Bruselas amenaza a Londres con represalias judiciales por la reapertura unilateral del pacto del Brexit

La Comisión Europea ha reaccionado con dureza al paso dado por el Gobierno británico para no aplicar los acuerdos del Brexit sobre Irlanda del Norte. Ha puesto en marcha una maquinaria que puede acabar en una o varias denuncias ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y, además, advierte a Londres de que, con el paso dado, “pone en riesgo el acceso” sin traba alguna que ahora tienen las empresas de ese territorio británico al mercado único europeo. La respuesta ha llegado apenas unos minutos después de que Boris Johnson haya lanzado el desafío de incumplir lo que él mismo pactó hace casi tres años y es más dura de lo que se apuntaba días atrás en la capital comunitaria, donde, con contadas excepciones, siempre han dado respuestas prudentes a las provocaciones británicas para no regalar excusas a los tories en su pregonada intención de romper el protocolo a las bravas.

Pese a esta mesura de la UE, la lista de desencuentros entre las dos partes a cuenta del Brexit es larga. De hecho, ya en marzo de 2021 la Comisión Europea puso en marcha el procedimiento que puede desembocar ante el TJUE, cuando el Reino Unido se adentró por primera vez en el incumplimiento de los acuerdos del Brexit en lo referente a Irlanda del Norte. “Suspendimos esta acción legal en septiembre de 2021 con un espíritu constructivo para dar espacio a una búsqueda conjunta de soluciones”, ha apuntado Maros Sefcovic, el vicepresidente de la Comisión responsable de la negociación con Londres. “La acción unilateral del Reino Unido va directamente contra este espíritu”, ha continuado. Ahora Bruselas vuelve a poner en marcha este expediente y amenaza con lanzar otros nuevos “para proteger el mercado único de los riesgos que crea la violación del protocolo para las empresas de la UE y para la salud y la seguridad de los ciudadanos europeos”, ha advertido.

Los procedimientos a los que se refiere Sefcovic consisten en el envío de una carta de emplazamiento al Reino Unido por incumplir el acuerdo vinculante pidiéndole explicaciones. Si estas no convencen o no se corrige la posición, Bruselas emite un dictamen motivado que también requiere respuesta. Y si este paso tampoco tiene éxito, entonces el Ejecutivo comunitario tiene las manos libres para acudir al TJUE. Este proceso está contemplado en los acuerdos generales del Brexit, no solo en el protocolo, la adenda que Londres se propone incumplir, por lo que, en teoría, Johnson debería reconocer la competencia de los jueces de Luxemburgo en este punto. La respuesta de Bruselas se completa con la advertencia de que las empresas de Irlanda del Norte pueden perder la posición de privilegio que les otorga el protocolo al darles acceso al mercado único y al británico.

Cuando la UE y el Reino Unido negociaron el acuerdo de salida del Brexit, el Protocolo de Irlanda del Norte fue la parte más compleja. Al abandonar el mercado interior de la UE, aparecía una frontera entre los 27 Estados europeos y el Reino Unido, es decir, entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte, que es territorio británico. Pero esto contradecía los Acuerdos de Viernes Santo de 1998, con los que se acabó con la violencia terrorista que se vivió durante décadas. Así que para sortearlo, ambas partes acordaron que la frontera estaría en el mar de Irlanda (con controles aduaneros dentro del propio territorio británico) y no en los puntos terrestres que separan los condados norirlandeses del resto de la isla. A cambio de esto, Bruselas exigió que el TJUE fuera el tribunal que dirimiera los conflictos comerciales que pudieran surgir a cuenta de esta solución, algo que Londres aceptó en su momento y de lo que ahora reniega.

La incomodidad de Johnson con lo firmado es patente desde el primer momento. Episodios como la “guerra de las salchichas”, los controles que se aplicaban en el puerto de Belfast a los productos que llegaban de Gran Bretaña y el rechazo de los partidos unionistas, tradicionales aliados de los tories, han aumentado ese descontento. Para resolver los problemas generados en el día a día por la aplicación del protocolo, que generaba trabas burocráticas, la UE aceptó abrir este proceso negociador, si bien dejando claro que no se trataba de renegociar lo acordado, sino de resolver los obstáculos que había en su aplicación cotidiana. Y esto es lo que ha recordado Sefcovic este lunes: “Renegociar el protocolo no es realista. No se ha encontrado ninguna solución alternativa viable para este delicado equilibrio, largamente negociado. Cualquier renegociación no haría más que aumentar la inseguridad jurídica de los ciudadanos y las empresas de Irlanda del Norte. Por estas razones, la Unión Europea no renegociará el protocolo”.

Varias fuentes comunitarias advertían de que el choque se iba a producir, aunque subrayan que siempre intentaron tener una actitud “constructiva y positiva”. Hubo una cierta esperanza cuando David Frost, el anterior jefe de la delegación británica en estas negociaciones y uno de los conservadores británicos más euroescépticos, dimitió. A él en Bruselas siempre se le ha tenido por alguien que ponía por delante su ideología a las soluciones y obstinado en llevar las conversaciones a un callejón sin salida. De ahí que la llegada de Liz Truss, la ministra de Asuntos Exteriores, insuflara algo de optimismo por ser, en teoría, más pragmática.

Las ilusiones se convirtieron pronto en frustración cuando se vio que la actitud británica era la misma. Fuentes comunitarias muestran su hastío al ver cómo han aflorado nuevos problemas para que la situación no avance. Y esto sin llegar siquiera al papel como intérprete máximo del acuerdo por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Esa sensación la tienen, sobre todo, porque han observado que cada vez que el Ejecutivo conservador tiene un problema ―y no han sido pocos últimamente―, el número 10 de Downing Street recurre al Brexit para distraer a la opinión pública británica.

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