Un grupo de eurodiputados reclama observadores de la OSCE en las elecciones de Hungría

Más de 60 eurodiputados de todo el arco parlamentario y originarios de 19 países de la Unión Europea han reclamado esta semana a la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) que lleve a cabo una misión de observación electoral “a gran escala” en las elecciones parlamentarias del próximo 3 de abril en Hungría. “Todos compartimos la preocupación de que las elecciones no se celebren con los más altos estándares democráticos”, afirman los europarlamentarios en la misiva, cuyo texto ha colgado en redes sociales el alemán Daniel Freund, del grupo de Los Verdes, uno de sus impulsores.

El documento, firmado el pasado martes por 62 europarlamentarios, va dirigido a Matteo Mecacci, director de la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos (OIDDH), encargada de la observación electoral en los Estados participantes de la OSCE y de evaluar “en qué medida las elecciones respetan las libertades fundamentales y se caracterizan por la igualdad, la universalidad, el pluralismo político, la confianza, la transparencia y la responsabilidad”, según la página web de este organismo. La OIDDH tiene 30 años de experiencia atestiguando procesos, tal y como recoge su manual de observación electoral.

La misiva recuerda que una misión “limitada” de la OSCE presente en los comicios de 2018 ya encontró irregularidades y estima que la deriva húngara de los últimos años “hace crucial seguir todos los aspectos clave” de las elecciones en esta ocasión. La iniciativa llega en un momento en el que Bruselas multiplica sus roces y enfrentamientos con Budapest ante el creciente giro iliberal del Gobierno de Viktor Orbán, con batallas que van desde el creciente acoso institucional al colectivo LGTBI al tira y afloja a cuenta del plan de recuperación húngaro, uno de los pocos que Bruselas aún no aprobado —y no tiene intención de hacerlo hasta que Hungría no ofrezca mayores garantías en la lucha contra la corrupción y el respeto a la independencia judicial—.

El informe de la OSCE sobre las elecciones de 2018, citado en la carta, concluyó que “los derechos y libertades fundamentales fueron respetados en general, pero se ejercieron en un clima adverso”. Y la misiva, tomando como referencia este documento, dispara un arsenal contra Hungría: “La retórica intimidatoria de la campaña limitó el espacio para el debate serio y disminuyó la capacidad de los votantes para elegir con conocimiento de causa [...] el gasto excesivo del Gobierno en campañas de información pública ‘comprometió significativamente la capacidad de los contendientes para competir en igualdad de condiciones’. Además, se atestiguó una ‘falta general de transparencia’ y una cobertura mediática ‘muy polarizada y carente de análisis crítico”.

La situación, aseveran los eurodiputados, se ha tornado aún más oscura de cara a los próximos comicios a la Asamblea Nacional, de la que saldrá elegido el próximo primer ministro. “En el período previo a las elecciones de este año, hemos observado nuevos acontecimientos muy preocupantes”, explican citando el dictamen conjunto de la Comisión de Venecia y la propia OIDDH sobre las últimas modificaciones de la legislación electoral húngara “adoptadas en 2020 durante el estado de emergencia, sin consulta pública”.

Denuncia una enmienda que impone nuevas restricciones a las candidaturas para la circunscripción nacional, cuyo principal efecto es “favorecer” a quienes ya ostentan un cargo y censura una última revisión de las normas de empadronamiento (de noviembre de 2021) que “facilita el registro de direcciones ficticias”, por lo que “se teme que el partido gobernante la utilice para aumentar su base de votantes en regiones especialmente disputadas”.

Los eurodiputados reclaman una misión de observación electoral “a gran escala” que supervise innumerables aspectos del proceso: “El marco legislativo, la inscripción de los candidatos y de los votantes”, enumera la carta, “la campaña, el papel de los medios de comunicación (incluida la supervisión exhaustiva de los medios), la administración electoral, la resolución de conflictos electorales, la participación de las mujeres y de las minorías nacionales, y el proceso de votación, recuento y tabulación el día de las elecciones, así como las reclamaciones y los recursos posteriores a las elecciones”.

“La red de [el financiero y filántropo George Soros] en el Parlamento Europeo está preocupada por la imparcialidad de las próximas elecciones húngaras del 3 de abril. Y los recibiremos con los brazos abiertos”, ha reaccionado a la carta con las habituales invectivas del Ejecutivo húngaro Zoltan Kovacs, su portavoz. “Es bastante innecesario”, ha criticado a través de una entrada en su blog, “ya que las elecciones húngaras son tan libres y justas como cualquier otra elección en la Unión Europea. Y, por cierto, es una cuestión de rutina que tengamos observadores electorales”. Kovacs asegura que se trata de una carta destinada a aupar en las elecciones a la oposición y cuya redacción ha sido liderada por la “izquierda proinmigración” y la “orquesta de Soros”, objetivo habitual de las teorías conspirativas del Ejecutivo de Orbán.

La oposición húngara concurre a las elecciones de abril con una heterogénea y casi antinatural coalición de seis partidos de todo el espectro político, capitaneada por un candidato con poca experiencia, Péter Márki-Zay, un político independiente que se define como conservador católico y padre de siete hijos. La ley electoral que modificó el Gobierno de Orbán en 2011 favorece a los grandes partidos, como el ultranacionalista Fidesz del actual primer ministro, y penaliza a la atomizada oposición. Con el nuevo bloque —casi muro de contención— los seis partidos pretenden desbancarlo del poder usando sus propias armas.

“Los ataques de Viktor Orbán al Estado de derecho son bien conocidos: deterioro de la independencia judicial, persecución de las personas LGTBI, retroceso en los derechos de las mujeres, xenofobia institucionalizada, ataques a la libertad de prensa...”, asegura la eurodiputada de Podemos María Eugenia Rodríguez Palop, del grupo de La Izquierda, una de las firmantes de la carta. “Hay motivos para pensar que tanto la libertad de prensa como otras garantías democráticas están muy deterioradas de cara a las próximas elecciones”.

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