Singapur ahorca a un preso condenado por traficar con un kilo de cannabis

Singapur ha ejecutado este miércoles en la horca a Tangaraju Suppiah, un singapurense de origen tamil y de 46 años, condenado a la pena capital en 2018 por ser cómplice en el tráfico de un kilo de cannabis. El caso ha acaparado la atención internacional por tratarse de un delito relacionado con una droga cuyo uso medicinal está legalizado total o parcialmente en más de 40 países (entre ellos, Tailandia), además de por las supuestas irregularidades en el proceso que la familia había denunciado en reiteradas ocasiones. Las autoridades han ignorado, no obstante, las peticiones internacionales de clemencia, entre ellas, de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU para Singapur, que había solicitado que se “reconsiderara urgentemente” el fallo.

Un portavoz del servicio de prisiones de Singapur informó de que la ejecución se produjo alrededor de las 06.00 (medianoche, en la España peninsular) en el complejo penitenciario de Changi, ubicado en el extremo oriental de la isla. La familia ha recibido el certificado de defunción, según ha comunicado a través de Twitter la activista contra la pena de muerte Kirsten Han, quien había estado siguiendo el caso.

Tangaraju había sido condenado en 2017 por “participar en una conspiración de tráfico” de 1.017,9 gramos de cannabis en 2013. Un juez dictaminó que Appu, como le llamaban sus allegados, utilizaba un número de teléfono al que contactaban los traficantes que intentaban introducir de contrabando la marihuana en Singapur desde Malasia. Tanto él como sus abogados siempre defendieron que nunca vio o tocó dichas drogas y que fue involucrado por terceros. La sentencia a muerte fue dictada en 2018 y refrendada por otra corte a finales de 2022, tras la última apelación posible. Su familia y organizaciones defensoras de los derechos humanos aseguran que no se le proporcionó asesoramiento jurídico adecuado, que se le negó el acceso a un intérprete de tamil mientras la policía le interrogaba y que la Fiscalía no reveló en ningún momento pruebas clave para el caso.

El centro financiero asiático tiene una de las leyes antidrogas más estrictas del mundo, y contempla la pena de muerte para un mínimo de 500 gramos de tráfico de marihuana. A pesar de las enormes presiones que reciben por parte de activistas para abolir esta práctica, las autoridades insisten en que la pena capital es un elemento disuasorio eficaz contra el narcotráfico, una creencia que la ONU tacha de “mito”.

Desde que Singapur logró la independencia de Malasia en 1965, esta pequeña nación insular de apenas 5,6 millones de habitantes ha estado gobernada por la familia del actual primer ministro, Lee Hsien Loong, quien ocupa el cargo desde 2004. Su padre, Lee Kuan Yew, fue el artífice de que la ciudad-Estado saliera de la miseria y se erigiese en uno de los principales centros financieros del mundo. Si bien Singapur es considerada una próspera democracia con cierto pluralismo político, las sombras autoritarias la persiguen. La libertad de prensa se ha visto coartada en los últimos años por diversas leyes de seguridad nacional y las presiones del Gobierno han provocado la autocensura por parte de los periodistas, según vienen denunciando varias ONG.

Según informa la agencia EFE, Tangaraju había sido consumidor de marihuana desde la adolescencia. Creció en el seno de una familia humilde y pasó su juventud entrando y saliendo de centros de menores y de la cárcel. Cuando se le implicó en este caso se encontraba en libertad condicional y había sido detenido por no presentarse a la policía para un control de drogas.

Ejecutado un preso con discapacidad intelectual

El de Tangaraju marca el primer ajusticiamiento que se produce en la ciudad-Estado en seis meses. Singapur reanudó las ejecuciones en marzo de 2022 tras una moratoria de más de dos años por la pandemia de covid-19, sin embargo, el año pasado batió el récord al llevar a cabo 11 ejecuciones de narcotraficantes, entre ellas la de un preso malasio con discapacidad intelectual, Nagaenthran K. Dharmalingam, condenado por llevar 43 gramos de heroína. Dicho caso provocó una oleada de protestas e incluso la ONU se pronunció al respecto.

El director adjunto para Asia de Human Rights Watch, Phil Robertson, ha aseverado que las pruebas contra Tangaraju estaban “lejos de ser claras”. Por su parte, Amnistía Internacional (AI) ha calificado la ejecución de “arbitraria e ilegal”. El director regional adjunto de AI, Ming Yu Hah, ha declarado que “demuestra una vez más el estrepitoso fracaso que supone la obstinada adopción de la pena de muerte en Singapur”. El Ministerio de Interior del país afirmó el martes que la culpabilidad del reo había sido demostrada “más allá de cualquier duda razonable” y señaló que dos teléfonos móviles, que según la fiscalía pertenecían a Tangaraju, fueron usados para coordinar la entrega de los narcóticos.

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