Turquía castigará con hasta tres años de cárcel la difusión de información que el Gobierno considere falsa

Las asociaciones de libertad de prensa califican la reforma de “censura” destinada a limitar las opciones de la oposición de cara a las cruciales elecciones de 2023

Un diputado de la oposición de centroizquierda golpea un teléfono móvil con un martillo durante el debate sobre la ley contra la desinformación, que grupos de defensa de la libertad de prensa consideran que supondrá una mayor censura en internet y redes sociales.
Un diputado de la oposición de centroizquierda golpea un teléfono móvil con un martillo durante el debate sobre la ley contra la desinformación, que grupos de defensa de la libertad de prensa consideran que supondrá una mayor censura en internet y redes sociales.ADEM ALTAN (AFP)

Los votos de los diputados islamistas y ultraderechistas del Parlamento turco, es decir, de la coalición que sostiene al Gobierno del presidente Recep Tayyip Erdogan, bastaron la noche del jueves para aprobar la reforma legislativa destinada a “luchar contra la desinformación” en internet y las redes sociales, que la oposición y las organizaciones de defensa de libertad de prensa han bautizado como “Ley Censura”. A partir de ahora, aquellos que difundan lo que sea considerado fake news podrían enfrentarse a tres años de cárcel. La decisión de considerar una información como falsa recaerá en la judicatura, un órgano muy dependiente del Gobierno de Erdogan, según denuncian la oposición y las organizaciones de derechos humanos.

El texto legislativo es, en realidad, una extensa enmienda a varias leyes, en especial las de Prensa e Internet, que incluye reformas como que, a partir de ahora, quienes trabajen en portales de noticias online serán considerados periodistas a todos los efectos, por lo que deberán solicitar la tarjeta de prensa que, anualmente, expide la Dirección de Comunicaciones, dependiente del Ejecutivo. El artículo más polémico contempla penas de entre uno y tres años de cárcel para quienes difundan “información falsa” sobre temas que tengan que ver con la “seguridad interior o exterior, el orden público y la salud pública” de un modo que “disturbe la paz social” o “tenga la intención de crear preocupación, miedo o pánico entre la población”. La sentencia podría incrementarse en un 50 % para aquellos que difundan la información amparándose en cuentas o usuarios que oculten su identidad real.

Los diputados progubernamentales han defendido la necesidad de la ley con el fin de luchar contra las fake news y se han amparado en que otros países también mantienen leyes similares. Sin embargo, la Comisión de Venecia, un órgano consultivo de expertos legales vinculado al Consejo de Europa, emitió un parecer urgente en el que considera que el vago redactado de la ley lleva a “confusión” sobre el significado del nuevo delito y “constituye una interferencia a la libertad de expresión, protegida por el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos”, del que Turquía forma parte. La oposición turca ha anunciado que denunciará el texto legal ante el Tribunal Constitucional. “Preocupación, miedo, pánico no son términos legales o medibles. Son conceptos subjetivos. Así que esta ley no ofrece ninguna previsibilidad ni seguridad jurídica”, denuncia Ülkü Sahin, abogada del Sindicato de Periodistas de Turquía.

Yaman Akdeniz, profesor de Derecho en la Universidad Bilgi de Estambul y experto en libertades digitales, alerta también de que varias provisiones de la reforma amplían la autoridad del organismo de telecomunicaciones —también muy ligado al Ejecutivo— para bloquear contenido en internet. Además, se incrementan las obligaciones de las plataformas digitales como Meta, Twitter o YouTube, que deberán proveer información sobre sus usuarios en caso de que la justicia considere que han cometido determinados delitos, y añade la necesidad de que aplicaciones de mensajería como WhatsApp, Signal o Skype establezcan en Turquía representantes legales que puedan acceder a los requerimientos de los tribunales turcos, so pena de ser prohibidos o ver su velocidad sensiblemente limitada. “Básicamente, esto pone en peligro nuestras comunicaciones. En los últimos años, hemos visto el deterioro democrático de Turquía, la persecución de periodistas, escritores y voces opositoras, la agresiva política del Gobierno a la hora de bloquear contenido político, y encima de todo ello ahora llega esta ley”, lamenta Akdeniz: “Dada la falta de independencia de la judicatura turca, podemos esperar un amplio y arbitrario uso de este nuevo delito, especialmente a medida que nos acercamos a las elecciones turcas”.

La gran mayoría de los medios de comunicación convencionales en Turquía están alineados con el Gobierno de Erdogan, por lo que la oposición ha incrementado su presencia en las redes sociales, especialmente de cara a captar el voto joven, que será crucial en las elecciones de 2023. Las encuestas muestran que la coalición gobernante islamo-nacionalista perdería la mayoría parlamentaria y que Erdogan podría ser derrotado en las elecciones presidenciales por un eventual candidato opositor (aún no se ha decidido quién será). “Cuando quedan ocho meses para las elecciones y estamos en medio de una crisis económica, la ley únicamente tiene un objetivo: la censura. El Gobierno está recibiendo muchas críticas debido a la crisis, así que quiere que, si se celebran las elecciones, sean unos comicios antidemocráticos dentro de los límites que él ha marcado. Por desgracia, con esta reforma se incrementará la autocensura. No solo de los periodistas, también de los académicos y de la población en general”, sostiene Sahin.

La principal razón de la pérdida de apoyo de Erdogan tras 20 años en el poder es la situación económica. La inflación anual superó el 83 % en septiembre, según las estadísticas oficiales, pero se eleva al 186%, según el cálculo del grupo ENAG, formado por académicos y economistas. Los miembros de este grupo afrontan procesos judiciales a causa de sus estudios sobre los precios. Precisamente, uno de los temores es que la nueva ley se utilice para censurar a aquellos que publiquen “estadísticas e información útiles para la sociedad”, explica Veysel Ulusoy, director de ENAG: “Para evitar ir a la cárcel, uno tiene que alinearse con la ideología del gobernante, cosa que no haremos. Seguiremos presentando nuestras estadísticas, aunque aumente la presión en nuestra contra”.

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