Una niña marroquí reclama la justicia que no obtuvo tras ser violada en grupo durante meses

A Sanaa, que ya ha cumplido 13 años, la justicia de Marruecos le ha dado la espalda hasta ahora. Al mediodía de este jueves llegaba atemorizada y en silencio junto con su familia a la Sala Segunda del Tribunal de Apelaciones de Rabat, repleta de asistentes. Desde los 11 años fue violada en grupo durante meses por tres hombres de su aldea. La dejaron embarazada y tuvo un hijo que ya ha cumplido su primer año. Hace menos de un mes, un tribunal de la capital marroquí condenó a sus agresores a entre año y medio y dos años de cárcel por “atentar contra el pudor de una menor”. En la revisión del caso, los magistrados se han negado ahora a aceptar la petición de sus abogados para calificar los hechos de violación, pero acordaron a propuesta del fiscal que pueda testificar a puerta cerrada para proteger su intimidad, según informó la abogada Fátima Chauri, también presidenta de la Asociación de Lucha contra la Violencia contra las Mujeres. “Confiamos en que cambien de opinión en el nuevo fallo”, aventuraba. En el primer juicio, Sanaa tuvo que mostrar la cara con su bebé en brazos.

Cinco años de prisión es la pena mínima por violación en Marruecos, que puede llegar a sextuplicarse si se trata de una menor y virgen. Pero los jueces que examinaron el caso por primera vez aplicaron a los agresores circunstancias atenuantes, tales como “condiciones sociales” de extrema pobreza, “ausencia de antecedentes” o “la excesiva severidad de la pena prevista a la vista de los cargos”. No tuvieron en cuenta que fue una violación grupal, reiterada y prolongada, ni la corta edad de la víctima. La Corte de Apelaciones de Rabat está revisando la sentencia de la primera instancia, que ha desatado una ola de indignación social. Ha aprobado la comparecencia de una testigo clave, otra menor que presenció los hechos y que también presta declaración a puerta cerrada.

Sanaa permanecía a menudo sola en su casa, una chabola en los alrededores de Tiflet (65 kilómetros al este de Rabat), mientras su padre pastoreaba ganado o acudía al mercado y su madre trabajaba en el campo. Nunca fue a la escuela: su familia tenía miedo de que fuera violada de camino al colegio, a más de siete kilómetros de distancia. Su caso habría quedado en el olvido, como el bled o territorio rural en el que vive, de no haber sido por la enconada protesta surgida desde algunos medios de comunicación y ONG, en medio de la aparente ley del silencio que pesa sobre los delitos sexuales en Marruecos. En primera instancia, Karin A., de 36 años; su sobrino Yusef Z., de 22, y su vecino Abdelwahed B., de 29, fueron condenados por “sustracción de un menor” y “atentado con violencia contra el pudor de un menor”. El cargo de violación no figuraba en la sentencia. Durante el proceso, una prueba de ADN estableció la paternidad del más joven de los agresores sobre el hijo de la niña, aunque no está legalmente obligado a reconocer al bebé ni a contribuir a su manutención.

Desde la sociedad civil de Marruecos, la asociación Insaf ―de ayuda a mujeres en situación de vulnerabilidad, como las madres solteras― amparó a Sanaa cuando se encontraba más desvalida, cargando con un hijo al que apenas podía sostener en brazos. “Desde hace un año hemos intervenido para ayudar y apoyar a la menor y a su bebé. Nos hemos hecho cargo de los gastos médicos, de alimentación infantil y de tratamiento psicológico, así como de la integración de la niña por primera vez en un centro educativo”, explica Amina Jalid, secretaria general de Insaf, presente en el Tribunal de Apelaciones. La sala estaba repleta de abogados que se han sumado gratuitamente a la defensa y representantes de ONG, ante informadoras de la prensa local y extranjera, en medio de un discreto despliegue de seguridad.

La escritora y socióloga Sumaya Naaman Guessu conoció el caso de Sanaa a través de las responsables de Insaf. Su carta abierta al ministro de Justicia, Abdelatif Uahbi, publicada en el digital Le360 hace dos semanas, fue el aldabonazo que despertó a la opinión pública marroquí de su letargo. “Señor ministro. Denuncio que ha habido un juicio inadmisible. Un caso escandaloso para una niñita de 11 años abyectamente violada”, rezaba su misiva. “Estaba paralizada por el miedo a sus torturadores, por eso guardaba silencio”, detallaba esta profesora.

“Lo primero es que se haga justicia para esta chica con el Código Penal vigente en la mano, y aplicar las penas que corresponden a la gravedad del delito”, argumenta Amina Jalid, “pero también habrá que cambiar la legislación. En caso de violación de una menor con agresión y amenazas, los culpables deberían ser castigados con al menos 15 años de cárcel”. La responsable de Insaf se suma al coro de voces que ha emergido desde las ONG y la prensa para reclamar que los jueces dejen de tener tan amplia discrecionalidad para aplicar atenuantes.

Del contenido del fallo ha trascendido a través de la prensa marroquí que uno de los condenados se sirvió de una sobrina, de la misma edad que Sanaa, para averiguar cuándo se encontraba sola la menor, sin la presencia de sus familiares, para violarla en grupo bajo graves amenazas para ella y los suyos si denunciaba lo ocurrido. Esta otra niña, que presenció algunas de las agresiones sexuales, tiene previsto testificar en el juicio de revisión de la primera sentencia, según ha anunciado el abogado de la familia, Mohamed Essabar. Los padres no se percataron del embarazo de su hija hasta que se encontraba en el octavo mes de gestación.

“No es el primer caso y tememos que tampoco será el último en el que se impone una pena tan leve en una caso de esta gravedad”, advierte Jalid. Un estudio elaborado por el colectivo feminista Masaktach (No me callo), citado por la agencia Efe, señalaba que las condenas por violación en Marruecos en 2020 no superaron los cinco años de cárcel en el 80% de las sentencias en primera instancia analizadas, lo que en la práctica supone una permanencia en prisión de poco más de tres años.

La ley ya prevé condenas de hasta 30 años de cárcel por violación que no se suelen aplicar. “Esperamos que el Tribunal de Apelación de Rabat haga justicia a las víctimas de este crimen: los dos menores (madre e hijo) y la familia. Y que ello sirva como precedente para otros casos”, augura Jalid, secretaria general de la asociación Insaf.

En 2012, Amina Filali, de 16 años, se suicidó tras haberse visto obligada a casarse con su violador, una opción de remisión de condena prohibida en Marruecos desde 2014. Ya en 2016, Jadiya Suidi, también de 16 años, se quitó la vida después de que dos de sus violadores fueran excarcelados por las autoridades. Tras la conmoción nacional que suscitó su muerte, siete hombres fueron juzgados de nuevo acusados de su violación y condenados a ocho años de prisión. Un octavo fue sentenciado a cumplir 20 años de privación de libertad. Suidi fue violada y torturada por 12 hombres durante dos meses.

“Ella [Sanaa] vivirá toda su vida con una herida abierta. Tendrá que amar a un hijo fruto de la violencia inmunda y que será para siempre un ciudadano considerado ilegítimo, así como soportar las miradas de una sociedad, que no siempre es clemente. Señor ministro de Justicia, me gustaría poder entender este veredicto”, remachaba su carta abierta la profesora Naaman Guessu. “Este caso, que me ha impresionado, nos concierne a todos los marroquíes”, le replicó casi de inmediato el titular de Justicia, quien ha anunciado una reforma legal y la creación de centros de ayuda para las víctimas de una violación.

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