Moldavia teme ser la próxima víctima de los intentos de desestabilización del Kremlin

Moldavia vive inmersa en la tensión política por las amenazas de la cercana guerra en territorio ucranio, recrudecida en las últimas horas por la nueva ofensiva rusa, y la crisis interna, que desembocó el pasado viernes en la caída del Gobierno pro occidental encabezado por Natalia Gravilita. La dimisión llegó horas después de que el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, anunciara el jueves en Bruselas que los servicios de espionaje de su país habían interceptado documentos de Rusia que supuestamente mostraban que Vladímir Putin planeaba un golpe de Estado en Moldavia, la pequeña antigua república soviética incrustada entre Rumania y Ucrania.

El plan, según la información de Ucrania, consistía en utilizar a ciudadanos de Bielorrusia, Serbia y Montenegro, con entrenamiento militar, para cometer acciones violentas pretendiendo ser manifestantes y subvertir el orden constitucional. La presidenta de Moldavia, la proeuropea Maia Sandu, aseguró el lunes que el intento de Rusia de emprender acciones subversivas no es nuevo: “En otoño ya hubo intentos de desestabilizar y socavar el Estado, pero no lograron su objetivo gracias a la rápida intervención de nuestras instituciones de seguridad y orden público”. Entonces, la atención se centró en la crisis energética provocada por Rusia, que buscaba provocar un gran descontento entre la población y generar violentas protestas.

Esta vez, según ha subrayado la presidenta, el intento de desestabilización contemplaba el ataque contra edificios estatales y la toma de rehenes usando elementos “subversivos, con entrenamiento militar, camuflados de civiles, que emprenderían acciones violentas”. La presidenta de esta república, de apenas 2,6 millones de habitantes, ha indicado que el objetivo de esas “acciones violentas disfrazadas de protestas por parte de la llamada oposición” sería “forzar el cambio de poder en Chisináu”. La jefa de Estado ha afirmado que los documentos recibidos desde Kiev aportan “ubicaciones y aspectos logísticos de la organización de esta actividad subversiva”, así como instrucciones sobre las reglas de entrada a Moldavia para ciudadanos de la Federación Rusa, Bielorrusia, Serbia y Montenegro.

Por otro lado, las autoridades moldavas han cerrado este martes por motivos de seguridad su espacio aéreo. Así, la dirección de aviación civil ha precisado que el cierre se había efectuado entre las 11.24 y las 14.47 (una hora menos en la España peninsular). No se especificó la razón, pero un periódico moldavo habló de “un dron extranjero que vuela sin autorización”. Poco después, el Ministerio de Defensa rumano ha informado de que el sistema de vigilancia de la Fuerza Aérea detectó, alrededor de las 12.30 (una hora menos en la España peninsular), un pequeño objeto aéreo, con forma de globo meteorológico, a una altitud de unos 11.000 metros en el espacio aéreo nacional, en el sudeste del país. Dos cazas fueron a la zona y no consiguieron avistarlo.

Rusia niega las acusaciones

La portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova, ha rechazado este martes las acusaciones de instigar un golpe de Estado y las ha tachado de “gratuitas”, y sin fundamento. Para la diplomática, están basadas en información clasificada que es imposible de verificar: “Luego la utilizan para justificar sus propias acciones ilegales”. Zajárova cree que Kiev desea “implicar a Chisinau en una dura confrontación con Rusia”, al tiempo que Moldavia aprovecha esa “información falsa” para “alimentar el mito de la amenaza rusa; distraer a los ciudadanos moldavos de los problemas internos, causados ante todo por el fracaso de la política socioeconómica de la actual Administración; y para fortalecer la lucha contra la disidencia y los oponentes políticos”.

Para Estados Unidos, sin embargo, “las informaciones son profundamente preocupantes”, según ha declarado John Kirby, portavoz del Consejo Nacional de Seguridad de la Casa Blanca. Kirby ha mostrado su inquietud por el presunto complot ruso, aunque ha añadido que “no está fuera de los límites del comportamiento ruso”.

Además, la presidenta Sandu ha añadido que el Kremlin también iba a contar con el apoyo de “fuerzas internas, especialmente grupos criminales como la formación [política prorrusa] Șor y todos sus brazos; veteranos o personas del entorno de [el oligarca fugitivo Vladímir] Plahotniuc”. Sandu ha asegurado que el objetivo de estas acciones era “socavar el orden constitucional y cambiar el poder legítimo de Chisináu a uno ilegítimo”. “Esto pondría a nuestro país a disposición de Rusia y detendría el proceso de integración europea”, ha denunciado.

Para evitar este escenario, la mandataria ha pedido a todas las instituciones del Estado la máxima vigilancia e instado al Parlamento de Moldavia a adoptar “lo antes posible los proyectos de ley que doten al Servicio de Información y Seguridad [SIS] y a la Fiscalía de las herramientas necesarias para combatir los riesgos para la seguridad del país”. “Todos aquellos que participan en estas acciones dirigidas contra el Estado de la República de Moldavia, elementos externos, miembros de partidos políticos y grupos criminales, y todos aquellos que los protegen, deben rendir cuentas”, ha puntualizado Sandu.

Desde la oposición, la coalición de socialista y comunistas ha tachado la declaración de la presidenta de irresponsable y exigido que las pruebas de Kiev se hagan públicas. “Si el SIS tiene evidencias, debe presentarlas al público. De lo contrario, tales declaraciones pueden considerarse como una provocación destinada a llevar a Moldavia a un conflicto militar, causando histeria en la sociedad, intimidando a la oposición e intensificando la represión política contra todos los insatisfechos”, ha precisado en un comunicado la alianza de izquierdas. Por su parte, el partido nacionalista de derecha radical Șor ha arremetido contra Sandu al acusarla de usurpación de poder, al mismo tiempo que ha animado a convocar nuevas protestas para este domingo. Marina Tauber, vicepresidenta de esta formación afín al Kremlin, ha advertido de que si se conceden más facultades a los órganos de seguridad del país “habrá nuevos abusos de poder y violaciones de los derechos humanos”.

Dimisión forzada

El Ejecutivo moldavo ha atravesado en los últimos meses varias crisis graves que han erosionado su imagen y el nivel de confianza, como la llegada de refugiados de Ucrania, el aumento de precios, o la crisis energética. La combinación de factores ha provocado un fuerte descontento en la población, fomentado por los partidos prorrusos. La dimisión de la primera ministra Natalia Gravilita, y de su Gabinete, el pasado viernes, intentaba reparar la maltrecha imagen del Gobierno. Aunque Gavrilita logró mantener la estabilidad económica en momentos críticos, nunca conectó con la población. En una encuesta de enero, la ex primera ministra no aparecía en la lista de líderes políticos en los que confiaban los ciudadanos.

La lentitud de las reformas emprendidas por el país es otro de los motivos de la dimisión del Gobierno. Moldavia ha emprendido una serie de cambios de calado en la justicia, la política energética, las infraestructuras y la seguridad. Todas están sujetas a las demandas para la integración en la UE y la ruptura con el legado prorruso. A pesar de la importante ayuda de Rumania y otros socios occidentales, algunos cambios han creado descontento dentro del partido gobernante, el liberal PAS, así como entre sus seguidores.

Además, el apoyo de Gavrilita a su viceprimer ministro, Andrei Spinu, figura controvertida dentro del PAS, tampoco ha ayudado. La dirigente se ha puesto del lado de Spinu en varias polémicas decisiones. Sandu pronunció un duro discurso ante el Gobierno en diciembre, precisamente tras una polémica decisión de Spinu, que entregó a Transnistria —una región independiente de facto gracias al apoyo de Rusia— todo el gas comprado a Gazprom a cambio de electricidad. Después, la presidenta solicitó al Gobierno que explicara públicamente la decisión y que reorganizara su actividad en el sector energético, lo que todavía no ha ocurrido.

La presidenta Sandu también dejó entrever su descontento con el Ejecutivo en una entrevista el pasado 2 de noviembre: “Seguro que hay espacio para algo mejor”. Tras la dimisión de Gavrilita, ha propuesto como primer ministro a Dorin Recean, fiel colaborador y que comparte partido y orientación prooccidental con la jefa de Estado.

“No esperamos un cambio en el rumbo europeísta de Moldavia, al contrario. Es probable que el Gobierno de Recean ponga un énfasis aún mayor en la agenda proeuropea”, afirma por teléfono Mihail Isac, especialista en política interna de esta república. “Recean se centrará más en los temas de seguridad, dado que fue ministro de Interior y encabeza el Consejo de Seguridad, en un contexto en el que el país está bajo la amenaza constante de Rusia y del enclave separatista de Transnistria”, subraya el experto.

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