La ONU recomienda a Perú “limitar el uso excesivo de la fuerza” de policías y militares

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha publicado este viernes sus recomendaciones para Perú. El organismo ha realizado más de 200 sugerencias, muchas de ellas relacionadas con la convulsa situación que vive el país andino, en medio de una fuerte protesta social contra el Gobierno actual, dirigido por la presidenta Dina Boluarte. Las manifestaciones están siendo duramente reprimidas y ya suman más de medio centenar de fallecidos. Así, el informe final, entre otros asuntos, hace continuas referencias al excesivo uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad, así como a su necesario control.

La Comisión de Derechos Humanos no ha efectuado un dictamen centrado en estas protestas, sino que estaba en plena revisión del estado de los derechos humanos en Perú, dentro de la denominada revisión periódica universal (Universal Periodic Review). Se trata de un mecanismo del Consejo, en vigor desde 2005, y que examina a los 193 Estados miembros de la ONU. Tras 2008, 2012 y 2017, la presente auditoría es la cuarta para Perú y ha coincidido con las manifestaciones.

Después de analizar diversa información ―un resumen elaborado por el Estado, además de informes de expertos independientes y de organizaciones centradas en la defensa de los derechos humanos, incluidos colectivos sociales―, la delegación, en la que han participado 93 países, entre ellos España, ha publicado este viernes sus conclusiones. De las 202 propuestas realizadas, más de una veintena hablan de “evitar el uso desproporcionado de la fuerza” por parte de los agentes responsables de la seguridad del Estado. Así aparece en los dictámenes de, entre otros, Argentina, Dinamarca, Italia, Australia, Finlandia o Alemania, que además ha sugerido que se entrene a los agentes y militares en estrategias de desescalada de conflictos “para evitar la muerte violenta de manifestantes”. Aunque el informe se emite de manera conjunta, desde la Comisión de Derechos Humanos, las recomendaciones son emitidas por cada país, quedando detallada la aportación de cada uno en el documento final.

Tras la detención del expresidente Pedro Castillo, el 7 de diciembre, acusado de intentar dar un autogolpe de Estado, una serie de protestas comenzaron a extenderse por el país, que no han hecho más que arreciar. Hasta el momento, en las manifestaciones han fallecido 60 personas, la mayor parte de ellas consecuencia de las acciones de la policía o el ejército. A esto se suman las imágenes de agentes y militares deteniendo brutalmente a ciudadanos desarmados o apuntado ―incluso disparando e hiriendo― a periodistas.

“El presidente era de provincia, campesino, agricultor, profesor rural…. Nos estamos moviendo porque votar por Pedro Castillo nos hacía sentirnos realizados, identificados, y representados”, explicaba la activista feminista Lourdes Huanca en una entrevista en EL PAÍS. Aunque Huanca, presidenta de la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú, considera que la espita de las actuales protestas sociales fue la detención del expresidente; también defiende que lo que espolea ahora mismo a los manifestantes es la desigualdad y el racismo estructural en el país andino.

Abolición de la pena de muerte y protección para indígenas

Otro buen número de sugerencias del Consejo de Derechos Humanos se han centrado en la lucha contra el “racismo estructural” que sufren en Perú tanto las comunidades indígenas como la población afrodescendiente. “Se debe fortalecer el marco legal e institucional para luchar contra la discriminación”, ha reclamado Ecuador, al igual que Marruecos o Bangladesh. La abolición de la pena de muerte; la salud sexual y reproductiva de las mujeres, con acceso al “aborto legal y seguro”; la mejora de los derechos del colectivo LGTBI; o el acceso a agua potable, sobre todo en las zonas de la montaña, y a la educación han sido otros asuntos por los que el comité ha mostrado su preocupación.

“La delegación peruana ha recibido 202 recomendaciones de los Estados”, resumen desde la ONU. También recuerdan que estas no son vinculantes: “El Gobierno las examinará y tiene hasta junio para informar de su posición final”.

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