El sector privado en Cuba reclama una reforma real de la economía

El sector privado crece y lucha por afianzarse en Cuba en medio de una de las peores crisis de su historia, que ha exacerbado las tensiones sociales como nunca antes. En un país que en los años sesenta estableció el monopolio del Estado sobre la economía y nacionalizó más de 50.000 pequeños negocios particulares, desde las bodegas y bares hasta los estudios de arquitectura, ya cerca de un millón y medio personas trabajan en el sector no estatal, que emplea al 34% de la fuerza laboral y participa en el PIB con cerca de un 14%. Tras más de una década de espera, en septiembre de 2021 fueron autorizadas las micro, pequeñas y medianas empresas privadas (mipymes), con personalidad jurídica y un límite máximo de 100 trabajadores, abriéndose un nuevo escenario en el país. Más de 6.000 han sido aprobadas, una de cada cuatro de ellas del sector de la construcción, pero todavía numerosas limitaciones lastran el funcionamiento y desarrollo de estos negocios y el trabajo de los nuevos emprendedores, que cada vez reclaman con más fuerza sus derechos y la profundización de las reformas.

Un ejemplo de las trabas y contradicciones de la actual apertura es la situación de los arquitectos e ingenieros, que todavía tienen prohibido el ejercicio privado de su profesión y no pueden constituir mipymes para realizar proyectos, lo que ha provocado una reclamación gremial inédita en Cuba. Más de 700 profesionales del sector han firmado varias cartas dirigidas a las más altas instancias del Gobierno demandando su derecho a ejercer de modo independiente una actividad que consideran vital para salvar La Habana y otras ciudades de Cuba de su creciente deterioro ―según datos oficiales, en 2021 el 37% de las 3.946.000 viviendas que constituyen el fondo habitacional de Cuba estaba en mal estado o regular―. En países socialistas como China o Vietnam el problema lo resolvieron hace tiempo y los arquitectos pueden trabajar libremente, señalan. Pero en Cuba, año 2023, no es posible.

“Es una incongruencia y un desatino. Se ha creado una situación absurda, ya que más del 25% de las empresas privadas aprobadas están relacionadas con la construcción. Han quedado autorizadas todas las actividades constructivas en el sector privado, menos la inicial y decisiva: el proyecto a construir. Esto favorece el intrusismo profesional y atenta contra la calidad de las obras que se realizan, en momentos en que muchas edificaciones en Cuba están en mal estado y cuando el creciente sector privado requiere cada vez más de la remodelación y construcción de locales para instalar sus nuevos negocios o la rehabilitación de viejas viviendas”, coinciden los prestigiosos arquitectos Abel Tablada y Orlando Inclán, ambos firmantes de las cartas.

La prohibición de ejercer el trabajo independiente para arquitectos, ingenieros y otros profesionales, recogida en el decreto 49, de agosto de 2021, está motivada por las tesis defendidas en el último congreso del Partido Comunista de Cuba, celebrado en abril de ese mismo año, el último bajo la dirección de Raúl Castro. El expresidente cubano criticó entonces en su informe central las demandas de los profesionales en los siguientes términos: “Parecería que el egoísmo, la codicia y el afán de mayores ingresos provocan en algunos el aliento para desear que se inicie un proceso de privatización que barrería los cimientos y las esencias de la sociedad socialista construida a lo largo de más de seis décadas”. Por ese camino, dijo, “en poco tiempo se desmontarían también los sistemas nacionales de educación y de salud pública, ambos gratuitos y de acceso universal para todos los cubanos”.

En las diversas reuniones que desde entonces han mantenido los arquitectos con altos funcionarios de los ministerios de la Construcción y de Economía y Planificación, por activa y por pasiva han defendido que “no se trata de privatizar un servicio, pues el Estado ni siquiera lo ofrece, ya que las grandes empresas estatales de proyecto atienden solo grandes obras, no rehabilitaciones y construcciones particulares de pequeña escala”, explica el arquitecto Universo García. En la misma línea, su colega José Antonio Choy señala que el gremio no está proponiendo “privatización alguna” sino que los profesionales del sector puedan aportar a las mejores soluciones arquitectónicas y urbanísticas por el bien del país. “El problema de si se permite o no el trabajo independiente para los arquitectos cubanos, va más allá de una medida laboral. Trasciende al ámbito de la sociedad y de su cultura, ya que un Gobierno que no permite el ejercicio y la libre expresión de la arquitectura, el debate y su confrontación, limita el importante papel que tiene la arquitectura y la ciudad en la calidad de vida de sus ciudadanos”.

A su juicio, compartido por los más de 700 profesionales que se han adherido a la reclamación, autorizar el trabajo independiente serviría para “elevar la calidad de la arquitectura y de las ciudades, que se ve amenazado en la actualidad por una producción arquitectónica y urbana mediocre o peor aún, que amenaza al patrimonio construido del país”. A las insistentes cartas y peticiones del gremio a las autoridades para que rectificaran y acabasen con la prohibición, el ministro de la Construcción (MICONS), René Mesa, respondió en un inicio con el argumento de que “por el momento” habían valorado que no era “conveniente la autorización del ejercicio de nuevas actividades profesionales”.

Posteriormente, ante las quejas de los arquitectos por la falta de respuestas, en otra reunión varios viceministros del ramo expresaron abiertamente su preocupación por abrir este espacio porque podría provocar “un efecto dominó” en otras profesiones, y un posible éxodo del sector estatal al privado. Como solución de compromiso, el MICONS propuso entonces la creación de unas experimentales mipymes estatales de arquitectura, de las que más de un año después solo ha logrado crearse una.

Abel Tablada, que durante años trabajó como investigador en Bélgica y profesor en Singapur, desde donde realizó numerosos viajes a Vietnam con sus alumnos, resume de forma muy gráfica su desconcierto: “Me he imaginado la vergüenza que sentiría si tengo que contarle a alguno de mis amigos vietnamitas que en 2023 los arquitectos cubanos estamos reclamando el derecho a ejercer de forma independiente. Quizás un arquitecto francés o canadiense conocedor de nuestra realidad pudiera entender nuestra situación al asumir que vivimos en un Estado socialista centralizado. Pero un vietnamita no lo entendería, pues aun viviendo en un país con un sistema de partido único y pocas libertades políticas, tiene por otra parte muchas más libertades económicas”. No sería posible explicarle, asegura: “Que nosotros, que tanto ayudamos a su país hace cinco décadas, estemos ahora con tal atraso legislativo en el sector económico y constructivo. No comprendería que las autoridades, que se supone deben trabajar para el desarrollo del país, estuvieran posponiendo una discusión de la que se sabe su conclusión por lo básico de los derechos reclamados”.

Posible éxodo

Sobre el posible éxodo de arquitectos e ingenieros hacia el sector privado, “la situación es tanto o más paradójica”, opina el sociólogo Carlos García Pleyán, “si se tiene en cuenta que las facultades de arquitectura gradúan más de 200 arquitectos anualmente y la mitad de ellos están abandonando el país en busca de mejores oportunidades”. Con esta “innecesaria prohibición”, indica, “pierden los arquitectos (su posibilidad de realización profesional), pierden los ciudadanos (el necesario servicio de asistencia técnica de arquitectura), pierden los emprendedores (la calidad y funcionalidad de sus instalaciones), pierde la ciudad (la imprescindible atención a su patrimonio edificado) y pierde el país (con el éxodo de profesionales)”.

La semana pasada, nuevamente las demandas del gremio fueron escuchadas por altos dirigentes del Gobierno durante el noveno congreso de la Unión Nacional de Arquitectos e Ingenieros de la Construcción de Cuba (UNAICC). Pero de momento, nada. Observa Pleyán que si el caso de los arquitectos es “especialmente lamentable” e ilustra de modo claro los miedos y contradicciones del Gobierno ante el proceso de reformas, es solo un ejemplo de las abundantes limitaciones oficiales que siguen entorpeciendo el desarrollo y funcionamiento del sector privado, que en estos momentos de crisis es más necesario que nunca.

La falta de financiamiento y créditos, los elevados impuestos, la excesiva burocracia que enlentece y complica de forma delirante cualquier gestión o la ausencia de un mercado cambiario oficial que permita a los nuevos empresarios adquirir las divisas que necesitan para importar y cerrar el ciclo de sus negocios, son algunas de las trabas a que se enfrentan los emprendedores. Oniel Díaz, de la empresa consultora Auge, que ha asesorado a más de un centenar de mipymes en su proceso de constitución, piensa que aunque el proceso de apertura no tiene marcha atrás, lo peor son los vaivenes y “los titubeos oficiales, que hacen que las autoridades ni siquiera cumplan con lo que han legislado” y se pierda credibilidad y un tiempo que vale oro. Díaz ha planteado incluso la necesidad de crear una asociación de empresarios privados cubanos que pueda canalizar las preocupaciones del sector y luchar por sus legítimos derechos. La respuesta: silencio siberiano.

Según Pleyán, “todo esto muestra los estrechos límites de cualquier puesta al día de un sistema que identifica socialismo con Estado, incluso en contradicción flagrante con los últimos documentos programáticos aprobados, así como las enormes dificultades de dialogo de las autoridades con la sociedad civil. Si bien a veces se escuchan los planteamientos, no se abre un verdadero debate en el que argumenten las dos partes”. Considera este sociólogo que “son grandes todavía las dificultades para evolucionar y adaptarse a los nuevos contextos nacionales, bajo el pesado manto de la continuidad”. Choy dice que como de momento nada se ha resuelto y no se puede trabajar, ahora se dedica al dibujo y ha hecho una serie que ha bautizado como El arte de la espera. En enero de 2023, en medio de una crisis galopante que ha puesto al país contra las cuerdas, en eso se anda en Cuba.

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