Rusia no deja resquicio a las protestas contra la guerra de Ucrania

Unas 15.000 personas afrontan multas o penas de cárcel por mostrar su rechazo a la ofensiva del Kremlin. Las leyes limitan y castigan cada vez con más dureza los intentos de manifestar descontento

Un hombre es detenido durante una protesta contra la guerra en Moscú el pasado 13 de marzo. Foto: (AFP) | Vídeo: EPV

Las protestas en Rusia por la ofensiva contra Ucrania suman ya cerca de 15.000 detenciones desde que Vladímir Putin ordenase el ataque el 24 de febrero. Una anciana que sobrevivió al asedio a Leningrado durante la Segunda Guerra Mundial, activistas que pintaron el lema “No a la guerra”, un par de familias que dejaron flores ante la Embajada ucrania y una manifestante que mostró una cartulina en blanco, sin nada escrito en ella, son varios de los detenidos que ponen cara a miles de personas anónimas que también han expresado su rechazo a la invasión. Algunos ya han sido sancionados con la nueva ley del Kremlin, que incluso contempla varios años de cárcel “por difundir desinformación” y por “desacreditar a las Fuerzas Armadas rusas”. Las detenciones muestran un creciente malestar de la sociedad rusa por la agresión a Ucrania, aunque sea difícil de cuantificar por las trabas a las protestas y el control de los medios de comunicación.

“Me gustaría hacerte una pregunta: ¿me van a detener si enseño este cartel?”, decía una mujer a su interlocutor frente al Kremlin en un vídeo que se ha hecho viral en Telegram este fin de semana. Un solo segundo después, cuando sacaba un papel donde había escrito “dos palabras” (que son también las que se necesitan en ruso para decir “no a la guerra”), era arrestada por cinco policías antidisturbios, mientras el hombre de la cámara se quedaba con la palabra en la boca.

Debido a la escasa información proporcionada por las autoridades, la cifra de arrestos que se manejan en estos momentos son las que recoge el portal periodístico OVD-Info, un grupo independiente que cubre desde hace años las manifestaciones antigubernamentales y que es citado estos días por importantes medios rusos como Kommersant. Sin embargo, su trabajo es cada vez más difícil. El portal fue declarado “agente extranjero” en septiembre de 2021, con los problemas que ello implica para recibir donaciones y hablar con testigos debido al temor a verse afectados; y a finales del pasado año, su página web fue bloqueada por el Gobierno ruso.

El supervisor de las telecomunicaciones, Roskomnadzor, decidió impedir el acceso al portal porque, según su criterio, “justifica el terrorismo y el extremismo”, mientras que sus cuentas en redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter fueron bloqueadas por el Kremlin “por difundir desinformación” sobre lo que el Gobierno denomina “operación militar especial para la protección de las repúblicas de Donetsk y Lugansk”.

Multas y penas de cárcel

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Las imágenes de los detenidos se repiten una y otra vez en las redes sociales cuando estos logran conservar sus teléfonos móviles. La policía los aparta de las manifestaciones hasta sus furgones y, posteriormente, son llevados a comisaría, donde pasan unas horas o, en algunos casos, la noche entera. En los protocolos administrativos abiertos contra ellos suelen figurar cargos como la participación en manifestación no autorizada, del artículo 20.2 del Código de Infracciones Administrativas ruso, que prevé multas de cientos de euros o hasta dos semanas de privación de libertad.

No obstante, algunos de los últimos arrestados están siendo juzgados también bajo la reforma del 3 de marzo de 2022, que incluye el artículo 20.3. Este contempla no solo multas, sino también penas de 3 a 15 años de cárcel, por lo que el Kremlin considera desinformar sobre el conflicto y desacreditar al Ejército ruso. Según el grupo defensor de derechos humanos Ágora, entre el 6 y el 14 de marzo se abrieron procedimientos contra al menos 166 manifestantes bajo esta nueva ley, aunque de momento solamente se habían aplicado sanciones de unos cientos de euros.

Un proceso clave para medir la dureza de las autoridades es el de la periodista Marina Ovsianikova, que irrumpió en directo en televisión con un cartel contra la guerra. La editora de Pervyi Kanal fue juzgada y multada este martes por el artículo 20.2 por publicar antes de su entrada en el plató un vídeo en el que llamaba a la protesta, pero también podría verse afectada por la última reforma legal. Horas antes, el portavoz de Vladímir Putin, Dmitri Peskov, afirmó que protestar en directo en televisión contra la guerra “tiene una dimensión especial”.

Las sanciones difieren de un tribunal a otro. En la zona donde se unen la Rusia europea y la asiática, un tribunal de la República de Baskortostán (en el oeste) condenó a 30.000 rublos (unos 250 euros) de multa a una mujer que salió a la calle vestida con el traje tradicional ucranio, envuelta por un alambre de espino y con una obra cumbre de la literatura rusa, Guerra y paz, en las manos, según el periódico local Idel Realii. En su caso, la justicia aplicó la nueva ley que condena “la desacreditación de las Fuerzas Armadas rusas”.

En esa misma región también se aplicó la reforma que endurece las penas a un político del Partido Libertario de Rusia, Oleg Mamedov, por distribuir folletos contra la guerra. Según Kommersant, fue detenido el 10 de marzo y pasó la noche previa a su juicio en el calabozo. Después fue multado con 45.000 rublos, más otros 10.000 por participar en una manifestación no autorizada.

En la ciudad de Ivánovo (oeste del país), el exjefe de la oficina local del opositor Alexéi Navalni fue multado por 75.000 rublos (unos 616 euros) por realizar una protesta personal contra la guerra. Según informa OVD-Info, Nikolái Diachkov fue condenado por violar repetidas veces las normas para celebrar un mitin el pasado 1 de marzo. Sin embargo, a otro activista le impusieron 10 días de arresto, luego rebajados a ocho, por una protesta individual en Kazán. El tribunal local dictaminó que incumplió repetidamente la legislación sobre protestas y ordenó la privación de libertad, a lo que se sumó otro juicio paralelo por desacreditar a las fuerzas armadas rusas con una multa adicional de 30.000 rublos (250 euros).

El castigo es mayor si el detenido es acusado de promover las protestas. Cerca del lago Baikal, en la ciudad siberiana de Ulán-Udé, el ciudadano Dmitri Bairov fue condenado a 15 días de arresto por retransmitir las manifestaciones del primer día de la guerra desde su coche. Le fueron aplicados los artículos sobre la organización de acciones no autorizadas (20.2 del Código de Infracciones Administrativas) y de resistencia a la autoridad (el 19.3). Según contó un amigo cercano a OVD-Info, Bairov cubría los hechos para el diario Comunistas de Buriatia y había presentado su acreditación a los agentes de policía.

Otros muchos casos están pendientes de juicio. En la ciudad norteña de Arjánguelsk, las autoridades abrieron un protocolo contra el pensionista Alexánder Riakov por gritar en una protesta “Slava Ukraini!” (¡Gloria a Ucrania!), lema prohibido por las autoridades rusas porque atribuyen su uso exclusivamente a los ultranacionalistas ucranios.

Asedio legal al derecho de manifestación

Organizar manifestaciones en Rusia es difícil. Necesitan una autorización previa de las autoridades, lo que antes de la pandemia daba pie a que recibiesen la aprobación tarde o fueran acotadas a zonas poco cómodas de las ciudades, y que con el coronavirus han sido directamente vetadas por las restricciones sanitarias.

La alternativa es la protesta individual, la única forma de manifestarse que no requiere un permiso previo, según una ley de 2004 sobre reuniones, concentraciones, manifestaciones y mítines. Sin embargo, la indefinición jurídica en torno a estos actos y las limitaciones introducidas con varias enmiendas en los últimos años han llevado a la detención de muchas personas.

Al regularse estas protestas individuales por la ley de asambleas públicas, las restricciones por el coronavirus también se aplican automáticamente a estas acciones. Así, Human Rights Watch ha denunciado cientos de arrestos desde 2020 debido a que las alcaldías de Moscú y San Petersburgo aplicaron a estas situaciones el veto a las reuniones multitudinarias por la covid-19.

Además, varias reformas legales del último lustro han prohibido las manifestaciones o actos personales de rechazo cerca de las llamadas “zonas de riesgo”, como tribunales de justicia, edificios penitenciarios, comisarías y residencias presidenciales. Algunas regiones las prohíben también cerca de parques y paradas de transporte público.

Asimismo, tampoco pueden participar en estas acciones los extranjeros o rusos con sanciones administrativas previas; y desde 2020 tienen prohibido convocar manifestaciones las instituciones o personas declaradas agentes extranjeros, que es el caso de muchas ONG y activistas opositores. “Existe una plétora de restricciones legales sobre cuándo, dónde, cómo, con qué propósito y quién puede ejercer el derecho a salir a la calle”, denuncia Human Rights Watch.

Además, la legislación no aclara si las personas que se manifiestan solas actúan como protagonistas u organizadores de eventos públicos, lo que las deja en una posición vulnerable: podrían ser arrestados bajo la acusación de incitar a una protesta no autorizada. La distancia mínima entre un individuo que protesta acto y otro no debe ser inferior a 50 metros en ciudades como Moscú, por lo que las autoridades pueden llegar a considerarlos parte de manifestaciones grupales si hay cerca curiosos o periodistas.

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