La policía interroga a Bolsonaro ante las sospechas de que incentivó el asalto golpista

Jair Bolsonaro, presidente de Brasil de 2019 a 2022, ha sido interrogado por la policía este miércoles por la sospecha de que fue uno de los incentivadores del asalto golpista del 8 de enero, el ataque más grave contra la democracia brasileña en décadas. El anterior mandatario ha llegado a la principal comisaría de Brasilia poco antes de las nueve de la mañana, los agentes le han tomado declaración y se ha ido dos horas después. El principal indicio contra el líder de la oposición brasileña es un vídeo que compartió brevemente en redes sociales dos días después de la invasión violenta, cuyo contenido volvía a insistir falsamente en que la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva fue fraudulenta.

La estrategia de la defensa es que aquel video acabó en el Facebook de Bolsonaro por error. “Fue por equivocación, tanto que poco después, a las dos o tres horas, fue advertido e inmediatamente lo retiró”, ha declarado uno de sus abogados a la salida, según informa el diario O Globo. El letrado ha usado como argumento la supuesta torpeza del político de extrema derecha: “El vídeo fue colgado en la página de Facebook del presidente cuando intentaba enviar el archivo a su WhatsApp para verlo después”. El encargado de manejar las redes sociales de Bolsonaro es desde hace años su segundo hijo, el concejal Carlos Bolsonaro, al que su padre reconoce buena parte del mérito de su victoria en 2018.

El interrogatorio al anterior jefe del Estado se produce al día siguiente de que cien de los detenidos por los actos golpistas fueran formalmente acusados por el Tribunal Supremo de delitos como abolición violenta del Estado de derecho.

Lula había tomado posesión una semana antes con una fiesta multitudinaria en la plaza de los Tres Poderes, formada por las sedes del Congreso, de la Presidencia y el Tribunal Supremo. Al domingo siguiente, miles de seguidores de Bolsonaro enarbolando banderas de Brasil asaltaron esos mismos edificios, el corazón de la democracia brasileña, mientras buena parte de las fuerzas de seguridad hacían caso omiso o incluso los escoltaban. Casi 1.400 personas fueron detenidas. Los vándalos arrasaron con el mobiliario y valiosas obras de arte en unos edificios que estaban vacíos.

La investigación por la intentona golpista es solo una de la treintena de casos que hay abiertos contra el expresidente de extrema derecha. El que está más avanzado es por difundir falsedades sobre el sistema de urnas electrónicas que Brasil usa hace 25 años. En ese caso la fiscalía pide que sea inhabilitado durante ocho años, lo cual le impediría presentarse a las próximas elecciones.

Bolsonaro pronunció amenazas golpistas en diversas ocasiones durante sus cuatro años de mandato, y, a medida que se acercaban los comicios , intensificó su campaña para erosionar la credibilidad del sistema electoral. Eso llevó a buena parte de sus seguidores —sin duda los ultras, pero otros muchos— a poner en duda la legitimidad del triunfo de Lula

Cuando tras su derrota, decenas de miles de bolsonaristas acamparon ante cuarteles por todo el país pidiendo una intervención militar, el aún presidente saliente bendijo las propuestas siempre y cuando fueran pacíficas, obviando que pedían una ruptura del orden constitucional. El campamento de Brasilia solo fue desmantelado al día siguiente del ataque contra los tres poderes.

La víspera de entregarle el poder a Lula, su predecesor tomó un avión rumbo a EE UU donde permaneció tres meses. Allí estaba cuando se produjo el asalto a las sedes de los tres poderes. Justo en esos días fue hospitalizado en Florida por una obstrucción intestinal. Uno de sus asesores ha explicado este miércoles que se publicó el vídeo por el que le acusan debido a que estaba bajo los efectos de la morfina incluida en su tratamiento.

El líder de la ultraderecha brasileña ha respondido a todas las preguntas de los agentes, según uno de sus colaboradores. Se supone que entre las cuestiones planteadas habría algunas sobre el papel jugado por el que fuera su ministro de Justicia, el policía Anderson Torres, que lleva tres meses encarcelado por su supuesta participación en el asalto golpista. Fue en su casa donde la los investigadores localizaron un borrador de decreto para legalizar una ruptura institucional.

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