Encarcelado en Chile el exjefe del Ejército en una causa por corrupción

El general en retiro del Ejército chileno Ricardo Martínez, que lideró la institución castrense hasta los primeros días de marzo, ha quedado bajo arresto luego de ser procesado por fraude al Fisco por el supuesto mal uso de dinero destinado a viajes institucionales. Con ello, cuatro de los seis sucesores de Augusto Pinochet en la comandancia en jefe del Ejército están inculpados por algún delito en la causa que investiga la Justicia.

La decisión de dejar a Martínez en prisión fue de la jueza Romy Rutherford, que investiga la trama de fraude en esta rama de las Fuerzas Armadas. Anoche, tras la notificación del procesamiento, Martínez fue trasladado hasta el Batallón de Policía Militar en Peñalolén.

Martínez ocupaba el mismo cargo que tuvo Pinochet entre 1973 y 1998. Cuatro de sus seis sucesores han sido inculpados por la misma causa que investiga Rutherford: Óscar Izurieta (2006-2010), Juan Miguel Fuente-Alba (2010-2014) y Humberto Oviedo (2014-2018) y, ahora, al propio Martínez. El general Izurieta, de hecho, estuvo detenido más de un mes, entre el 10 de febrero y el 17 de marzo, por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, por unos ocho millones de dólares, y falsedad de documento militar. Le fue otorgada la libertad bajo fianza.

Martínez fue procesado por ocho hechos que constituyen fraude al Fisco por viajes en 2011, 2012 y 2016, uno de los cuales realizó con su esposa. La jueza ha determinado que fue el destinatario de reembolsos de los viajes por un monto de unos 56.000 dólares. Es la misma cifra por la que Rutherford determinó el embargo de algunos de sus bienes.

Cuando en marzo dejó anticipadamente el cargo, a días de entregar el mando a su sucesor, Javier Iturriaga, Martínez lo hizo empujado por el temor a que por primera vez un líder de la institución en ejercicio fuera procesado por la Justicia. Desde entonces, su defensa intentó por distintos caminos que fuera interrogado en su casa y ante la presencia de un abogado, lo que la Corte Suprema desechó. Hasta ahora, Martínez se ha amparado en su derecho a guardar silencio.

“Reitero mi inocencia y hago presente que nunca he estado ni estaré por sobre la ley, pero tampoco me corresponde que esté por debajo de la ley”, aseguró al momento de su renuncia el militar que integró por 46 años el Ejército y que fue nombrado como comandante en jefe en el Gobierno de la presidenta Michelle Bachelet (2014-2018). Martínez dijo hace un mes que daba un paso al costado, “pese a que debiera contar con la presunción de inocencia de que goza todo ciudadano, pero que en la práctica aplica para algunos y no para todos”.

La jueza Rutherford investiga el caso de fraude en el Ejército desde 2017. Ha indagado cerca de 40 aristas, pero son dos las que han provocado una serie de procesamientos por el mal uso de los recursos de la institución. Una de las hebras se refiere a la presunta malversación de dinero destinado a áreas de seguridad e inteligencia, pero que habrían sido usadas para pagar el alto nivel de vida de los comandantes en jefe del Ejército: casas, autos, joyas, regalos. Por este asunto están procesados Óscar Izurieta, Fuente-Alba y Oviedo. El propio Izurieta reconoció ante la jueza el desvío de gastos reservados para financiar a la familia de Pinochet, muerto en 2006 y cuya viuda falleció en diciembre pasado.

Una segunda línea de investigación apunta al uso irregular de dinero asignado para viajes oficiales. Martínez fue procesado por esta arista, pero no se descarta que la jueza lo procese también por la primera causa. Algunos oficiales interrogados ya lo han mencionado en esta hebra investigativa.

La jueza ha detectado que, junto a una agencia de viajes, se preparaban itinerarios con escalas de varios días y presupuestos abultados. Esta diferencia de dinero habría terminado en algunas ocasiones en manos de los propios viajeros, como habría ocurrido al menos en ocho ocasiones en el caso de Martínez. En 2018, cuando apareció la arista de los pasajes aéreos, el Ejército declaró oficialmente que se trató de “prácticas erróneas”. Pero existen varios asuntos que complican al general retirado.

Martínez, por ejemplo, fue uno de los pocos uniformados que devolvieron el dinero con nombre y apellido cuando el Ejército habilitó una cuenta bancaria para ello, una vez que la causa había reventado y era indagada por la magistrada. No existe claridad, todavía, sobre la forma en que el caso impactará al nuevo comandante en jefe del Ejército, Iturriaga, no solo porque la propia institución ha reconocido que lo relativo a los pasajes era una práctica de cierta habitualidad, sino porque el general también aparece mencionado en los informes policiales.

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