La falta de acuerdo en la UE dificulta la adopción de nuevas sanciones contra sectores clave de Rusia

Ocho meses van ya de guerra de Rusia contra Ucrania; y ocho paquetes de sanciones acumula la Unión Europea contra el régimen de Vladímir Putin. Después de introducir a casi 1.300 personas y a 155 empresas en la lista negra de Bruselas, de cerrar el espacio aéreo a los vuelos rusos, vetar el carbón, la madera o el acero, aún hay espacio para imponer más sanciones que aprieten las tuercas de la economía con la que el Kremlin sustenta su invasión a gran escala. Todavía quedan posibilidades de actuación: desde la importación del uranio que alimenta algunas centrales nucleares europeas a las medidas frente al banco Gazprombank, en el que Moscú recibe los ingresos del gas que todavía vende. Pero el margen para lograr acuerdos tajantes sobre sanciones entre los socios comunitarios se va recortando.

Ahora, tras imponer medidas restrictivas a Irán por suministrar drones de uso militar al Kremlin, la Comisión Europea sopesa elaborar un nuevo paquete, pero sobre Bielorrusia. Bruselas, que ya sancionó al régimen autoritario de Aleksandr Lukashenko, aliado de Putin, por su ayuda a Moscú tras la invasión, busca ahora un nuevo impulso disuasorio sobre Minsk, que permite destacamentos de tropas rusas y ataques a Ucrania desde su territorio por donde se puede abrir otro flanco en la guerra.

Desde que Putin iniciara la guerra total sobre Ucrania en febrero, la UE ha sancionado a su círculo más cercano (desde sus personas de confianza a sus hijas, pasando por su supuesta amante), además de un buen número de oligarcas, banqueros, funcionarios, propagandistas del Kremlin, la cúpula militar rusa y las autoridades impuestas por Moscú en los territorios ocupados y anexionados ilegalmente. También las principales empresas públicas rusas están sancionadas y casi todos sus grandes bancos se han visto expulsados del código de operaciones internacional. Además, se ha impuesto un embargo parcial al petróleo ruso y a cientos de componentes químicos y tecnológicos. Asimismo, se han prohibido las exportaciones de cientos de productos rusos de todo tipo y de algunas materias primas.

Las sanciones, que han supuesto la prohibición de alrededor de un tercio de las exportaciones a Rusia, según los expertos, y en torno a dos tercios de las importaciones, se han hecho notar en la economía rusa más despacio y algo menos de lo esperado debido a la política del Kremlin de convertir el país euroasiático en una “fortaleza”, como dice Elina Ribakova, experta del Institute of International Finance.

La economía rusa se está cerrando sobre sí misma y es cada vez más complicado encontrar datos fiables, como destaca un estudio del Instituto Bruegel. Pese a ello, sufrirá a medio y largo plazo. Y los ingresos fiscales del país están comenzando ya a verse afectados, no solo por las sanciones, sino también por el desacoplamiento energético por parte de la UE, la incapacidad de Rusia para encontrar alternativas iguales y la fuga de cerebros.

Pies de plomo

La guerra avanza hacia su noveno mes y, pese a que Moscú se está empleando a fondo contra la infraestructura civil y energética ucrania, parece que ha caído un poco el apetito por imponer nuevas sanciones en la UE. La Comisión Europea aboga más bien por cubrir lagunas de paquetes anteriores y por centrarse en medidas que dificulten que se sorteen las sanciones. Los países bálticos y Polonia han presentado varias propuestas para sacar adelante nuevas medidas, con una lista que recoge desde la prohibición del gas natural licuado a los drones civiles, los teléfonos inteligentes, el veto a que ciudadanos rusos compren propiedades inmobiliarias en la UE o el fin del comercio de ciertos metales. Pero Estados miembros como Grecia, Malta o Hungría, que ya han arrastrado los pies en los últimos paquetes, son reticentes. Mientras, países como Alemania y Países Bajos consideran que los próximos movimientos hay que emprenderlos con pies de plomo, tanto para seguir guardando cartas en la manga contra el régimen de Putin como para preservar la unidad de los Veintisiete. En esto, algunos sectores se han mostrado intocables una y otra vez.

El uranio —que Rusia exporta para su uso en la producción de energía nuclear y del que dependen centrales de Finlandia, Eslovaquia, Francia o Hungría— no está bajo sanciones, pese a las presiones de los bálticos y de organizaciones ecologistas. Alrededor del 20% del uranio enriquecido utilizado por la industria nuclear de la UE proviene de Rusia, según cálculos de Greenpeace.

Ucrania ha reclamado reiteradamente a la UE que sancione el uranio y otros sectores estratégicos rusos. “El régimen de Rusia está en parte sufragando la guerra con los miles de millones de euros que obtiene de vender petróleo, uranio, gas a la UE”, critica Oleg Ustenko, asesor económico del presidente ucranio, Volodímir Zelenski. “Las sanciones deben avanzar y abarcar más”, insiste.

Las rendijas de las sanciones

La UE ha sancionado la importación de petróleo ruso que llega por barco. Y en diciembre entrará en vigor la imposición de medidas que restringen el transporte de petróleo a terceros países (imponiendo un precio límite al crudo transportado). Esta fórmula sigue los pasos del G7. Sin embargo, aún se permite la llegada de petróleo por tubería, y el comercio marítimo a terceros países abre la puerta a mecanismos para sortear las sanciones, apunta un alto diplomático europeo.

El gas ruso, del que la UE se está desenganchando, tampoco está en la lista de sanciones. Pero mientras que las importaciones de gas natural han caído, las de gas natural licuado han aumentado silenciosamente este año en Estados miembros como Países Bajos, Bélgica, España o Francia, según varios informes. Las importaciones han llegado fundamentalmente desde la empresa rusa privada Novatek, el mayor productor “independiente” de gas natural de Rusia, y el segundo mayor productor de gas natural del país, por detrás de la empresa de control estatal Gazprom.

Novatek sirve como un buen ejemplo de ciertas empresas privadas rusas que todavía no han quedado bajo el paraguas de las sanciones, se lamenta un alto diplomático. Se han librado porque no es tan automático hacer la relación entre sus finanzas y sus aportaciones a la guerra de Rusia contra Ucrania. Sin embargo, la realidad es que en Rusia la división entre lo privado y lo estatal a veces es invisible y ninguna empresa no pública se mueve —y, por supuesto, ninguno de los oligarcas que las manejan pestañea— sin el beneplácito del Kremlin. Todas aportan al capital de la economía de guerra de Putin, y no solo a través de los impuestos.

Otros sectores en los que todavía queda espacio para las sanciones, pero que ha resultado por ahora intocable, es el de los diamantes, cuyas exportaciones en bruto han resultado muy lucrativas para Rusia. En el último paquete de sanciones, a principios de octubre, se intentó introducir a la minera Alrosa, una importante empresa de diamantes de la que el Estado ruso tiene un 66% de las acciones. La compañía ingresó unos 5.600 millones de dólares (cantidad ahora equivalente en euros) en 2021, de los que una buena parte fueron al presupuesto nacional, según datos que ha comentado Putin.

Según el borrador del octavo paquete de sanciones preparado por la Comisión Europea, adelantado por EL PAÍS, Alrosa apoya a la armada rusa sustentando económicamente al submarino Alrosa y participa así en un sector económico que proporciona una fuente sustancial de ingresos al Kremlin. Sin embargo, la minera de diamantes se terminó por caer de la lista en la negociación con los Estados miembros. Bélgica, a través de la ciudad de Amberes, era el principal destino de las exportaciones de diamantes rusos antes de la guerra, con una compra de unos 1.800 millones de euros al año. Y aunque el país que acoge las principales instituciones comunitarias presionó mucho para que el sector de los diamantes ni siquiera estuviese sobre la mesa de las opciones en las sucesivas rondas, no es el único socio comunitario que se ha movido para vetar el sector de estas piedras preciosas de la lista negra de la UE.

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