Brasil acusa formalmente de golpismo a 100 detenidos por el asalto de Brasilia

El proceso judicial para castigar a quienes perpetraron, idearon, financiaron y alentaron el ataque golpista que sacudió Brasil el pasado 8 de enero entra en una nueva fase con el procesamiento del primer grupo de detenidos. El Tribunal Supremo resolvió en la medianoche del lunes abrir procesos penales contra 100 de los 1.390 arrestados. Están acusados, entre otros delitos, de golpe de Estado, abolición violenta del Estado de derecho y banda criminal. El expresidente Jair Bolsonaro, investigado por alentar la invasión violenta protagonizada por miles de sus seguidores, está convocado este miércoles a un interrogatorio policial sobre el caso. Aquel domingo 8 de enero, Luiz Inácio Lula da Silva cumplía una semana en la presidencia.

El fallo que dicta la apertura de casos penales contra 100 sospechosos fue aprobado por 8 a 2 con el voto discrepante de los dos magistrados de la más alta corte brasileña nombrados por Bolsonaro. Ambos sostienen que el caso debería ser llevado por un juzgado de primera instancia y que debe haber una distinción clara a la hora de acusar a los que entraron a las bravas en los edificios que albergan el Congreso, el propio Supremo y la Presidencia de las personas que no llegaron a participar en los actos violentos de la plaza de los Tres Poderes, pero durante los dos meses anteriores estuvieron acampadas ante el cuartel general del Ejército reclamando a los militares que intervinieran para impedir la toma de posesión de Lula.

El volumen de detenidos es tan enorme que los jueces los han agrupado en bloques para analizar sus casos. La madrugada de este martes, los magistrados del Supremo empezaron a analizar los cargos presentados por la Fiscalía contra otros 200 detenidos. Los revisan en sesiones virtuales que duran varios días.

Este miércoles, Bolsonaro está citado a prestar declaración en una comisaría de Brasilia. El anterior mandatario, siempre aficionado al terreno de lo ambiguo y sin pudor de contradecirse a sí mismo a menudo, ha condenado el asalto golpista, pero no movió un dedo para desmantelar las protestas ante los cuarteles —las avaló siempre que fueran pacíficas aunque pedían un golpe— y en ningún momento ha reconocido expresamente la victoria de Lula.

Bolsonaro, que con la derrota perdió la inmunidad parlamentaria que tuvo por tres décadas —primero como diputado y luego como presidente—, se enfrenta a una larga lista de investigaciones. La Fiscalía ha pedido que sea inhabilitado durante ocho años en un caso por desinformación. Y en el mes que lleva en Brasil desde su regreso de EE UU ya ha sido interrogado en otro caso, el de las joyas saudíes.

El asalto golpista y sus innumerables derivadas amenazan con capitalizar el debate político en este arranque del tercer mandato de Lula. El caso ocasionó la primera baja de su Gobierno, la del general Marcos Gonçalves Dias, que además era el único ministro militar del Gabinete y amigo. El Gobierno quería que el asunto quedase restringido al ámbito de la investigación policial y el proceso judicial y puso enorme empeño en que el bolsonarismo no lograra instaurar una comisión de investigación parlamentaria sobre el 8 de enero, pero en los últimos días, viendo que no podía enterrarla, ha abrazado la iniciativa.

Entre los investigados por la intentona golpista, hay al menos 81 militares, incluidos tres generales, que están siendo procesados en la justicia civil. Más de 300 detenidos en el palacio de Planalto y las sedes del poder judicial y legislativo siguen en prisión. El más destacado entre los encarcelados es el antiguo ministro de Justicia de Bolsonaro, un comisario de policía llamado Anderson Torres, que era el responsable político de la seguridad pública en Brasilia aquel día en que fue evidente la connivencia de las fuerzas de seguridad con los golpistas.

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