Una comisión parlamentaria acusa a Lasso de atentar contra la seguridad del Estado y pide un juicio político

La comisión legislativa que investigó durante tres semanas un presunto caso de corrupción y supuestos vínculos de personas cercanas al presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, con grupos narcodelictivos recomendó este miércoles que el primer mandatario sea sometido a un juicio político por atentado contra la seguridad del Estado y cohecho, delitos que están previstos en la Constitución ecuatoriana.

El grupo de asambleístas, que en su mayoría es de oposición, aprobó con seis votos a favor y uno en contra, el documento que denominó El Gran Padrino. La iniciativa surgió a raíz de un informe de la Policía Antidrogas de Ecuador en 2021, llamado León Troya, en el que investigó una supuesta relación del albanés Dritan Gjika, investigado por narcotráfico, y de Rubén Cherres, amigo cercano de Danilo Carrera, cuñado del presidente Lasso.

En la sesión que duró más de nueve horas, los legisladores argumentaron que las supuestas irregularidades que encontraron se enmarcan en el delito de “traición a la patria por atentar contra la seguridad del Estado”. Sin embargo, al final de las intervenciones, hubo una moción para modificarlo y eliminaron “traición a la patria” para acusar al presidente de “atentar contra la seguridad del Estado”.

Esto se habría dado bajo la modalidad de omisión en la que supuestamente habría incurrido el presidente Lasso “para proteger a su cuñado”. Según los asambleístas, él conoció el informe policial que fue archivado a petición del exdirector Antidrogas, Geovanny Ponce, uno de los generales cuya destitución fue pedida por el presidente tras el femicidio de la abogada María Belén Bernal, en la escuela de Policía el 11 de septiembre de 2022. El mandatario, sin embargo, se retractó de esa decisión y dejó a Ponce en el cargo.

La comisión también relaciona a Lasso con “delitos como delincuencia organizada, concusión, cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, fraude procesal y obstrucción a la justicia”, por haber designado a los funcionarios que fueron parte del directorio de las empresas públicas que tejieron una presunta red de corrupción en la que cobraban millonarios sobornos a cambio de contratos y en la que también hubo tráfico de influencias para la designación de ministros y funcionarios. “Se diseñó un andamiaje institucional para la corrupción”, dijo la asambleísta Viviana Veloz, quien preside la comisión.

El informe no fue aprobado por unanimidad, el asambleísta Gruber Zambrano, quien presentó un documento de minoría -que no fue discutido-, votó en contra de la petición de la censura del mandatario y aseguró que el informe aprobado “ya estaba hecho”. “No sé de dónde viene, lo que quieren es tumbar este Gobierno por intereses partidistas, personales y económicos”, añadió.

El ministro de Gobierno, Henry Cucalón, calificó el contenido del informe “de un mamotreto, un documento que no tiene ni pies ni cabeza, sin valor jurídico alguno”. El informe de la comisión no es vinculante, y para que continúe el proceso contra Lasso, que puede durar alrededor de un mes, se requiere de la aprobación de varias instancias en la Asamblea Nacional y deberá ser enviado a la Corte Constitucional, que verificará si cumple los requisitos constitucionales y si las causales están fundamentadas. De tener el aval de la Corte, volverá al pleno de la Asamblea, que requiere de al menos la votación a favor de 92 de 137 legisladores para censurar y destituir al presidente de la República.

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