra nosotros. Y son horas que deberíamos estar invirtiendo en investigar a la Administración pública.

P. El Faro es uno de los medios más prominentes de Iberoamérica y han decidido mudarse administrativamente a Costa Rica. Aparte de estos ataques, ¿qué otras causas que no son tan visibles los obligan a tomar esta decisión?

R. El acoso o los ataques contra el periodismo en El Salvador por parte del régimen vienen desde hace bastante tiempo. A nosotros nos han acusado de lavado de dinero, nos han acusado de delitos sexuales, nos han acusado de evasión deliberada de impuestos. En las auditorías de Hacienda nos han pedido los datos personales de nuestros suscriptores. Estamos apelando a todo eso, pero lo estamos haciendo en un sistema judicial que no ofrece ninguna garantía, que está absolutamente controlado por el régimen… Por tanto, no podemos esperar justicia en El Salvador en esas condiciones. Mudarnos a Costa Rica implica salvar al periódico, alejarlo de las garras de un régimen que ha demostrado toda su voluntad para paralizarnos y silenciarnos. Registrarnos en Costa Rica ya impide avanzar contra El Faro. Nosotros, desde El Salvador, seguiremos afrontando y dando curso a los procesos que inició el Estado contra nosotros, pero el periódico ya está fuera de su alcance.

P. Es un panorama que ya se parece mucho al de Nicaragua: APES habla de 11 periodistas que tuvieron que salir como medida preventiva del país, es decir, de la antesala del exilio. ¿Cuál es tu situación y cómo se lidia con ello?

R. Varios periodistas de El Faro hemos salido preventivamente. Algunos regresaron, otros nos hemos quedado más tiempo fuera. Además, este acoso va acompañado de otra serie de medidas, como por ejemplo la aprobación de una ley antipandillas que prevé hasta 15 años de prisión para periodistas y para representantes legales de los medios en los que se publiquen frases o símbolos pandilleros... O cualquier cosa, dice la ley, que ponga en zozobra a la población, con una ambigüedad que les permite aplicarla a discreción. Esta ley está hecha en la práctica para evitar que nosotros sigamos publicando los pormenores de las negociaciones del Gobierno de Bukele con las pandillas. Quieren evitar que sigamos publicando que funcionarios del Gobierno liberaron a líderes pandilleros y para evitar que se conozca la podredumbre que hay adentro del Gobierno con respecto a la negociación con las pandillas. Nosotros hemos tomado una decisión: no vamos a dejar de publicar, porque esto es de sumo interés público y es parte de nuestra obligación. Por tanto, esto nos ha obligado a tener que tomar otra serie de medidas para poderlo hacer. Entre ellas, las salidas temporales de algunos de nuestros periodistas. Este es el problema de tratar de hacer periodismo en un país donde ya no hay acceso a la justicia y donde hemos perdido todas nuestras garantías constitucionales.

P. ¿Estos ataques sistemáticos que están sufriendo tienen parangón en comparación a las administraciones pasadas de ARENA y el FMLN?

R. ¡No! No tienen paralelo. Y te voy a decir por qué: no necesariamente es que los anteriores no tuvieran tanta mala fe. No es esa la razón. La razón es que tenían contrapesos y este Gobierno ya no los tiene. La prueba más fehaciente, que no tiene que ver con el periodismo, es que en febrero el señor Bukele se va a reelegir a pesar de que la Constitución lo prohíbe expresamente en siete artículos y no es su primera violación constitucional. Le dio un golpe de Estado a la Corte Suprema de Justicia y no tuvo ninguna consecuencia porque ya no había contrapeso constitucional. Cuando él decide o el régimen decide atacar a la prensa, pues ya no tiene ningún límite al ejercicio de ese poder. Por eso es que los ataques contra nosotros no tienen antecedentes en esta dimensión.

P. Y hay una inquina bien marcada contra El Faro...

R. Yo creo que al presidente le incomoda que, a pesar de su tremenda popularidad, fuera del Salvador El Faro siga gozando de un gran prestigio y credibilidad. Él nos acusa de haber sido los artífices del deterioro de sus relaciones diplomáticas con otros Estados. Pero aquí hay algo importante: ¿Por qué seguimos manteniendo, creo yo, prestigio y credibilidad? Porque no hemos cedido a las tentaciones de rebajar el discurso público al nivel al que los funcionarios lo quieren llevar. Al contrario, hemos intentado como reacción a esto volver más rigurosos nuestros procesos editoriales, ser más exigentes periodísticamente. Yo creo que es la única manera para el periodismo de responder ante este tipo de embates: más rigurosidad editorial.

P. ¿El régimen de excepción es el combustible ideal para que Bukele se reelija?

R. Sí. El régimen de excepción sirve no solo para reelegirse, sino que está cimentando su figura como un referente político latinoamericano. No solo es un populista, sino que además es popular. Y este es el sueño de todos estos populistas autócratas que abundan tanto en América Latina. Esto va a dejar una huella muy dolorosa en el país. Las dimensiones de lo que ha pasado en estos 14 meses son de este tamaño: se ha detenido a 70.000 ciudadanos salvadoreños. Eso dice el Gobierno, en realidad no sabemos porque ya no hay acceso a la información pública. Eso es más que las cifras oficiales del número de pandilleros en El Salvador. El Gobierno inauguró, y esa imagen le dio la vuelta al mundo, una nueva cárcel. Dicen ellos, la más grande del mundo. Tiene capacidad para 40.000 prisioneros, que no llegan ni siquiera al 66% de los salvadoreños capturados en un año. Están siendo sometidos a juicios sumarios, hay gente muerta en las cárceles. Estamos documentando torturas sistemáticas en las prisiones a partir de los testimonios de algunos de los sobrevivientes. Toda persona que ha logrado salir de esas cárceles habla de personas que han muerto a partir de golpizas, ya sea de policías o de pandilleros. Afuera de las cárceles hay filas de madres a las que no les han dejado ver a sus hijos en meses. Sin una sola prueba, ya no se necesita una orden de un juez para detener a un salvadoreño. Basta que un policía o un soldado te vean sospechoso.

P. Y en materia cercenamiento de libertades, ¿cómo riñe con ellas el régimen de excepción?

R. Coarta todas nuestras libertades políticas y civiles y nos deja disfrutarlas en la medida en que el Gobierno tenga la voluntad de permitirlo. En cualquier momento un policía puede capturar a cualquiera en las calles. Esta arbitrariedad no se llama justicia, se llama venganza. Es decir, si el presidente Bukele de verdad quisiera combatir a las pandillas, no hubiera negociado con ellas. Las convirtió en sus socios políticos al hacer pactos con las pandillas para favorecer a su partido en la elección legislativa. Eso está demostrado. Busca venganza porque las pandillas rompieron el acuerdo hace 14 meses y tiraron 87 cadáveres a las calles. Y va a tratar de maniobrar para mantenerse en la ola hasta ser reelegido. La historia nos demuestra que esta popularidad es imposible de mantener para siempre, sobre todo cuando hay crisis económicas o cuando la gente empieza a exigir nuevamente que le devuelvan sus derechos políticos.

P. Pero ya reelecto va a ser bien difícil detenerlo, ¿no le parece?

R. Sí, por supuesto. Yo creo que también se están preparando para ello. Bukele prometió hace dos años duplicar el número de oficiales del Ejército. Han logrado cerrar filas tanto en el Ejército como en la policía, de tal manera que le han jurado lealtad al presidente por encima de la Constitución. Lamentablemente, cuando la popularidad disminuya, empezará la vía represiva.

P. ¿Cuál es su valoración del momento que atraviesa Centroamérica en materia de libertades? ¿Tiene alguna esperanza?

R. La historia nos da motivos para tener esperanzas. Estos periodos terminan. Mi esperanza no solo es que terminen estos periodos, sino que el periodismo centroamericano, que hoy está demostrando pasar por su mejor momento, llegue igual de robusto, pero con muchas más garantías al final de estos periodos. La situación en Centroamérica es terrible, entre otras cosas porque la democracia es un concepto absolutamente abstracto para las poblaciones más necesitadas o con mayores urgencias. Este es el momento dorado para los autócratas y los corruptos. Ni siquiera hay un proyecto político, no hay una utopía política en ningún país. En Nicaragua hace mucho que el matrimonio Ortega-Murillo no tiene una utopía política; lo que tiene es una ambición y una necesidad de seguir acumulando poder. Es el mismo caso de Bukele, en Guatemala y en Honduras. Con la salida de Juan Orlando Hernández estamos esperando que la presidenta Xiomara Castro cumpla con sus promesas. Lamentablemente los mensajes que están saliendo de Tegucigalpa vienen en sentido contrario. Las democracias van en retroceso en Centroamérica y el populismo va hacia arriba. Pero eso también va a terminar.

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