“Si gana Lula recortaremos el 30% de la plantilla”: las denuncias a empresarios por acoso electoral se disparan en Brasil
Los trabajadores presentan seis veces más quejas que en los comicios de 2018, la gran mayoría vinculadas a llamados al voto por Bolsonaro
![Jon Martín Cullell](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/https%3A%2F%2Fs3.amazonaws.com%2Farc-authors%2Fprisa%2F9fa85cfb-e3c4-4f29-be36-4d61c08de30f.png?auth=f48f9653a61febd0215c74963c0050c56bf5412fbe7dcbb9915c2351e11b8f38&width=100&height=100&smart=true)
![Una seguidora de Bolsonaro, con un cartel que dice "Lula, ladrón".](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/NKSYCO2JM2QHVNI275KZXW3U3E.jpg?auth=17e699e3845495af7358a4e9bb36f7c5491d4b655223ff7d1fe92b5cedcad8ec&width=414)
La batalla electoral brasileña se ha colado en los lugares de trabajo. Desde llamados al voto hasta avisos de despidos, las denuncias de trabajadores contra sus patrones por acoso electoral baten récords. Las quejas registradas, 1.633 en lo que va de campaña, han crecido un 670% respecto a las elecciones de 2018, según datos de la Fiscalía hasta el mediodía de este miércoles. El número de empresas demandadas también es doce veces mayor que hace cuatro años.
En medio de este clima de polarización, las autoridades han advertido de que la coacción del voto es un crimen electoral, pero las denuncias no han dejado de crecer desde la primera vuelta. En la inmensa mayoría de casos, se intenta favorecer al ultraderechista Jair Bolsonaro frente al izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, a quien los patrones presentan como una amenaza a la estabilidad. Casi siempre, las involucradas son empresas pequeñas y medianas en Estados que Bolsonaro ganó en primera vuelta.
Una tienda en Mato Grosso, en el centro del país, invitó a personas con un supuesto origen venezolano a dar una charla a los trabajadores sobre el peligro de que Brasil se vuelva “comunista”. Una invitada relató las duras condiciones de vida en Venezuela y dijo que no le gustaría que el país vecino pasase por lo mismo, según recoge la denuncia del Ministerio Público del Trabajo (MPT), la fiscalía encargada de vigilar el cumplimiento de la legislación laboral. “Cuando un Gobierno socialista gana, no quiere soltar”, advirtió. El MPT ha llevado el caso a la justicia y ha pedido que la empresa emita un comunicado que reafirme la libertad de voto de sus empleados.
En otros casos, se ha agitado el miedo a los despidos. Concrevali, una cementera de una pequeña ciudad de Paraná, al sur del país, avisó de una caída significativa en la producción “ante la posible alteración de directrices económicas” si vence Lula. “Queridos proveedores, (...) de mantenerse el resultado de la primera vuelta, la empresa deberá reducir sus gastos y el número de colaboradores en por lo menos un 30% el próximo año”, dice el comunicado firmado por el dueño y recogido en la denuncia de la Fiscalía. El juez ha ordenado a la empresa “abstenerse” de pedir el voto por un candidato bajo pena de 20.000 reales por cada incumplimiento, unos 3.700 dólares.
El sector transporte, uno de los que más apoya al actual Gobierno, es un foco de las denuncias. Adriano José Benvenutti, dueño de una flota de 700 camiones, se planteó cambiar los horarios de trabajo para que aquellos que votan por Lula estuviesen en carretera el día de la elección. Además, en un video enviado al grupo de Telegram de la compañía que reportó la Revista Piauí, el empresario reclamaba a sus trabajadores el voto por el candidato ultraderechista. “Buen día personal, ¿todo bien?”, decía, con una bandera de Brasil de fondo. “Voy a pedir encarecidamente a todos los conductores que voten a Bolsonaro para que las empresas sigan creciendo, en funcionamiento”. El juez le dio 24 horas para borrar el video y le ordenó adaptar los horarios para permitir el voto y evitar “cualquier impedimento” a la participación.
Los casos se acumulan rápidamente desde la primera vuelta de los comicios, el pasado 2 de octubre. En tan solo los últimos seis días, pasaron de 903 a 1.633. Este aumento repentino, previo a la segunda vuelta que se celebra este domingo, ha puesto en alerta a la Fiscalía. El MPT ha recordado a los empresarios que forzar u orientar el voto de sus empleados constituye un crimen electoral y ha animado a los trabajadores a denunciar. Los sindicatos también han creado una plataforma para recoger quejas, aunque sean anónimas.
El 70% de las denuncias se concentra en el sudeste y en el sur, las regiones más desarrolladas del país. Según los datos facilitados por la Fiscalía hasta este miércoles, Minas Gerais, el segundo Estado más poblado y clave en la recta final de la campaña, es el que más casos acumula, un 27% del total. Le siguen Paraná y Santa Catarina, dos entidades con menor peso electoral pero que Bolsonaro ganó con claridad el pasado 2 de octubre, y São Paulo, el gran polo industrial del país.
La preferencia de los patrones por Bolsonaro es clara. El ultraderechista ofrece bajos impuestos, más privatizaciones y un discurso ultraliberal. “Cuanto más Estado, peor”, dijo recientemente a la revista Veja. En cambio, Lula, a quien los empresarios han criticado por la vaguedad de sus propuestas económicas, propone subir los impuestos a los más ricos y aumentar el gasto social, pero ha dejado claro que mantendrá la responsabilidad fiscal. Su condición de favorito en la carrera ha llevado a un acercamiento por parte de los principales líderes empresariales. A finales de septiembre, presidió una cena en São Paulo con casi 150 ejecutivos que ayudó a calmar los ánimos. Fuera de la Avenida Paulista, sin embargo, el miedo al “comunista” sigue fuerte.
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