Teherán arresta a iraníes con nacionalidad británica y reitera que hay conspiración extranjera en las protestas

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán ha aludido de nuevo este lunes a la tesis de la conspiración extranjera como origen de las protestas que ya duran más de tres meses en Irán, después de que este domingo la Guardia Revolucionaria detuviera a siete personas, según un comunicado divulgado por los medios de la propaganda oficial. Entre ellas, hay un número no precisado de ciudadanos con doble nacionalidad iraní y británica. Al ser interrogado por un periodista sobre esas detenciones, el portavoz del Ministerio, Nasser Kanaani, ha asegurado que Londres desempeña un “papel destructivo” en la actual oleada de descontento popular, cuya mecha fue la muerte bajo custodia policial, el 16 de septiembre, de la joven de 22 años Mahsa Amini, detenida por dejar ver parte de su cabello bajo el velo.

“Algunos países, especialmente el que usted ha mencionado [Reino Unido], han desempeñado un papel poco constructivo en los recientes acontecimientos en Irán. Su papel ha sido totalmente destructivo e incitado los disturbios”, criticó Kanaani. Este portavoz se limitó luego a anunciar que Teherán ha notificado su situación y “comunicado sus delitos” a los respectivos gobiernos de los detenidos —no aclaró si hay personas de otras nacionalidades en el grupo de siete—.

El comunicado del domingo de la Guardia Revolucionaria —la organización paramilitar cuyo objetivo es proteger al régimen iraní— presentaba a esas siete personas como “líderes principales de las recientes protestas”, afirmaba que algunos de ellos tenían doble nacionalidad y aseguraba que habían sido detenidos por los servicios de inteligencia de la fuerza paramilitar cuando trataban de abandonar el país. No han trascendido otros datos sobre quiénes son esos siete iraníes vinculados con el Reino Unido. El Ministerio de Asuntos Exteriores británico ha anunciado que está tratando de buscar más información sobre ellos.

Irán mantiene encarcelados a decenas de ciudadanos de la Unión Europea y de otros países occidentales, entre ellos, dos españoles, el madrileño Santiago Sánchez, de 41 años, arrestado el 2 de octubre, y la gallega de 24 años Ana Baneira, cuya detención se conoció el 10 de noviembre.

En octubre pasado, el Center for Human Rights in Iran (CHRI), con sede en Nueva York, cifraba en al menos 20 los occidentales presos en el país, de los que 14 tienen doble nacionalidad, por lo que Teherán no les reconoce la condición de extranjeros ni permite que se les preste asistencia consular. El 30 de septiembre, el Ministerio de Inteligencia y Seguridad Nacional iraní informó de la detención de otros nueve europeos. La lista del CHRI tampoco incluye a los 40 extranjeros cuyo arresto reveló el 22 de noviembre el portavoz del Poder Judicial de Teherán, sin detallar sus nacionalidades. Los casos conocidos de ciudadanos de la UE afectan a Francia (7), Suecia (5) Alemania (4), Austria (2), España (2), Bélgica (1), Holanda (1) y Polonia (1). Además, hay estadounidenses, canadienses y suizos. También británicos, a los que se suman los detenidos con doble nacionalidad de este domingo.

Fuentes diplomáticas europeas no tienen duda de que las acusaciones contra los europeos detenidos son casi siempre falsas y que se trata de “rehenes con los que Teherán presiona para frenar la imposición de sanciones”; por las violaciones de derechos humanos o por el suministro por parte de Irán de los drones que usa Rusia para atacar Ucrania.

Desde el inicio de unas protestas que los analistas consideran uno de los mayores desafíos, si no el mayor, de la historia de la República Islámica instaurada por el ayatolá Jomeini en 1979, Teherán ha detenido a más occidentales y, sobre todo, reprimido con enorme dureza a su propia población, mientras culpaba a Occidente, Estados Unidos, Israel y Arabia Saudí de orquestar unas protestas en las que las mujeres y los jóvenes están teniendo gran protagonismo. Según la organización iraní de derechos humanos en el exilio, HRANA, hasta el domingo habían muerto 507 manifestantes, entre ellos 69 menores, en las protestas. Esta organización calcula que más de 18.500 manifestantes han sido detenidos.

A la horca con 22 años

Tras las ejecuciones a principios de diciembre de Mohsen Shekari y Majid Reza Rahnavard, ambos de 23 años, este fin de semana se confirmó que otro manifestante, Mohammad Qabadlo, de 22 años, será ejecutado en la horca, condenado por graves delitos de los que él se declara inocente. La semana pasada, los medios oficiales iraníes habían informado de que el Tribunal Supremo del país había aceptado el recurso de este joven y del rapero de origen kurdo Saman Seydi Yasin, conocido por aludir en sus letras a la desigualdad, la opresión y el desempleo. En un comunicado posterior, la agencia de noticias propagandística del poder judicial iraní, Mizan News, precisó que solo se había aceptado la apelación de Yasin, cuyo juicio tendrá que ser repetido.

Mohammad Qabadloo fue acusado de matar a un agente de policía y herir a otros cinco durante las protestas, algo que él niega. Su abogado ha denunciado que ni siquiera pudo entrar en la sala donde se celebraron las audiencias del juicio de su cliente. Según la ONG iraní Iran Human Rights, este joven fue juzgado en primera instancia por un tribunal revolucionario presidido por el juez Abolqasem Salavati, a quien las organizaciones de derechos humanos iraníes llaman “el juez de la horca” por la cantidad de penas capitales que han salido de su puño y letra. Salavati llegó a condenar a muerte por herejía a un hombre de 37 años, en septiembre de 2014, por definir el mito de Jonás y la ballena, que también recoge el Corán, como “una alegoría”.

Amnistía Internacional ha alertado de que las autoridades iraníes han pedido ya la pena de muerte para al menos otras 26 personas durante lo que la organización califica de “juicios falsos concebidos para intimidar a quienes participan en el levantamiento popular”. Según Amnistía, a todos los condenados a muerte se les ha negado el derecho a una defensa adecuada y el acceso a letrados de su elección. Los grupos de derechos humanos afirman que, en lugar de ello, los acusados tienen que recurrir a abogados de oficio que incluso apoyan las tesis acusatorias de la Fiscalía.

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