Daniel Ortega reanuda los juicios contra sus opositores en el hermetismo de la cárcel donde están presos

El Ministerio Público de Nicaragua emitió un comunicado en el que condena a los reos de conciencia de antemano como “criminales y delincuentes”. Sus familiares han denunciado que son víctimas de torturas

Carteles de presos políticos colocados en la Asamblea Legislativa de Costa Rica.
Carteles de presos políticos colocados en la Asamblea Legislativa de Costa Rica.Carlos Herrera

El Ministerio Público controlado por el Gobierno de Daniel Ortega anunció este lunes que iniciará los juicios contra los 36 presos políticos que mantiene desde junio de 2021 en la temida cárcel de El Chipote, donde aspirantes presidenciales opositores, líderes estudiantiles, campesinos, empresarios y activistas sufren torturas, según han denunciado sus familiares. Las audiencias serán realizadas bajo hermetismo en la misma prisión donde llevan meses detenidos, por lo que no se podrá ver las condiciones en la que se encuentran los reos, después de que sus familiares denunciaran torturas y malos tratos.

“Estos mismos criminales y delincuentes han reincidido, atentado contra los derechos del pueblo y la sociedad nicaragüense, comprometiendo la paz y la seguridad”, reza una parte del comunicado en el que el Ministerio Público anuncia que se retoman los juicios con un lenguaje que los condena de antemano. “Son los mismos que promovieron y dirigieron los actos terroristas de la agresión del fallido golpe de Estado del año 2018, habiendo paralizado el país y creado daños a la economía. Son los mismos que han provocado tanto dolor y luto en las familias de los nicaragüenses a causa de los asesinatos, torturas y secuestros”, agrega el documento.

Para los familiares de los presos, el propio anuncio reafirma la naturaleza política de los procesos. “A ese comunicado de la Fiscalía solo faltó que le adjuntaran la condena”, dijo uno de ellos, que no quiso ser identificado por temor a represalias. La indignación también es compartida por defensores de derechos humanos. “El comunicado, al llamarlos delincuentes y criminales, es una demostración de que son operadores políticos que están a la caza de lo que ellos consideran enemigos”, apuntó el abogado Gonzalo Carrión, exiliado en Costa Rica.

El martes se retoman los juicios a opositores presos, tras una suspensión de tres meses ante una supuesta “saturación” de los tribunales. En total, serán 47 detenidos los que enfrenten procesos: los 36 de El Chipote, más otros 11 que están bajo arresto domiciliario. Los procesos se producen en un momento de máxima desesperación para sus seres queridos: denunciaron que los reos de conciencia atraviesan una delicada situación de salud; pérdida de peso, shock emocional y agudización de enfermedades crónicas debido a los malos tratos que sufren en El Chipote, formalmente llamada Dirección de Auxilio Judicial (DAJ). Los familiares pidieron la semana pasada a “los gobernantes, fuerzas vivas de la nación y a la Iglesia católica” encabezar “un proceso de unificación ciudadana”, con el fin de liberar a los 170 reos detenidos por razones políticas.

La reactivación de los juicios políticos también es precedida por el anuncio de los empresarios representados por el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), que expresó sus intenciones de sentarse con Ortega para la liberación de “tres amigos”, en referencia a los directivos de la patronal encarcelados a mediados de año. La hipotética instauración de un diálogo ha dividido incluso a los familiares de presos políticos, ya que unos consideran que Ortega lo usará para ganar legitimidad tras su reelección desconocida por la comunidad internacional. Entre ellos pesa el sentido de urgencia para liberar a los presos que sufren torturas.

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Cóctel de leyes represivas

En esta última etapa de represión emprendida a través de los tribunales, la Fiscalía ha recurrido a un cóctel de leyes aprobadas por el Parlamento de Ortega para acusar a los presos políticos. “Estas personas acusadas, estarán siendo juzgadas por haber violentado la Constitución Política, la Ley No. 1055, la Ley de Seguridad Soberana y el Código Penal de la República de Nicaragua. Estarán siendo procesadas por cometer menoscabo a la integridad nacional, por haber recibido recursos de fuentes extranjeras para cometer los delitos de lavado de dinero, bienes y activos”, dice el comunicado.

Según el abogado de derechos humanos Carrión, la Fiscalía aplica a cada reo de conciencia dos leyes combinadas para ver “de qué manera logran una fachada de legalidad”, en medio de procesos carentes de debido proceso. Los acusados no han tenido acceso a una tutela efectiva y sus casas ni siquiera figuran en el sistema del Poder Judicial. “Como defensores de derechos humanos hemos insistido que estos combos de leyes son acciones regresivas para los derechos humanos”, afirmó Carrión.

El jurista resaltó que el comunicado de la Fiscalía, al mencionar supuestos delitos de 2018 durante las protestas sociales que policías y paramilitares sandinistas reprimieron con disparos letales, viola la misma Ley de Amnistía que Ortega dictó en 2019. “Retrotraer los hechos de 2018 en principio implica culparlos por todo lo que pasó. Además, son hechos que están amnistiados”, recalcó por su parte el abogado Juan Diego Barberana, también integrante de la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB). El caso más claro de los “amnistiados” son los líderes campesinos Medardo Mairena, Freddy Navas y Pedro Mena, que, antes de esa amnistía, en 2019, recibieron una sentencia de más de 200 años de prisión por “terrorismo”. Hoy están nuevamente acusados de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional”.

“Podemos observar que hay una coordinación entre el Ministerio Público y el Poder Judicial. Es una institución que ya no tiene ningún tipo de independencia, al igual que el Poder Judicial y que están obedeciendo al Poder Ejecutivo, al régimen Ortega Murillo”, sostuvo Barberena.

Carrión dijo que la Fiscalía también viola el principio de objetividad al tildar de “criminales” a los detenidos antes de la realización del juicio. De hecho, el régimen eliminó la presunción de inocencia al reformar el Código Penal en febrero de 2021 y alargó los plazos de investigación y detención a 90 días, sin que hubiese una causa abierta. Para los abogados, resulta la mejor imagen de un sistema judicial sometido y diseñado a la medida para criminalizar a todo aquel que en la Nicaragua gobernada por Ortega y su esposa, Rosario Murillo, piense diferente.

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