Sin cédula ni pasaporte: millones de venezolanos se quedan varados por la caída de sistema

Los venezolanos que necesitan tramitar documentos de identidad están viviendo una tragedia kafkiana. Este mes, un musculoso míster Venezuela no pudo viajar a la competición internacional en Polonia porque no obtuvo el documento para viajar, una estudiante perdió la beca en La Soborna por no tener a tiempo su pasaporte, gente que ya emigró y regresó para tramitar sus papeles ahora vive en un limbo en el país del que se fueron y muchas familias no pudieron reencontrarse en un viaje tan esperado. Desde mediados de junio, la plataforma del Saime (Servicio Autónomo de Identificación, Migración y Extranjería) dejó de funcionar y en las redes sociales se multiplican este tipo lamentos con la etiqueta #SAIMEcaído. Un mes después, el pasado fin de semana, se reactivó el portal y este lunes se comenzaron a reprogramar las citas perdidas.

El Gobierno de Nicolás Maduro tardó casi un mes en dar alguna explicación a la situación. Y cuando llegó, esta estaba llena de nebulosas. “En razón del perverso y pernicioso impactado causado por el bloqueo tecnológico contra nuestro país, se ha visto afectado nuestro sistema, causando inconvenientes en la prestación de servicios” explica un comunicado lanzado tras hacerse tendencia la etiqueta que reúne a los venezolanos que quedaron colgados con el sistema de identificación, los venezolanos sin identidad. El comunicado agrega que una “novedosa plataforma tecnológica permitirá reanudar los servicios sin dependencia tecnológica extranjera”, pero no dice cuándo. Meses atrás, el Gobierno había anunciado que a partir de agosto se comenzarían a imprimir 25.000 pasaportes al mes, algo que se ve difícil con el cuello de botella que ha generado esta paralización.

El organismo señaló este lunes que el nuevo sistema ha entrado en funcionamiento, sin dar mayores detalles. Algunos medios han vinculado a la empresa argentina Ex Cle Soluciones Biométricas a la actual operación del Saime. La compañía, sancionada por Estados Unidos en 2020, asumió la automatización del voto cuando la multinacional Smartmatic denunció al Gobierno venezolano por la manipulación de resultados en las elecciones de la Asamblea Constituyente de 2017 convocadas por Maduro y terminó una relación como proveedor de las elecciones durante casi todo el chavismo. Este año, Smartmatic demandó al país por 1,5 millones de dólares en un tribunal internacional de arbitraje.

Pero en las últimas semanas en las oficinas públicas en Caracas y otras ciudades del país, antes repletas de personas tramitando documentos, se han multiplicado todo tipo de versiones sobre lo sucedido. “Es un problema de Estado, el presidente dará una declaración”, le dijeron a una mujer en Ciudad Bolívar. “El que sabe arreglar el sistema ya no trabaja ahí y no lo encuentran”, le comentaron a un joven en la capital. “No hay sistema” es la frase más repetida. En Twitter, desarrolladores web y geeks venezolanos aseguraron haber entrado a la cocina de la página web del Saime y encontraron dominios caídos. Con la restitución también han confirmado el traspaso de servidores a la empresa argentina.

Dentro y fuera del país se ha buscado una explicación razonable a lo ocurrido, que la ONG Acceso a la Justicia asegura que viola varios derechos humanos: el derecho a la identidad, el de libre tránsito, el de la reunificación familiar y el de libre disposición de bienes para lo que es necesario tener una identificación. De acuerdo con la organización, esto representa un “gravísimo problema para los venezolanos que, dentro y fuera del país, necesitan tramitar documentos de identificación, como cédulas o pasaportes, pues no hay otra forma de gestionar los mismos y la falla persiste desde el 21 de junio”.

Por años este ha sido uno de los peores servicios públicos y también ha estado en el ojo de investigaciones por manipulación de datos, nacionalizaciones exprés de extranjeros en tiempos electorales y emisión de pasaportes falsos que han terminado en manos de criminales. El ingeniero especialista en seguridad Anthony Daquin trabajó a principios de la década de 2000 en la automatización del Saime y la emisión de las cédulas y pasaportes electrónicos como asesor del Ministerio de Interior y Justicia. Después de 2005 se ha convertido en vocero de algunas de esas denuncias y en un crítico de lo que ocurrió luego, cuando el Gobierno de Hugo Chávez cedió el control de los datos de los venezolanos a la empresa estatal cubana de telecomunicaciones Albet Ingeniería y Sistemas, que recibió contratos por 1.400 millones de dólares en ese tiempo, según revelaron investigaciones periodísticas en Venezuela, y también ofreció su tecnología a Argentina y Bolivia bajo otras denominaciones.

Por sus denuncias, y la persecución que asegura que sufrió, Daquin pidió asilo en Estados Unidos. “Por cada venezolano hay al menos 12 registros de datos y huellas dactilares. Eso no puede estar en una laptop. Lo que está pasando no es el bloqueo, es que no tienen capacidad de cómputo y hay un aumento considerable de las solicitudes de pasaporte”, apunta Daquin. Según el especialista, el Gobierno venezolano no ha hecho las inversiones necesarias para actualizar los equipos especializados, de tecnología estadounidense. “Han gastado el dinero en otras cosas, porque no les interesa. En China tienen un aliado, con quien ya hicieron el sistema de control de vigilancia del carnet de la patria”.

La complicación de la vida en Venezuela comienza desde la cédula. Una de las zozobras recurrentes de miles de venezolanos ha estado relacionada con la identidad: quedarse en un país extranjero sin poder renovar el pasaporte —que en Venezuela tiene un costo de 200 dólares y afuera un poco más— o no poder tramitarlo para poder salir del país. La renovación de documentos venezolanos en los consulados en el extranjero ha sido casi imposible por años, justamente los años de la diáspora en los que más de seis millones de venezolanos dejaron Venezuela en medio de una debacle detrás de la que hay una caída de 80% del PIB y 90% de pobreza.

Si bien cada vez son más los países que han impuesto visas para frenar la migración de los venezolanos, algunos, sobre todo a raíz de la internacionalización de la crisis política con el reconocimiento del dirigente opositor Juan Guaidó como presidente interino en 2019, han tenido que hacer concesiones con los viajeros del país sudamericano. En la Colombia de Iván Duque, los venezolanos pueden ingresar con el documento vencido, por lo que el inminente cambio de Gobierno reaviva las preocupaciones sobre si esa disposición continuará. Estados Unidos, Canadá, Perú, Ecuador también lo permiten, pero con su respectiva visa. Argentina solo con hasta dos años de vencimiento. Excepciones derivadas de la larga crisis en sistema de identidad que no se tienen con otras nacionalidades.

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