Irán sentencia al futbolista Azadani a 26 años de cárcel y acumula ya 16 condenas a muerte por las protestas

El régimen iraní ha sentenciado este lunes al futbolista Amir Nasr Azadani a 26 años de cárcel por el supuesto asesinato de tres miembros de las fuerzas de seguridad, colusión para cometer delitos y ser miembro de grupos ilegales. La información del arresto de Azadani, en diciembre en pleno Mundial, y su posible condena a muerte provocaron críticas en todo el mundo por parte de asociaciones de futbolistas y organizaciones de derechos humanos. “Matan en la calle con armas y en prisión con la ley”, afirmó en Twitter el sábado el abogado Saeid Dehghan, acerca de las consecuencias de las protestas en el país. Además, este lunes se han conocido otras tres condenas a muerte.

La fuerte represión policial ha provocado cerca de 500 fallecidos, entre civiles y miembros de las fuerzas de seguridad, y casi 20.000 detenidos desde la muerte el 16 de septiembre de la joven Mahsa Amini bajo custodia policial tras haber sido arrestada por no llevar correctamente el velo islámico. De forma paralela a la dura respuesta en la calle, los tribunales aceleran las sentencias en unos juicios calificados como “farsas” e “injustos” por la ONG Amnistía Internacional (AI) y grupos opositores. El régimen suma ya 16 condenas a muerte y cuatro ejecuciones públicas—las dos últimas, el fin de semana— en un intento de detener las protestas que sacuden el país desde septiembre.

Las últimas tres condenas a muerte fueron anunciadas este lunes. Saleh Mirhashemi, Majid Kazemi Sheikh Shabani y Saeed Yaqoubi han sido sentenciados a la pena capital por moharebe ―enemistad contra Dios― tras ser acusados de matar a tres basijis (fuerzas de seguridad paramilitar), el 16 de noviembre en la ciudad de Isfahan, según informó la agencia de noticias Mizan.

Los tres condenados se unen a otros 13 sentenciados a muerte en la horca en los últimos meses por el supuesto asesinato de miembros de las fuerzas de seguridad, pero también por herir a policías o bloquear calles, según las autoridades iraníes. Entre los reos hay un joven de 18 años, Arshia Takdastan, sentenciado la semana pasada a la horca acusado de ser el líder de una multitud que se manifestó en la plaza principal de la ciudad de Noushar y de cometer actos delictivos durante los disturbios.

Las autoridades iraníes han ejecutado hasta ahora a cuatro acusados de participar en las protestas: el 8 de diciembre fue ahorcado Mohsen Shekari, de 23 años, por supuestamente herir a un basiji con un cuchillo, bloquear una calle y crear terror en Teherán. Solo cuatro días después, fue ejecutado en público un segundo manifestante, Majid Reza Rahnavard, acusado de asesinar a dos agentes de seguridad. Y el sábado, fueron ejecutados Mohammad Mehdi Karami y Mohammad Hosseini por el supuesto asesinato de un miembro de la seguridad paramilitar.

Críticas

Los ahorcamientos han provocado fuerte rechazo internacional. La Unión Europea, entre otros, se ha declarado consternada y ha pedido a Teherán en reiteradas ocasiones que anule sin demora las condenas a muerte de los manifestantes. Varios países, y también la UE, han convocado a los embajadores iraníes para expresar su condena por las ejecuciones. Los procesos judiciales han sido puestos en duda por organismos de derechos humanos como AI o la ONU, que han denunciado los juicios como “farsas”, “injustos” y una “venganza”.

Además, activistas iraníes han denunciado que los juicios se están celebrando a puerta cerrada, en tiempo récord, con confesiones obtenidas bajo tortura y en muchos casos sin la presencia de abogados.

Rahnavard, ejecutado en público, fue condenado en un juicio que duró un día. Y la familia de Karami, ahorcado el sábado, denunció que no les habían permitido elegir a un abogado y que el letrado seleccionado para ellos no respondió a sus llamadas.

A las condenas de muerte se suma un número indeterminado de sentencias a prisión, de las que se conocen varios cientos. A mediados de diciembre, los medios iraníes informaron de que al menos 400 manifestantes habían sido condenados, solo en Teherán, a penas de entre 2 y 10 años de cárcel.

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