Un juicio traducido al quechua para las víctimas de Fujimori

Para Abel Anccalle, su trabajo es su manera de luchar contra la discriminación. Para Rocío Cjuiro, una forma de evitar que la historia de su familia se repita, después de que su madre perdiera un juicio y cayera en la pobreza por no tener traductor. Desde el 11 de enero, ellos dos y Nely Huayta traducen al quechua las sesiones judiciales a las víctimas de esterilizaciones forzadas del Gobierno de Alberto Fujimori. Según cientos de pruebas aceptadas por el juez, la mayoría de víctimas quechua-hablantes no recibieron información en su lengua sobre la esterilización, ni la consintieron, o las amenazaron con dar parte a la policía si no la aceptaban.

Este sábado, el magistrado Rafael Martínez anunciará si abre una investigación judicial contra el expresidente Fujimori por los delitos cometidos contra 1.307 mujeres y varones y las graves violaciones a los derechos humanos por la política de planificación familiar de su Gobierno, en la segunda mitad de los 90. En muchos casos, la ligadura de trompas a mujeres en pobreza provocó lesiones graves o la muerte. La abogada María Ysabel Cedano asegura que se realizaron unas 180.000 ligaduras y vasectomías en ese período sin respetar los estándares internacionales de derechos reproductivos.

El juicio actual comenzó en 2018, después de que los anteriores fiscales archivaran la investigación contra el expresidente y los tres ex altos cargos. En las sesiones en línea que se celebran ahora, los tres intérpretes se aseguran de que las denunciantes entiendan el proceso judicial. El juez Martínez empezó a leer la resolución del caso el pasado mes de septiembre y cada diez o 15 minutos hace una pausa para ceder la palabra a los intérpretes del quechua en su variante Cusco-Collao, hablada en las localidades donde vive una gran cantidad de víctimas.

El Ministerio de Cultura reconoce 14 variantes de quechua en Perú y desde 2012 ha formado 239 intérpretes y traductores quechua, que en su mayoría se especializan en justicia. Por ley, las entidades públicas deben contratar a los profesionales inscritos en el registro nacional de traductores e intérpretes de lenguas indígenas. Cjuiro, Anccalle y Huayta forman parte de él.

Anccalle se conecta a las audiencias desde la comunidad campesina Santa Cruz de Sallac, provincia de Quispicanchis, a más de 3.500 metros sobre el nivel del mar, en la región Cusco. Tiene 29 años y se formó en Comercio exterior en Lima con una beca del Estado, pero en un momento de poca demanda laboral en su campo reorientó su trabajo hacia su lengua materna. “Yo sabía quechua pero no la gramática. Una vez vi una convocatoria que buscaba a un quechua-hablante nativo que supiera escribir. Fue para un proyecto universitario de una especie de Google Translate en quechua, pasé horas y horas redactando audios de diferentes variedades de esa lengua”, comenta por teléfono. Anccalle explica que fue durante su formación cuando comprendió la importancia de que en su país hubiera tantas lenguas originarias y que un intérprete podía ser un agente de cooperación y conexión.

En cada sesión, el traductor se coloca sobre los hombros una prenda colorida -tejida a mano- y un gorro con pompones llamado wiriti. “Significa mis ancestros, mis raíces, mi lengua, mi origen. Con los conocimientos del quechua y mi cultura es una forma de decir que tengo presente a mis padres, que conservaron lo que antes ha sido ninguneado, como que no servía ni valía”, asegura. Para el intérprete, que se incorporó en abril a la audiencia judicial sobre las esterilizaciones forzadas, este es uno de sus trabajos más importantes hasta la fecha.

“Se trata de buscar justicia a años de discriminación y de pisotear derechos. Este trabajo es una forma de reivindicar la vida de los que pasaron este sufrimiento porque por no tener la lengua (español) no les consultaron. A mujeres que solo sabían quechua a veces les cogían la huella digital y les daban alimentos a cambio de que se dejasen operar”, explica.

Rocío Cjuiro, de 33 años, se formó inicialmente como guía oficial de turismo y reside en Chinchero, en la región Cusco. Es la intérprete con más experiencia en justicia intercultural, y anota en un bloc mientras escucha al magistrado. Es madre de un bebé de poco más de un año, a quien a veces se le escucha llorar cuando la audiencia judicial se extiende por varias horas.

La dureza de los testimonios y pruebas que ha escuchado en estos meses sobre las formas en que el personal de salud obligó a las mujeres a la ligadura de trompas la ha llevado a buscar apoyo psicológico por su cuenta, cuenta por teléfono. Pese a su experiencia como intérprete en litigios, este proceso judicial la ha tocado personalmente. “Fue tan doloroso recordar mi pasado”, relata. Cuando tenía siete años, su papá, que había estudiado la secundaria, murió en un accidente. Ella era la segunda de cuatro hermanos y su mamá, de 33 años y quechua-hablante, quería buscar justicia a la muerte temprana de su esposo.

En ese tiempo, Cjuiro estudiaba segundo de primaria en quechua. Pero de un día para otro la enseñanza cambió y otra profesora empezó a dar clase en español. “Nos castigaba, a reventonazos, a fuetazos en la mano aprendí castellano. Un día mi mamá me llevó al juzgado. Lloraba porque solo hablaba quechua. Tuve que describir el accidente para el abogado y el fiscal: no recuerdo qué habré traducido, quizá entre castellano y quechua habrá sido”, recuerda. Su testimonio no sirvió.

La madre de Cjuiro también pudo haber sido una más de las víctimas de esterilizaciones forzadas. “Felizmente no lo hicieron porque era viuda. Ella les dijo (a las enfermeras): ‘No me van a aumentar hijos porque mi familia es sagrada’. No aceptó nunca ese tipo de intervención”, comenta. La intérprete asegura que cuando escucha las historias de las mujeres le duele el alma: “Se siente en el útero todo lo que se habla”.

En un trabajo anterior, fue intérprete para el Ministerio de Justicia en el registro de víctimas de esterilizaciones forzadas. “Allí tuve la oportunidad de ver en pleno campo esas heridas grandes. Un día en Paucartambo, una señora tenía un ombligo que había crecido como una bola. Su hijo decía que quería ser parte del Ejército, pero no podía ir porque su madre no tenía cómo sostenerse ni para su comida. ¡Quién habrá mandado hacer ese tipo de trabajo!”, cuestiona entre lágrimas.

Los términos ‘esterilizaciones forzadas’ o ‘anticoncepción quirúrgica voluntaria’ -como llamó el Gobierno de Fujimori al método que usó para contrarrestar la pobreza en los años 90- no tienen equivalente en quechua. Los traductores los mencionan siempre en español. “He terminado, wiracocha juez”, dice Anccalle cada vez que concluye su interpretación. Wiracocha es la palabra para expresar respeto y formalidad.

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