La comisión del asalto al Capitolio recomienda que se prohíba a Trump presentarse de nuevo

En las 814 páginas del informe final hecho público el jueves por la noche por la comisión del Congreso de Estados Unidos que ha investigado el ataque al Capitolio, el nombre de Donald Trump aparece en 4.207 ocasiones. La media sale a más de cinco veces por página. De modo que el expresidente es el protagonista absoluto del lanzamiento más esperado de estas navidades en Washington. Sus autores —siete demócratas y dos republicanos que han trabajado durante 18 meses, han entrevistado a un millar de personas y han revisado un millón de documentos— concluyen lo que para pocos puede ser una sorpresa a estas alturas: “un solo hombre”, Trump, capitaneó “un plan de varias partes para revocar las elecciones presidenciales de 2020″, pese a las abundantes evidencias en contra de la teoría falsa del robo demócrata en las urnas.

El documento amplía y detalla los hallazgos que la comisión ha ido compartiendo en sus audiencias televisadas. También pide que el Congreso considere prohibir a Trump y a los funcionarios que colaboraron con él en aquellos meses que puedan volver a presentarse para un cargo público, amparándose en una interpretación del castigo que la decimocuarta enmienda reserva a los insurrectos. “Nuestro país ha llegado demasiado lejos como para permitir que un presidente derrotado se convierta en un tirano”, escribe en las primeras páginas el demócrata Bennie Thompson (Misisipi), presidente del órgano bipartidista.

El problema en el caso del cabecilla es que esa recomendación —que no es sino eso, una recomendación sin poder vinculante— llega tarde. Trump ya anunció a los pocos días de las recientes elecciones legislativas (de las que salió como claro perdedor) que se presentará a las presidenciales de 2024. Solo una condena en las múltiples causas pendientes que tiene desde Washington a Nueva York, pasando por Atlanta, podría impedírselo.

La particular semana horribilis del magnate empezó del mismo modo que termina. El lunes, la comisión del 6 de enero votó por unanimidad acusarlo de cuatro delitos (incitación a la insurrección, obstrucción de un procedimiento oficial de Congreso, conspiración para difundir falsedades electorales e intento de fraude a Estados Unidos). Después, publicaron un aperitivo de su informe final a modo de resumen ejecutivo. El comité llegó en ambos casos hasta donde puede: señalar esos crímenes al Departamento de Justicia, en cuyo tejado ha caído una pelota cargada de pruebas incriminatorias.

Entre medias, otra comisión del Congreso ordenó el martes la publicación de las declaraciones de impuestos del expresidente entre 2015 y 2020, tras una batalla judicial que se remonta a la campaña que lo llevó a la Casa Blanca y a solo dos semanas de que los demócratas cedan el control de la Cámara baja a los republicanos, que llegan deseosos de enterrar estas investigaciones. El miércoles publicaron una suerte de contrainforme que cargaba la culpa del 6 de enero en los fallos de seguridad que, afirman, vivió la ciudad aquel gélido día.

El monumental texto de la comisión bipartidista incorpora un apéndice de 30 páginas sobre la respuesta del Gobierno a las señales de los servicios de inteligencia que advirtieron de la tormenta de violencia que se avecinaba sobre Washington (tormenta que se cobró cinco vidas y dejó heridos a centenares de agentes). Esos capítulos finales nacen del compromiso salido de la pugna de las últimas semanas en el seno del comité entre quienes, como la vicepresidenta Liz Cheney, una de las republicanas más odiadas por Trump, consideraban una distracción desviar el foco de la responsabilidad del magnate y los que, en aras de la credibilidad, apostaban por ofrecer el cuadro más completo posible.

No está claro qué va a pasar en una Cámara de mayoría conservadora con las 11 propuestas que incorpora el informe final de la comisión para evitar que el 6 de enero se repita. Entre ellas, destaca una reforma cuya aprobación está prevista para antes del relevo, como parte de un monumental paquete de gasto que pasó el jueves a toda prisa el trámite del Senado, antes de que llegara el frente polar que ha puesto a Estados Unidos en alerta roja.

Ese cambio legislativo persigue aclarar el papel que, en la certificación del resultado de las urnas, otorga al vicepresidente una ley electoral de 135 años de antigüedad cuyas ambigüedades contribuyeron, en una torticera interpretación, al ataque a Capitolio. Trump quiso creer que estaba en la mano de Mike Pence negarse a reconocer el triunfo de Joe Biden y convenció a los suyos de que, al no hacerlo, estaba traicionando a la democracia estadounidense. En realidad, el papel del vicepresidente se limitaba a certificar el resultado oficial.

Otras recomendaciones pasan por estrechar la vigilancia de las agencias federales sobre grupos extremistas como los que abastecieron aquel día a Trump de insurrectos o la designación de la jornada en la que se cuentan los votos electorales en el Congreso como un evento nacional especial de seguridad. Eso blindaría el trámite democrático que interrumpió la turba del 6 de enero con la protección reservada a ocasiones especiales como la toma de posesión del nuevo presidente o a los discursos del Estado de la Unión.

Mientras siguen los juicios contra Trump por presionar a funcionarios electorales en Georgia o la investigación por los papeles clasificados como alto secreto que se llevó sin encomendarse a nadie de la Casa Blanca a su residencia en Mar-a-Lago, la pregunta ahora es cuáles serán los siguientes pasos del Departamento de Justicia. Su jefe, Merrick Garland, designó recientemente a Jack Smith como fiscal especial para sortear los aprietos en los que la decisión de Trump de presentarse pone a su departamento, que depende del presidente Joe Biden, probable contrincante del magnate en 2024. El anuncio tan temprano de su candidatura pretende precisamente eso: tratar de pasar esas investigaciones por una persecución política.

Al conocerse el resultado de 18 meses de escrutinio sobre sus actos, Trump reaccionó en Truth, la red social que fundó tras su expulsión de Twitter: “El informe del comité nada selecto y altamente partidista no menciona deliberadamente el hecho de que [Nancy] Pelosi [presidenta hasta fin de año de la Cámara de Representantes] no prestó atención a mi recomendación de que se usaran tropas en Washington, no muestra las palabras “Pacíficamente y Patrióticamente” que usé [en el mitin que dio aquel día cerca del Capitolio], ni estudia el motivo de la protesta, el Fraude Electoral ¡CACERÍA DE BRUJAS!”, escribió el expresidente (y, como de costumbre, las mayúsculas son suyas).

Truth Social es el único foro en el que se prodiga últimamente. Independientemente de las consecuencias penales que tengan los trabajos de la comisión, sus nueve miembros podrán consolarse al menos con el daño a la reputación de Trump que parecen haber ocasionado los seis meses de audiencias televisadas. El magnate reaccionó multiplicando su perfil público al inicio de esas sesiones, que recibieron la consideración de históricas y las comparecencias con otras trascendentales ocasiones en el Congreso, como el Watergate. Hasta se atrevió a volver a Washington para participar en un acto del ala más a la derecha del Partido Republicano.

Esa hiperactividad continuó durante la campaña electoral, en la que dio decenas de mítines que convirtió en espectáculos multitudinarios medidos al milímetro, como si de una estrella del rock se tratara. También apoyó a candidatos cuyo extremismo e inexperiencia provocaron que los republicanos perdieran la oportunidad, que parecía cantada, de recuperar el control del Senado. Pese a la decepción electoral, y a que le han salido enemigos en casa como el gobernador Ron DeSantis —que ya lo superaría, según las últimas encuestas, en unas hipotéticas primarias —, Trump anunció su intención de presentarse por tercera vez a la Casa Blanca en un acto en Mar-a-Lago.

En la residencia de Palm Beach (Florida) vive recluido desde entonces, rodeado por un puñado de “sicofantes inexpertos”, según una investigación de The Washington Post. Juega al golf y organiza polémicas cenas como la que sentó a su mesa dos días antes de Acción de Gracias a Nick Fuentes y a Ye, el rapero antes conocido como Kanye West, dos notorios antisemitas. También comparte en su red social las revelaciones de los Twitter Files, documentos internos con información sobre cómo la compañía hoy propiedad de Elon Musk manejó los turbios negocios en el extranjero de Hunter Biden, hijo del presidente, y prepara al mundo para sus “anuncios importantes”, como el que avanzó la semana pasada. La cosa acabó siendo más risible que trascendental cuando presentó una línea de cartas de sí mismo en las que se le ve disfrazado de las más variadas maneras (astronauta, cowboy, superhéroe), algunas de ellas bastante ridículas. Las vendía como criptoactivos digitales (NFT) a razón de 99 dólares la pieza. En total, 45.000 imágenes. A las pocas horas, aseguró que las había vendido todas.

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