La reforma de la prestación de desempleo en Alemania encalla: la derecha critica que desincentiva buscar trabajo

Casi dos décadas después de la profunda reforma de las ayudas sociales que pilotó el excanciller Gerhard Schröder, otro socialdemócrata, Olaf Scholz, se dispone a acabar con el controvertido sistema Hartz IV y a sustituirlo por una renta ciudadana, el Bürgergeld (literalmente, dinero ciudadano). El Gobierno de coalición quería que entrara en vigor el 1 de enero, pero esa fecha peligra: este lunes los democristianos han bloqueado la ley en el Senado (la Cámara alta del Parlamento alemán o Bundesrat), donde el tripartito de socialdemócratas, verdes y liberales no controla la mayoría de los votos. Sin la ley tampoco entrará en vigor el aumento de 53 euros al mes con el que el Gobierno quería compensar a los perceptores por la altísima inflación.

La nueva renta ciudadana es la reforma social más ambiciosa de la legislatura. Entre otras cosas, eleva la cuantía de las prestaciones y elimina las sanciones con las que Hartz IV amenazaba a los perceptores si faltaban a alguna cita con la oficina de empleo o si rechazaban cualquier puesto de trabajo. El nuevo sistema se basa en la confianza. Incluye un periodo de carencia durante el que no se aplican esas sanciones y amplía el límite del patrimonio o los ahorros que puede tener un desempleado para acceder a las ayudas. Casi 3,7 millones de personas perciben actualmente estos subsidios, que se cobran cuando se acaba el subsidio de desempleo.

Pero lo que para el Gobierno de Olaf Scholz equivale a devolver la dignidad a los perceptores del Hartz IV es para la oposición de la CDU y la CSU bávara poco menos que un regalo. El líder de los democristianos, Friedrich Merz, asegura que el nuevo sistema es un primer paso hacia una renta ciudadana incondicional y considera que desincentiva la búsqueda activa de empleo. “Es injusto que los trabajadores financien a quienes podrían trabajar, pero no reciben incentivos del Estado para aceptar un puesto de trabajo”, aseguraba este domingo en una entrevista en el diario Welt.

La coalición defiende que se trata de todo lo contrario: de dar herramientas y sustento a los desempleados para que puedan dedicarse a buscar trabajo sin el agobio de no saber cómo pagar la luz o la comida. El Gobierno confía en que este sistema ayude a paliar la grave crisis de falta de mano de obra cualificada que padece Alemania. La reforma incluye más facilidades para acceder a formación.

La Cámara baja del Parlamento, el Bundestag, aprobó la ley la semana pasada. Pero ahora el bloqueo en el Bundesrat deriva la reforma a un “comité de mediación” que se creará ex profeso para llegar a un acuerdo. En los próximos días, los 32 miembros, 16 del Bundesrat y 16 del Bundestag, tendrán que sentarse a encontrar puntos comunes. De allí debería salir una propuesta que volvería a votarse.

El problema es que el tiempo se está agotando. Según explicó en el Bundesrat el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Hubertus Heil, el proceso legislativo tiene que completarse a finales de noviembre para que la ley pueda entrar en vigor como estaba previsto el 1 de enero de 2023. Lo más urgente es incrementar los pagos mensuales a los perceptores, los más afectados por la galopante inflación, que ha superado el 10%. Con el nuevo Bürgergeld la prestación básica de manutención para una sola persona será de 502 euros al mes, 53 euros más que ahora.

“El bloqueo por parte de la CDU-CSU es una triste señal para las personas particularmente afectadas por esta crisis. El comité de mediación debe ahora encontrar rápidamente un acuerdo para que el ingreso ciudadano pueda empezar el 1 de enero de 2023″, aseguró en su cuenta de Twitter Marcel Fratzscher, presidente del instituto económico DIW.

El Gobierno defiende que el Bürgergeld ya no pondrá a los perceptores de ayudas sociales bajo sospecha general de fraude. En los primeros seis meses no se impondrán multas por incumplimiento de las obligaciones de presentarse a entrevistas o citas en la oficina de empleo, salvo casos excepcionales si alguien rechaza constantemente cooperar. Además, podrán mantener su patrimonio durante los dos primeros años siempre que este sea inferior a los 60.000 euros, más 30.000 euros por cada miembro adicional del hogar.

Los conservadores argumentan que dar ayudas sociales a una familia de cuatro miembros con 150.000 euros en el banco desincentiva la búsqueda de empleo. Tampoco se obligará, como sucede ahora, a mudarse a los perceptores a un apartamento más pequeño si el Estado les sufraga el alquiler. El sistema ofrece también ingresos extra durante los periodos de formación.

El Hartz IV, que toma el apellido del exgerente de Volkswagen al que Schröder encargó el diseño de la reforma, fusionaba en un único sistema prestaciones que antes iban por separado, como el subsidio de desempleo y las ayudas sociales. El nuevo sistema incrementó la presión sobre los desempleados para que aceptaran ofertas de empleo, incluso por debajo de su cualificación profesional o lejos de su domicilio, puesto que de lo contrario perdían las prestaciones.

Para muchos expertos, las polémicas reglas del Hartz IV acabaron con la carrera política de Schröder. El socialdemócrata fue muy criticado, dentro y fuera de su partido, y sufrió decenas de protestas callejeras contra la reforma. Poco después de aprobarla, en 2005, perdió las elecciones y la democristiana Angela Merkel empezó la primera de sus cuatro legislaturas consecutivas. La oposición acusa a Scholz de impulsar el Bürgergeld para superar “el trauma”. “Entonces teníamos desempleo masivo, hoy estamos hablando de escasez de trabajadores”, responde el ministro Heil, para quien lo que ahora se necesita es “reducción de la burocracia, capacitación, cualificación y seguridad”.

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