Un nuevo invierno británico del descontento

La huelga en Felixstowe, el principal puerto de carga de Reino Unido, es la última en la serie de acciones sindicales que han paralizado el país a lo largo del verano. A los estibadores se han sumado, en distintos momentos, los ferrocarriles, el transporte público de Londres o el personal aeroportuario; en las próximas semanas, se prevén parones de funcionaros de correos, abogados de oficio y personal universitario.

El detonante de este sinfín de huelgas es evidente: la crisis del coste de vida. A mediados de agosto, la inflación británica superó el 10% —una cifra que, según un informe de Citigroup, podría alcanzar el 18,6% el próximo mes de enero—. A ello ha contribuido, ante todo, un encarecimiento energético sin precedentes: si, el pasado jueves, el regulador sectorial Ofgem anunció una subida del 80%, la factura energética de una familia británica, que ahora rondará las 3.500 libras anuales (algo más de 4.100 euros), podría casi duplicarse el próximo mes de abril.

Todo ello ha dado lugar a una tormenta perfecta que se agravará con el paso de las semanas. Hace escasos días, un portavoz del Servicio Nacional de Salud (NHS) advirtió que este se encontraba desbordado y apuntaba que la gripe, la covid y el encarecimiento energético podrían desembocar en una “crisis humanitaria”. En un reciente informe, la fundación Joseph Rowntree denuncia que la energía amenaza con convertirse “en un lujo que solo puedan permitirse los ricos”. Y en una tribuna en The Guardian, el ex primer ministro Gordon Brown advierte de que, con su inacción, Downing Street “se arriesga a condenar a millones de niños y pensionistas vulnerables a un invierno de pobreza extrema”.

A este panorama económico se suman, a su vez, dos agravantes políticos. Por una parte, las consecuencias de un Brexit que ha dejado un Reino Unido inseguro, expuesto a una escasez de suministro energético e inmerso en una profunda crisis identitaria sobre su papel en el mundo. Por otra, el desgobierno en que se encuentra el país desde que el pasado 7 de julio Boris Johnson anunciara su dimisión en diferido, sumiendo a su partido en una guerra sucesoria que ha paralizado la labor del Gobierno y la actividad parlamentaria.

El sucesor de Johnson, que se conocerá el próximo 5 de septiembre, deberá hacer frente a un panorama político endiablado. A la crisis energética se suman unas encuestas que ponen a su partido más de 10 puntos por detrás de los laboristas. Son inevitables, por ello, dos paralelismos históricos. Por una parte, con el llamado invierno del descontento de 1979, cuando una sucesión de huelgas, cortes energéticos y aumentos de la inflación tumbaron al Gobierno laborista de James Callaghan y terminaron con Margaret Thatcher en Downing Street. Por otra, con la década de los noventa, cuando el Gobierno de John Major languidecía, un joven Tony Blair calentaba motores y el laborismo se preparaba para su primera victoria electoral en 18 años. Tras 12 años de hegemonía tory, la coyuntura económica puede acelerar el fin de ciclo.

La tormenta política que atraviesa Reino Unido tiene elementos paradigmáticos: las consecuencias económicas y geopolíticas del Brexit, el desastroso legado del Ejecutivo de Johnson y la sensación de desgobierno que trasmiten unos tories cada vez más desnortados. Y, sin embargo, sería ingenuo pensar que la Unión Europea no pueda verse expuesta a los mismos riesgos. Como la hormiga de la fábula de Esopo, Europa haría bien en aprovechar el otoño para hacer acopio energético, blindar sus servicios públicos y proteger a su ciudadanía más vulnerable. De lo contrario, el verano del descontento puede desembocar, a lo largo del continente, en un invierno de pobreza.

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