El Gobierno de Johnson defiende la legalidad de la deportación de demandantes de asilo a Ruanda y prepara un nuevo vuelo
La ministra del Interior, Priti Patel, ve “opacidad” en la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de bloquear el primer avión
El Gobierno de Boris Johnson, en horas bajas, ha olfateado un filón político en su empeño por deportar demandantes de asilo a Ruanda, aunque suponga una larga batalla en los tribunales. Lo dejaba claro la ministra del Interior, Priti Patel, este miércoles en su comparecencia ante la Cámara de los Comunes. Horas antes, una intervención urgente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) había provocado que permaneciera en tierra el primer avión que iba a trasladar a siete personas al país africano. “Quiero dejar algo absolutamente claro: el TEDH no ha dicho en ningún momento que los traslados sean contrarios a la legalidad”, ha asegurado Patel. “La decisión del tribunal de Estrasburgo es decepcionante y sorprendente —dadas las constantes decisiones en sentido contrario de nuestros tribunales nacionales—, seguiremos impulsando este tipo de política”. La ministra anunciaba que su equipo ha comenzado a preparar ya el segundo vuelo, que despegará en pocas semanas.
El TEDH, simplemente, no se ha fiado del protocolo de intenciones firmado entre Londres y Kigali, que no tiene fuerza de ley. Y ha recordado, en su decisión de última hora de este martes, que la Convención Europea de Derechos Humanos no rige en Ruanda, con lo que no quedaba garantizada la devolución a suelo inglés de los inmigrantes enviados hasta allí, si semanas después los tribunales decidieran que su deportación había sido ilegal. El TEDH ordenó la paralización del traslado de un iraquí, un iraní, un vietnamita y un albanés. Los otros tres demandantes de asilo que iban a viajar también fueron retenidos por un tribunal inglés. El vuelo se quedó sin pasajeros 30 minutos antes del plazo límite para su despegue.
El TEDH recogió además la preocupación expresada por la Agencia para los Refugiados de Naciones Unidas de que “los solicitantes de asilo transferidos desde el Reino Unido a Ruanda no tendrían acceso a un procedimiento justo y eficaz a la hora de determinar su estatuto de refugiados”.
La reacción de gran parte de los diputados conservadores euroescépticos, el grupo del que Johnson depende para su propia supervivencia, ha sido toda una explosión de rabia contra el TEDH. Resultaban poco digeribles los titulares de una prensa sensacionalista que acusaba a un tribunal europeo de haber impuesto su criterio por encima de las decisiones de instancias judiciales británicas que habían rechazado suspender el vuelo a Ruanda.
El primer ministro había sugerido la posibilidad, horas antes de que el vuelo fuera finalmente anulado, de que el Reino Unido se retirara de la Convención Europea de Derechos Humanos. Precisamente el corpus legal que defiende con sus intervenciones un tribunal creado para que las naciones europeas no volvieran a cometer los abusos de la II Guerra Mundial.
De las palabras de la ministra Patel, sin embargo, se ha podido inferir que el Gobierno británico no va a abrir, por el momento, un nuevo conflicto que alejaría más al país del resto del continente. El TEDH no tiene nada que ver con la UE, y el Reino Unido es uno de los países comprometidos con la institución desde su inicio. El Ejecutivo de Johnson tiene intención de recurrir la decisión judicial, pero no sin antes atacar a un tribunal “por la opacidad de su decisión, en contraste con la claridad de los pronunciamientos de la justicia británica”, ha señalado Patel.
Terreno delicado
El Partido Laborista se mueve en un terreno delicado. Es consciente del rechazo que produce entre sus propios votantes el incremento de inmigrantes en situación irregular que llegan por el canal de la Mancha, y del ventajismo político de los conservadores al presentarse como guardianes de las fronteras del Reino Unido. Por eso, las críticas de su portavoz en materia de inmigración, Yvette Cooper, la encargada de responder al discurso de la ministra en la Cámara de los Comunes, se centraba más bien en resaltar lo chapucero y costoso de una operación —el flete del vuelo chárter, operado por la compañía española Privilege Style— que ha costado al erario público inglés 580.000 euros, para acabar quedándose en tierra. Eso sin tener en cuenta que, de haber podido despegar, habría transportado hasta Ruanda únicamente a siete de las 130 personas previstas en un principio. La avalancha de recursos ante los tribunales forzaron hasta el último minuto el desembarco, uno a uno, de todos los seleccionados para realizar ese primer viaje.
“Ruanda no tiene la capacidad para procesar a todos los inmigrantes que el Reino Unido quiere enviar, y no ha dado una clara respuesta ante todas las dudas que genera su política de asilo. En el pasado hemos visto casos de solicitantes de asilo a los que se ha disparado por protestar ante la escasez de los alimentos que se les suministraba”, ha denunciado la laborista Cooper. “No tiene sentido que el Gobierno intente culpar a los demás. Han llevado hasta el final una política que sabían que era impracticable, poco ética e increíblemente cara, solo porque necesitaban un nuevo enfrentamiento y alguien a quien echar la culpa”, ha acusado a Patel la política laborista.
Desde comienzos de esta semana, más de 700 personas han llegado al Reino Unido a través del canal de la Mancha, impulsadas por el buen tiempo.
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