Aung San Suu Kyi, condenada a dos años de cárcel por incitar a la violencia y saltarse las medidas anticovid

Muchos anticiparon que se trataría de una burda farsa, otros, en términos más diplomáticos, mostraron su escepticismo sobre un juicio que tendría lugar con la junta militar en el poder en Myanmar, pero lo cierto es que los peores presagios se han confirmado para Aung San Suu Kyi, quien acaba de sufrir su primera derrota. La líder de facto del Gobierno depuesto por el Ejército el 1 de febrero ha sido condenada este lunes a dos años de cárcel por incitar a la violencia e incumplir las medidas para contener la pandemia de covid-19. En un primer momento, Suu Kyi había sido sentenciada por un tribunal birmano a cuatro años de prisión, pero horas más tarde la televisión estatal ha anunciado que su condena se reducía a dos por un indulto parcial concedido por el jefe de la junta militar golpista. En los 10 meses que han pasado desde su detención, el número de delitos en contra de la premio Nobel de la Paz no ha hecho más que aumentar: actualmente está acusada de un total de 11, que podrían acarrearle una pena conjunta de 104 años entre rejas.

El tribunal Zabuthiri de la capital, Naipyidó, ha condenado a Suu Kyi por dos cargos. El primero, por incitación a las protestas, a raíz de un comunicado publicado por su partido cuando ella ya había sido detenida, en el que se pedía la oposición pública al golpe de Estado. El segundo, por violar la sección 25 de la Ley de Gestión de Catástrofes e infringir los protocolos activados para frenar la pandemia durante la campaña electoral de las elecciones de 2020, a pesar de que llevaba mascarilla y protección facial.

El expresidente Win Myint, aliado de Suu Kyi en su partido, la Liga Nacional para la Democracia (NLD, por sus siglas en inglés), ha sido condenado a cuatro años de cárcel por los mismos delitos. Según el portal de noticias Myanmar Now, el exalcalde de Naipyidó, Myo Aung, ha sido sentenciado a una pena de dos años de prisión por incitación a la violencia.

Suu Kyi, conocida como La Dama, está también acusada de varios delitos de corrupción ―cada uno de los cuales acarrea una pena máxima de 15 años en prisión―, importación y posesión ilegal de walkie talkies, e infringir la ley de secretos oficiales ―penado con hasta 14 años de cárcel―. De ser declarada culpable, la exlíder birmana, de 76 años, podría enfrentar una pena conjunta de más de un siglo entre rejas. Sus abogados niegan todos los cargos y reiteran que se trata de una estratagema del Ejército (el Tatmadaw) para apartarla de la política.

La premio Nobel de la Paz de 1991 ―quien ya pasó casi 15 años en prisión entre 1989 y 2010 por liderar el movimiento contra la dictadura militar que gobernó el país durante medio siglo (1962-2011)― ha estado en arresto domiciliario desde la asonada y, por el momento, se desconoce si será trasladada a prisión. Al enviado especial de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN, por sus siglas en inglés), encargado de buscar una vía diplomática para resolver la crisis, se le negó en octubre el permiso para visitarla. En respuesta, Min Aung Hlaing, jefe de la junta militar, tiene prohibido asistir a las reuniones de la organización.

Todos los juicios se están celebrando a puerta cerrada y sin testigos, y las autoridades birmanas han decretado el secreto de sumario, por lo que los abogados de Suu Kyi tienen prohibido conceder entrevistas.

Tras conocer la sentencia, la organización pro derechos humanos Amnistía Internacional ha tachado de “falsas” las acusaciones y ha expresado en un comunicado que el veredicto es “el último ejemplo de la determinación que tiene la junta militar de eliminar cualquier tipo de oposición y asfixiar las libertades de Myanmar”. Analistas internacionales consideran que se trata de un montaje legal del Tatmadaw para eliminar la amenaza que supondría que Suu Kyi y su partido se presentaran a las elecciones de 2023.

La sentencia contra la exlíder llega, además, un día después de que las fuerzas de seguridad de la antigua Birmania reprimiesen con dureza una protesta en Rangún, la ciudad más grande del país. De acuerdo con Myanmar Now, un vehículo del Ejército arrolló a los manifestantes, dejando al menos cinco muertos. Según un comunicado emitido por los militares (en el que no se menciona ninguna muerte ni el presunto vehículo que atropelló a los civiles), 11 manifestantes fueron arrestados y, de ellos, dos hombres y una mujer resultaron heridos.

La oficina de Naciones Unidas para Myanmar ha condenado el incidente y criticado el “ataque contra un alto número de civiles desarmados”. Añade que “un vehículo que pertenecía a las fuerzas de seguridad embistió a los manifestantes, a quienes más tarde se les disparó con munición activa, provocando lesiones y la muerte de decenas personas”. Según la Asociación de Asistencia a Presos Políticos, más de 10.600 personas han sido detenidas en las movilizaciones sociales que han tenido lugar desde febrero, y más de 1.300 han sido asesinadas.

La junta militar en el poder continúa con dificultades para imponer el orden en la nación, 10 meses después del golpe de Estado. El Consejo Especial de Asesoría para Myanmar (Special Advisory Council for Myanmar) denuncia que los sistemas educativo y sanitario han colapsado, la economía no consigue recuperarse y las tasas de pobreza se han disparado. Desde esta organización advierten que el Tatmadaw está bloqueando el acceso a los alimentos y suministros médicos en muchas comunidades, lo que está llevando a la población al borde de la inanición.

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