La policía registra la sede del Partido Popular Europeo en Bruselas por un caso de corrupción

Agentes de la policía belga y alemana han efectuado este martes un registro en las oficinas del Partido Popular Europeo (PPE) en Bruselas, según ha confirmado la propia formación conservadora, liderada por el alemán Manfred Weber. La investigación está vinculada a un presunto caso de corrupción del actual líder del partido conservador CDU en Turingia, Mario Voigt, que supuestamente se produjo durante su paso por Bruselas para trabajar en la campaña del PPE para las elecciones europeas de 2019. Medios alemanes informan de que Voigt habría sido contratado como jefe de la campaña digital por el propio Weber. La nueva investigación, que se produce cuando aún colea el escándalo del Qatargate, que por el momento ha afectado sobre todo a los socialdemócratas europeos, amenaza con sacudir una vez más a las fuerzas políticas de la UE, esta vez a las conservadoras, a solo un año de las nuevas elecciones al Parlamento Europeo.

El PPE se ha limitado a confirmar, en un escueto comunicado, que “representantes de las autoridades policiales belgas y alemanas visitaron la sede del partido en Bruselas” a primera hora de la mañana. “La visita está relacionada con una investigación en marcha en Turingia, Alemania”, añade la información oficial de los conservadores, en la que se asegura que la formación “está cooperando con total transparencia” con las autoridades, proporcionando “toda la información y documentación relevantes”.

Según el medio digital Euroactiv, los agentes se incautaron de ordenadores relacionados con “irregularidades financieras” investigadas en Turingia. Allí, las autoridades llevan desde el año pasado investigando al líder de la CDU en el Parlamento regional, Mario Voigt, que trabajó en Bruselas traído por Weber, miembro del partido hermano bávaro de la CDU, la CSU, según la emisora alemana MDR.

Fuentes de los conservadores europeos subrayan que se trata de “una cuestión entre un contratista que trabajó para el PPE durante la campaña de 2019 y uno de sus subcontratistas en Alemania”. Insisten, además, en que es algo ajeno al grupo conservador en el Parlamento Europeo y lo atribuyen en todo caso a un problema del PPE como partido ―este también lo lidera Weber, que fue elegido presidente de la formación hace un año, con el griego Thanasis Bakolas como secretario general y con la comisaria búlgara Mariya Gabriel en la vicepresidencia―. Además, señalan que el problema, en cualquier caso, lo tiene el “subcontratista” alemán, ya que, aseguran, las cuentas de campaña del PPE ya han sido auditadas sin que se encontrara ninguna irregularidad.

El nombre de Voigt saltó a los titulares en Alemania en septiembre de 2022, cuando se supo que el fiscal anticorrupción estaba investigándole por un posible delito de corrupción en transacciones comerciales. A mediados de octubre, después de que el parlamento regional levantara su inmunidad, la policía registró su domicilio, el de sus padres, y oficinas en busca de pruebas de su relación con una empresa de la localidad alemana de Jena especializada en campañas políticas que había sido contratada por el PPE. La investigación apunta a que percibió 17.000 euros de comisión por hacer de enlace en ese contrato. Uno de los directores generales de la empresa había trabajado previamente para la CDU de Turingia.

La investigación contra Voigt está relacionada con otro de los escándalos de corrupción que han sacudido a la habitualmente tranquila clase política alemana. En el momento de los registros, otro dirigente de la CDU de Turingia, Mark Hauptmann, llevaba meses bajo el foco de la Fiscalía por actuar de intermediario en la compra de mascarillas contra el coronavirus y dejarse sobornar, presuntamente, por países como Vietnam, Azerbaiyán y Taiwán. El caso se cerró por falta de pruebas, pero la documentación incautada a Hauptmann condujo a los investigadores hasta Voigt. El enlace entre ambos es, según MDR, que la empresa de Jena también había trabajado con o para Hauptmann. Como líder de la CDU en Turingia, Voigt era candidato de facto a las próximas elecciones regionales, que se celebrarán en otoño de 2024. Los abogados del político han señalado que la investigación contra su cliente es “desproporcionada” y carece de base.

Golpe a un año de las elecciones

El registro de las oficinas del PPE en la calle de Commerce, a unos pocos centenares de metros de la Eurocámara, promete agitar las aguas de la capital belga cuando solo queda un año para las próximas elecciones europeas. En la cita de mayo 2024, los populares dirigidos por Weber aspiran a seguir siendo el grupo mayoritario, algo que les permite tener, en estos momentos, a dos de los máximos líderes europeos: la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, y la de la Comisión Europea, la también alemana (y de la CDU) Ursula von der Leyen.

La noticia del registro policial viene a ensombrecer un día de celebración para los conservadores europeos tras la victoria de la derecha en Finlandia, que les daba esperanzas de mantener su fuerza en Bruselas. Weber está, además, apoyando con fuerza la candidatura del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en España, uno de los países que más ansían volver a gobernar los populares europeos.

Este potencial nuevo escándalo se conoce cuando todavía colea la trama de presuntos sobornos a eurodiputados y otras altas figuras europeas por países como Qatar o Marruecos. El Qatargate ha salpicado, por el momento, sobre todo a los progresistas de S&D, dirigidos por la española Iratxe García: todos los eurodiputados y exparlamentarios imputados hasta ahora, desde el presunto cabecilla de la trama, el antiguo eurodiputado Pier Antonio Panzeri, a la máxima responsable detenida, la ya exvicepresidenta de la Eurocámara Eva Kaili, formaban parte del partido socialdemócrata europeo.

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