La junta militar birmana condena a Aung San Suu Kyi a otros cuatro años de prisión

Un tribunal militar de Naipyidó, la capital birmana, ha condenado este lunes a Aung San Suu Kyi a cuatro años de prisión por posesión ilegal de varios dispositivos de telecomunicaciones y por vulnerar las medidas contra la pandemia.

La líder de facto del Gobierno que depusieron los militares en febrero de 2021 y premio Nobel de la Paz, que ya cumple desde principios de diciembre una sentencia de dos años por incitación a la violencia y quebrantamiento de las leyes anticovid, ha sido hallada culpable de violar la Ley de Exportación e Importación y la ley de telecomunicaciones por tener sin licencia varios walkie-talkies y un inhibidor de señales.

La Policía encontró dichos dispositivos portátiles en el registro de su domicilio, cuando la detuvo tras el golpe de Estado perpetrado por el Tatmadaw, el Ejército birmano. Sus abogados han argumentado que los equipos no forman parte de sus pertenencias personales y que se utilizaban de manera legítima para garantizar su seguridad. Según fuentes cercanas al caso, las dos penas se cumplirán de manera simultánea, por lo que terminarían reducidas a dos años.

En otro juicio, también celebrado este lunes, La Dama ―como también se la conoce― ha sido sentenciada a otros dos años en prisión por saltarse las medidas contra la pandemia durante la campaña electoral.

Varias asociaciones de derechos humanos consideran que los veredictos contra Suu Kyi ―acusada en total de once delitos que le podrían suponer más de un siglo entre rejas― no son más que un intento de apartarla de la política.

Las dos penas se suman a las condenas del pasado 6 de diciembre por incitación a las protestas y por infringir los protocolos para frenar la expansión de la covid-19. En un primer momento, el juez dictaminó que debería cumplir cuatro años de cárcel, pero horas más tarde la televisión estatal anunció que se reducían a dos por un indulto parcial concedido por el jefe de la junta militar golpista, Min Aung Hlaing.

Suu Kyi, de 76 años, había permanecido en arresto domiciliario desde la asonada. Sin embargo, a las últimas audiencias judiciales ha asistido vestida con una camiseta blanca y una falda marrón, el uniforme de las presas del país. Se desconoce dónde cumple condena desde diciembre. En los 11 meses que han transcurrido desde su detención, el número de delitos de los que se le acusa no ha hecho más que aumentar, hasta alcanzar los 11. Entre ellos está el de corrupción –que conlleva una pena máxima de 15 años– y el de incumplir la ley de secretos oficiales de la era colonial, penado con hasta 14 años de prisión. De ser declarada culpable de todos, podría ser condenada a hasta 104 años de prisión.

A puerta cerrada

Todos los juicios se están celebrando a puerta cerrada y sin testigos. Las autoridades birmanas decretaron en octubre el secreto de sumario, por lo que sus abogados tienen prohibido conceder entrevistas. A pesar de la presión internacional, la junta militar no ha permitido que nadie se reúna con ella en todo este tiempo.

Varias organizaciones defensoras de derechos humanos han criticado los fallos de este lunes. Amnistía Internacional ha expresado en su cuenta de Twitter que las nuevas condenas son “la última actuación de un juicio que resulta una completa farsa”, mientras que Phil Robertson, vicedirector para Asia de Human Rights Watch, ha emitido un comunicado en el que sostiene que “el circo de la junta de Myanmar, en el que los procesos judiciales de los cargos inventados se tramitan en secreto, tiene como objetivo acumular más condenas contra Aung San Suu Kyi para que permanezca en prisión de manera indefinida. Es evidente que el general Min Aung Hlaing y los otros líderes militares continúan viéndola como una amenaza política que debe ser neutralizada”.

“Una vez más, Aung San Suu Kyi se ha convertido en un símbolo de lo que le está pasado a su país y vuelve a desempeñar el papel de rehén político de los militares, determinados a mantenerse en el poder mediante la intimidación y la violencia”, agrega Robertson. La Nobel de la Paz de 1991 ya pasó casi 15 años en prisión entre 1989 y 2010, por liderar el movimiento contra la dictadura militar que gobernó la antigua Birmania durante medio siglo (1962-2011).

El Tatmadaw justifica el golpe de Estado del pasado febrero por el presunto fraude electoral durante los comicios de noviembre de 2020, en los que arrasó la Liga Nacional para la Democracia, el partido de Suu Kyi, tal y como había hecho en las elecciones generales de 2015. Después de que los militares tomaran el poder, miles de personas salieron a las calles del país a modo de protesta. A pesar de que las manifestaciones pacíficas han continuado, en medio de la dura represión ejercida por las fuerzas de seguridad, también ha aumentado la resistencia armada, hasta el punto de que analistas internacionales advierten de que podría estallar una guerra civil. Según los datos compilados por la Asociación de Asistencia a Presos Políticos, más de 1.400 personas han perdido la vida a manos del Ejército.

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